El COVID persistente (también denominado Long COVID) sigue representando uno de los principales legados de la pandemia, con importantes repercusiones para la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas afectadas, así como un elevado coste para los sistemas sanitarios y las economías. Aunque su prevalencia ha disminuido desde el pico registrado en 2021, se prevé que continuará afectando a entre el 0,6% y el 1% de la población de los países de la OCDE y de la Unión Europea durante la próxima década. Incluso bajo escenarios conservadores, los costes sanitarios directos se situarán en torno a los 11.000 millones de dólares anuales, mientras que las pérdidas económicas derivadas de la reducción de la participación laboral y de la productividad podrían alcanzar los 135.000 millones de dólares al año, equivalentes al 0,1-0,2% del PIB de estos países.
Así lo pone de manifiesto el informe Addressing the Costs and Care for Long COVID: The Long Shadow of the Pandemic, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con apoyo de la Comisión Europea. El documento analiza la carga sanitaria, social y económica del COVID persistente en los países de la OCDE y la Unión Europea, revisa las políticas desarrolladas para su reconocimiento, diagnóstico y atención, y plantea diversas líneas de actuación para mejorar la respuesta de los sistemas sanitarios y sociales ante esta condición.
Una enfermedad compleja que puede afectar a prácticamente todos los órganos del cuerpo.
El informe recuerda que el COVID persistente constituye un síndrome postinfeccioso caracterizado por la persistencia o la aparición de nuevos síntomas tres meses después de la infección inicial por SARS-CoV-2, que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Aunque sus mecanismos biológicos todavía no se conocen completamente, la evidencia disponible apunta a que se trata de una enfermedad inflamatoria e inmunomediada, posiblemente relacionada con la persistencia del virus.
La OCDE señala que no se trata de una única enfermedad, sino de un conjunto de subtipos con mecanismos biológicos y factores de riesgo potencialmente diferentes. Esta condición puede afectar prácticamente a todos los sistemas del organismo —entre ellos, el cardiovascular, nervioso, endocrino, inmunitario, reproductor y gastrointestinal— y cursa con una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Entre los síntomas más frecuentes destacan la fatiga, la disautonomía, el malestar tras el esfuerzo y la disfunción cognitiva, conocida habitualmente como brain fog o «niebla mental«.
Según recoge el informe, el riesgo de desarrollar COVID persistente entre las personas con infección confirmada por SARS-CoV-2 se sitúa entre el 5% y el 15%, dependiendo de factores como la edad, el sexo, el estado previo de salud, la vacunación o la gravedad de la infección. Aunque este riesgo ha disminuido con las variantes más recientes del virus, la OCDE estima que entre un 3% y un 8% de la población adulta continúa conviviendo con esta enfermedad, lo que la convierte en un importante desafío para los sistemas sanitarios y las economías.
Un importante deterioro del bienestar, la calidad de vida y la salud mental.
Más allá de sus consecuencias físicas, el documento destaca el profundo impacto que el COVID persistente ejerce sobre el bienestar y la vida cotidiana de las personas afectadas. Muchas experimentan importantes limitaciones para trabajar, participar en actividades sociales, cuidar de otras personas o mantener su implicación en la vida comunitaria.
De acuerdo con la evidencia revisada por la OCDE, más de tres cuartas partes de las personas con COVID persistente refieren un impacto moderado o grave sobre su calidad de vida. A ello contribuyen tanto los síntomas físicos como los cognitivos, que pueden alterar profundamente la percepción de la propia identidad y del funcionamiento cotidiano. El informe añade que el estigma y la falta de credibilidad con la que algunas personas se encuentran, incluso por parte de determinados profesionales sanitarios, agravan el malestar psicológico y favorecen el aislamiento social.
La organización advierte, asimismo, de que la infección por SARS-CoV-2 también se asocia con un incremento de la carga de enfermedades no transmisibles, entre ellas, patologías cardiovasculares y diabetes, lo que añade presión a unos sistemas sanitarios que ya deben responder a las necesidades asistenciales específicas derivadas del COVID persistente.
El impacto económico va mucho más allá del gasto sanitario.
El informe subraya que el coste económico del COVID persistente no se limita al incremento del gasto sanitario. Los efectos de la enfermedad se extienden al mercado laboral, los ingresos familiares y las finanzas públicas, debido a la reducción de la participación laboral, las interrupciones del empleo y la pérdida de productividad.
La revisión de la literatura científica realizada por la OCDE muestra resultados consistentes entre distintos países: las personas con COVID persistente presentan una mayor probabilidad de abandonar temporal o permanentemente el mercado laboral, reducir su jornada de trabajo o experimentar limitaciones funcionales prolongadas que afectan a su capacidad para desempeñar su actividad profesional.
Los estudios revisados indican que, aproximadamente, uno de cada cinco trabajadores/as afectados/as experimenta interrupciones en su empleo como consecuencia del COVID persistente, lo que equivale a una pérdida de entre el 5% y el 10% de la aportación laboral de cada persona afectada durante el primer año tras la infección. A ello se suman el absentismo, el presentismo —esto es, acudir al trabajo con un rendimiento reducido debido a la enfermedad— y, en muchos casos, la salida definitiva del mercado laboral.
El informe llama también la atención sobre un aspecto frecuentemente infravalorado: las pérdidas de productividad relacionadas con el trabajo no remunerado. El COVID persistente limita igualmente la realización de tareas domésticas, de cuidados y de participación comunitaria, un impacto que rara vez se refleja en las estadísticas laborales, pero que incrementa considerablemente el coste social de la enfermedad. Asimismo, señala que el presentismo representa una parte importante de estas pérdidas de productividad y suele quedar fuera de los registros administrativos, por lo que la carga económica real del COVID persistente probablemente esté infravalorada.
