“Hasta el 25% de la productividad de una empresa puede perderse debido a los problemas de salud mental de sus trabajadores/as”. Esta es una de las estimaciones recogidas en la “Hoja de ruta sobre salud mental y trabajo”, un exhaustivo informe técnico publicado por el Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la Dirección General de Salud Pública y Equidad, y un equipo multidisciplinar de profesionales en salud mental, epidemiología, salud laboral y políticas públicas. También han contribuido sociedades científicas de salud mental y de atención primaria, así como organizaciones sindicales.
La colaboración de estas entidades y profesionales ha permitido articular una propuesta integral y basada en la evidencia, para prevenir, detectar y atender los problemas de salud mental relacionados con el trabajo.
Desde un enfoque estructural, el documento reconoce que el trabajo puede ser fuente de bienestar, sentido y pertenencia cuando se desarrolla en condiciones dignas, pero que también puede convertirse en una causa directa de sufrimiento psicológico cuando está mediado por precariedad, sobrecarga o violencia institucional. Bajo esta premisa, el Ministerio plantea medidas específicas para que administraciones, empresas, sindicatos y profesionales puedan intervenir de manera coordinada en la mejora de la salud psicológica de las personas trabajadoras.
La carga del sufrimiento laboral en datos
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden globalmente 12.000 millones de días de trabajo por problemas de salud mental relacionados con el entorno laboral, lo que se traduce en una pérdida de productividad estimada en 1 billón de euros anuales. En Europa, los trastornos relacionados con el estrés laboral representan más del 25% de las ausencias laborales prolongadas (EU-OSHA, 2024).
En España, en 2024 se iniciaron 643.861 procesos de incapacidad temporal por causas clasificadas como “trastornos mentales y del comportamiento”. Esa cifra supone el 9,33% del total de incapacidades temporales registradas (6.897.615). Según los datos de PRESME, en 2022 se podrían haber evitado, aproximadamente, 170.000 casos de depresión si la población precarizada (incluyendo la desempleada) hubiera tenido un empleo estable.
Las bajas por salud mental tienen una duración media de 108 días, siendo las terceras más largas, tras las originadas por tumores y enfermedades circulatorias. Las mujeres y las personas jóvenes de entre 16 y 35 años son quienes presentan más bajas por problemas de salud mental. Por sectores, los más afectados en 2024 fueron sanidad, servicios sociales, comercio, hostelería, industria manufacturera y educación.
Algunos estudios han señalado que si se eliminasen factores como la alta tensión laboral o la inseguridad, la prevalencia de depresión disminuiría entre un 8,63% y un 13,44% (Niedhammer et al., 2022).
Además, a estas cifras hay que sumar el impacto del presentismo: personas que, pese a presentar síntomas de ansiedad, depresión, insomnio u otros cuadros de malestar psicológico, acuden a su puesto de trabajo. Este fenómeno, silencioso y muchas veces invisibilizado, no solo merma la productividad, sino que prolonga el daño psicológico al impedir el descanso necesario, generar frustración y deteriorar las relaciones laborales.
Factores relacionados con el trabajo que impactan en la salud mental
El documento reconoce que cualquier manifestación clínica o problema de salud mental puede estar relacionada con el sufrimiento derivado del entorno laboral. Así, en contextos de alta exposición a factores psicológicos y sociales adversos, pueden presentarse reacciones adaptativas de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos adaptativos, adicción a sustancias o conductas disfuncionales, así como cuadros más graves como trastorno de estrés postraumático o psicosis.
Se diferencia entre trastornos que se originan en el ámbito laboral y aquellos que se agravan por estresores laborales. En ambos casos, el daño psicológico puede manifestarse como insomnio, ansiedad persistente, bajo estado de ánimo, consumo de psicotrópicos o afectación severa de la funcionalidad.
De acuerdo con el informe, hay una serie de factores psicológicos y sociales de riesgo que se relacionan con la aparición de estos problemas de salud mental, entre ellos, la excesiva carga de trabajo y exigencias emocionales; inseguridad laboral o económica; falta de autonomía y apoyo social, así como el acoso, injusticia organizativa y la violencia institucional.
Asimismo, destaca que muchos de estos cuadros permanecen invisibilizados o sin abordar desde su causa original, lo que prolonga el sufrimiento, genera frustración en los/as pacientes y dificulta la recuperación clínica. Esta situación puede derivar en procesos de incapacidad temporal innecesariamente largos y costosos, especialmente cuando no se actúa sobre las condiciones laborales que están en el origen del malestar.
La precariedad integral —una combinación de inestabilidad laboral, bajos ingresos y ausencia de protección social— impacta especialmente en mujeres, personas jóvenes, migrantes y grupos sociales vulnerables.
Un enfoque integral basado en los determinantes sociales de salud
Los autores del informe plantean la necesidad de superar una visión individualizada de los problemas de salud mental. No basta con enseñar a los empleados a «gestionar el estrés» o a ser «más resilientes». Es fundamental también centrarse en las causas estructurales, especialmente las derivadas de las condiciones de trabajo y empleo. En este sentido, defiende un enfoque que incorpore una perspectiva de justicia y de cuidados hacia la salud de la población trabajadora.
Se subraya la importancia de reconocer el papel de los determinantes sociales de la salud en el origen del malestar psicológico, lo que implica analizar no solo las condiciones laborales que pueden generar daño, sino también la responsabilidad del sistema sanitario una vez que ese daño se manifiesta en las consultas. De esta manera, el sistema sanitario se contempla como agente activo en la protección de la salud mental.
De igual modo, el informe señala la necesidad de actuar en distintos niveles, incluyendo la prevención primaria, secundaria y terciaria; el desarrollo de acciones formativas; la elaboración de otros documentos técnicos y la creación de mecanismos de coordinación entre administraciones, servicios de salud pública, atención primaria, salud laboral y el entorno comunitario, entre otras acciones.
Propuestas clínicas y organizativas
Dado lo anterior, en el plano clínico, el informe establece tres ejes de actuación:
- Evaluación sistemática de las condiciones laborales del paciente.
- Valoración de la sospecha de origen laboral del malestar.
- Registro en la historia clínica mediante códigos Z de la CIE, con consentimiento del/de la paciente.
También se alerta del riesgo de iatrogenia si se medicaliza el sufrimiento sin atender a su causa estructural. En su lugar, se propone la prescripción social, que permite activar recursos comunitarios, sindicales o jurídicos cuando el tratamiento no debe limitarse al ámbito clínico.
Un sistema de vigilancia y reconocimiento institucional
Actualmente, en España, los trastornos mentales no figuran en el listado oficial de enfermedades profesionales, lo que impide su reconocimiento administrativo y obstaculiza las estrategias preventivas. A pesar de que la OIT recomienda su inclusión (Recomendación 194), el Real Decreto 1299/2006 los excluye, y el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social no contempla referencias explícitas a estos trastornos. La consecuencia de esto es que los y las pacientes son atendidos/as en el sistema sanitario sin que sus cuadros sean notificados como relacionados con el trabajo, lo que perpetúa la invisibilidad del problema.
Para revertir esta situación, la hoja de ruta propone crear un sistema de vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales de origen laboral, articulado entre los servicios de salud pública, salud laboral y atención primaria. Esta medida no solo serviría para recoger datos y hacer visible la carga real del problema, sino también como mecanismo de reconocimiento institucional del sufrimiento laboral, ofreciendo así una base sólida para el diseño de políticas públicas.
Asimismo, destaca la urgencia de actualizar el cuadro oficial de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), que actualmente no contempla los trastornos mentales, a pesar de las recomendaciones de la OIT.
Implicaciones para empresas, mutuas, sindicatos y administraciones
La hoja de ruta incluye medidas específicas para cada actor:
- Administraciones públicas: implementar políticas de empleo con enfoque de salud mental, mejorar la coordinación interinstitucional, actualizar el marco normativo.
- Empresas: evaluar riesgos psicológicos y sociales, diseñar protocolos de intervención en crisis emocionales, ofrecer servicios de apoyo psicológico.
- Mutuas y servicios de prevención: detectar el presentismo, facilitar reincorporaciones laborales progresivas, adaptar puestos de trabajo.
- Sindicatos: negociar cláusulas de salud emocional, defender los derechos de quienes sufren trastornos relacionados con el trabajo.
Conclusión: cambiar el trabajo para cuidar la salud mental
La “Hoja de ruta sobre trabajo y salud mental” representa un cambio de enfoque institucional. Es clave hablar de salud mental considerando también el impacto del trabajo y del empleo en su configuración. No se puede seguir abordando el sufrimiento psicológico como una cuestión exclusivamente individual, desvinculada de condiciones estructurales como la precariedad, la inseguridad o la falta de control sobre el trabajo.
Solo desde una perspectiva coordinada, integral y estructural será posible revertir el incremento de los trastornos mentales, reducir el uso de psicotrópicos, acortar las incapacidades temporales, prevenir el suicidio y garantizar que el trabajo se convierta en una verdadera fuente de bienestar, sentido y dignidad.
Se puede acceder al documento completo desde la página web del Ministerio de Sanidad o bien directamente a través del siguiente enlace:
Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España