Un coste sanitario y económico que continuará durante la próxima década.
Según las estimaciones recogidas por la OCDE, alrededor de 75 millones de personas, equivalentes a más del 5% de la población de los países de la OCDE y de la Unión Europea, padecieron COVID persistente en 2021. Solo ese año, los costes sanitarios directos asociados a esta enfermedad alcanzaron aproximadamente 53.000 millones de dólares, mientras que las pérdidas derivadas de la disminución de la participación laboral y de la productividad se estimaron en torno a 680.000 millones de dólares. No obstante, el informe señala que estos costes se concentraron en los primeros años de la pandemia, cuando la incidencia de la enfermedad fue mucho mayor.
De cara al futuro, la organización prevé que la prevalencia del COVID persistente se estabilice entre el 0,6% y el 1% de la población durante el periodo 2025-2035. Incluso bajo este escenario, los costes sanitarios directos seguirán situándose alrededor de 11.000 millones de dólares anuales, mientras que las pérdidas económicas ocasionadas por la reducción del empleo y de la productividad alcanzarán aproximadamente 135.000 millones de dólares cada año, una cantidad equivalente al 0,1-0,2% del PIB conjunto de los países de la OCDE y la Unión Europea y comparable al presupuesto sanitario anual de países como España o los Países Bajos. La OCDE advierte de que estas estimaciones probablemente sean conservadoras, ya que no incluyen todos los costes indirectos ni el impacto del trabajo no remunerado.
El COVID persistente también afecta a niños, niñas y adolescentes.
Aunque el COVID persistente es más frecuente en personas adultas, el informe señala que también puede aparecer en niños, niñas y adolescentes, si bien la evidencia científica disponible sobre su prevalencia, evolución y tratamiento continúa siendo limitada.
La organización subraya que el reconocimiento de esta condición en la población infantil resulta especialmente complejo debido a la variabilidad de los síntomas, las dificultades diagnósticas y la ausencia de biomarcadores específicos. Entre las manifestaciones descritas se encuentran la fatiga, las dificultades cognitivas, los trastornos del sueño, las cefaleas y otros síntomas que pueden interferir en la asistencia escolar, el aprendizaje y la vida cotidiana. Asimismo, el documento menciona que algunos países han desarrollado orientaciones específicas para el manejo del COVID persistente pediátrico y recoge, entre las afecciones que pueden requerir evaluación diferencial, el síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo (PANS), junto con otros trastornos complejos que pueden compartir determinadas manifestaciones clínicas.
Una enfermedad con importantes repercusiones psicológicas y cognitivas.
El informe dedica una atención especial a las consecuencias psicológicas y neurocognitivas del COVID persistente. La OCDE recuerda que las dificultades de memoria, atención, concentración y velocidad de procesamiento constituyen algunas de las manifestaciones más incapacitantes de la enfermedad y pueden persistir durante largos periodos de tiempo, afectando significativamente al funcionamiento laboral, educativo y social.
Asimismo, el documento recoge que las personas con COVID persistente presentan con mayor frecuencia problemas de ansiedad, trastornos depresivos y otros síntomas psicológicos, aunque señala que estos pueden obedecer a múltiples mecanismos, incluyendo los efectos biológicos de la infección, la persistencia de los síntomas físicos, las limitaciones funcionales, la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad y el impacto social y económico asociado.
La OCDE añade que, en algunos países, el reconocimiento insuficiente del COVID persistente y las dificultades para acceder a un diagnóstico o a una atención adecuada han contribuido a incrementar la carga psicológica de las personas afectadas. En este sentido, destaca la importancia de mejorar el reconocimiento clínico de la enfermedad, favorecer una atención coordinada y multidisciplinar y ofrecer información clara tanto a profesionales sanitarios como a pacientes.
Avances desiguales en el reconocimiento y la atención.
El informe pone de manifiesto que, aunque la mayoría de los países de la OCDE han desarrollado alguna estrategia para abordar el COVID persistente, persisten importantes diferencias en cuanto al reconocimiento oficial de la enfermedad, la organización de los servicios asistenciales, la disponibilidad de clínicas especializadas y el acceso a prestaciones sociales o laborales.
Entre las principales dificultades identificadas figuran la ausencia de pruebas diagnósticas específicas, la variabilidad clínica de la enfermedad, la escasez de profesionales con formación específica y la limitada coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y laborales. La organización considera prioritario mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica, reforzar la investigación sobre las causas y los tratamientos del COVID persistente, incorporar esta enfermedad a los sistemas de información sanitaria y facilitar el acceso de las personas afectadas a una atención integral adaptada a sus necesidades.
Asimismo, la OCDE recomienda promover políticas que faciliten el mantenimiento o la reincorporación al empleo mediante adaptaciones del puesto de trabajo y otras medidas de apoyo, con el fin de reducir tanto el impacto sobre las personas afectadas como las pérdidas económicas derivadas de esta enfermedad.
En conjunto, el informe concluye que el COVID persistente constituye un problema de salud pública que seguirá generando una importante carga sanitaria, social y económica durante los próximos años. A juicio de la OCDE, responder eficazmente a este desafío requerirá mejorar el reconocimiento de la enfermedad, fortalecer la investigación, desarrollar modelos de atención coordinados y adoptar políticas que permitan minimizar sus efectos sobre la salud, la calidad de vida, la participación laboral y el bienestar de millones de personas.
Fuente.
OECD (2026), Addressing the Costs and Care for Long COVID: The Long Shadow of the Pandemic, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/87a0c171-en