La experiencia acumulada de inseguridades deteriora la salud mental, tanto por su impacto material como por la carga psicológica continua que genera. Esta es una de las conclusiones que se desprende del nuevo informe del Centro para el Análisis de la Exclusión Social (CASE, Center for Analysis of Social Exclusion) de la London School of Economics, titulado «Insecure Lives: The Growth and Impact of Multiple Insecurities», a través del cual se pone de relieve una tendencia creciente y preocupante en la sociedad británica contemporánea: la expansión de las inseguridades múltiples como fenómeno estructural, transversal y profundamente destructivo para la salud mental y la cohesión social.
El documento señala cómo las inseguridades múltiples están asociadas sistemáticamente a mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés y soledad. Lejos de ser un problema meramente económico, la inseguridad se configura hoy como un potente determinante psicológico del bienestar humano.
Una redefinición de la exclusión social
Los autores de este informe proponen un cambio de paradigma en la comprensión de la exclusión social. En lugar de centrarse exclusivamente en indicadores tradicionales como la pobreza de ingresos económicos, los autores presentan una visión más holística basada en la acumulación simultánea de inseguridades en diferentes esferas fundamentales de la vida cotidiana. Esta perspectiva parte de una conceptualización innovadora de la inseguridad como riesgo real o percibido de pérdida, deterioro o exclusión, y reconoce su carácter multidimensional, interrelacionado y acumulativo.
Una visión multidimensional de la inseguridad
La investigación se basa en el análisis de datos longitudinales del panel Understanding Society (un estudio longitudinal del Reino Unido que recopila datos sobre diversos aspectos de la vida de los hogares y sus miembros), así como de testimonios de personas residentes en barrios especialmente desfavorecidos, identificando diez ámbitos principales interrelacionados, donde se experimentan estas inseguridades: ingresos, empleo, vivienda, salud, cuidados, alimentación, relaciones personales, entorno comunitario, derechos legales y participación social.
- Inseguridad financiera (ingresos insuficientes o inestables)
- Inseguridad laboral (precariedad, temporalidad o desempleo)
- Inseguridad habitacional (viviendas inadecuadas o riesgos de desahucio)
- Inseguridad sanitaria (acceso limitado a cuidados físicos o mentales)
- Inseguridad por cuidados (dificultad para cuidar a menores o dependientes)
- Inseguridad alimentaria
- Inseguridad en relaciones personales (aislamiento o relaciones inestables)
- Inseguridad ambiental y comunitaria
- Inseguridad legal y de derechos (acceso limitado a recursos legales)
- Inseguridad de participación (exclusión social y política)
Estas dimensiones no actúan de forma aislada, sino que tienden a combinarse, retroalimentarse y exacerbarse mutuamente, configurando lo que el informe denomina «inseguridad múltiple».
Una crisis en expansión: atrapados en la inseguridad
Los datos recopilados por el informe evidencian una evolución preocupante del fenómeno entre los años 2009 y 2023. Durante 2022-2023, el 47% de las personas adultas en el Reino Unido reportaba inseguridad financiera; un porcentaje similar —46%— vivía situaciones de inseguridad relacionadas con su salud física o mental, y el 36% de la población activa se encontraba en condiciones de inseguridad laboral. A esto se sumaban un 27% de personas expuestas la inseguridad habitacional y un 16% afectadas por problemas vinculados a los cuidados de menores, mayores o personas dependientes.
Las cifras más alarmantes emergen al observar la superposición de estas dimensiones: aproximadamente, el 9% de las personas adultas —esto es, unos 5,2 millones de personas— conviven en condiciones simultáneas de inseguridad financiera, habitacional y sanitaria. Estos datos representan un salto cualitativo en términos de vulnerabilidad acumulada y visibilizan una capa social atrapada en un círculo vicioso de precariedad e inestabilidad permanente, comprometiendo gravemente el bienestar mental.
El estudio constata que la inseguridad financiera se había reducido ligeramente hasta 2015-2016, pero repuntó de manera significativa a partir de la pandemia de COVID-19, debido a la retirada de apoyos extraordinarios y al incremento del coste de la vida. La inseguridad habitacional también aumentó, empujada por la inflación en alquileres y los embates del mercado inmobiliario. Por su parte, la inseguridad laboral mostró un descenso agregado, aunque persistió con fuerza en sectores específicos caracterizados por empleos mal remunerados, inestables o sin protección social.
El deterioro psicológico y emocional: la salud mental bajo asedio
Los efectos de las inseguridades múltiples sobre la salud mental son tan constantes como devastadores. El informe documenta una fuerte correlación entre dichas inseguridades y un deterioro generalizado del bienestar emocional y psicológico. En este sentido, los datos revelan que más de la mitad de las personas afectadas por esta acumulación declaran sentirse en un estado constante de tensión emocional, el 57% de quienes conviven con inseguridades múltiples afirman vivir en una situación de estrés crónico, y un 48% experimenta trastornos del sueño asociados a la preocupación y la ansiedad constante.
No se trata solo de una carga material, sino también de una carga mental y emocional que agota recursos internos, altera el comportamiento cotidiano y limita la capacidad de tomar decisiones a medio o largo plazo. Tal malestar no es puntual ni superficial, sino profundo, persistente y clínicamente significativo. Este peso psicológico afecta de forma más intensa a quienes deben coordinar, con esfuerzos agotadores, recursos precarios, obligaciones laborales, cuidados y trámites burocráticos, sin apenas márgenes de descanso o apoyo.
El informe advierte de que las personas con inseguridad múltiple presentan una probabilidad significativamente más alta de experimentar síntomas depresivos, soledad persistente y aislamiento social (incluso en poblaciones que no se encuentran objetivamente apartadas), insomnio, estrés agudo y agotamiento mental, incluso tras ajustar por edad, género, nivel educativo y situación económica. En la población afectada, los niveles de bienestar subjetivo son dos o tres veces inferiores a la media, y los sentimientos de aislamiento y desconexión son nueve puntos porcentuales más altos. A esto se suma lo que el informe denomina daño psicológico: un efecto acumulativo en la identidad, la motivación y la autoestima de las personas, cuya capacidad para planificar, disfrutar o simplemente afrontar la vida cotidiana se ve minada.
Los relatos recogidos en entrevistas cualitativas refuerzan esta evidencia. Varios participantes adultos conviven con diagnósticos previos de trastorno bipolar, TEPT (PTSD), trastornos psicóticos y autismo, condiciones que, según relatan, pueden verse exacerbadas por la presión constante de las inseguridades económicas y sociales. Uno de los casos narra un despido tras un episodio psicótico en el lugar de trabajo, y algunos testimonios describen el uso de mecanismos de afrontamiento precarios para mantenerse «a flote»: distracción compulsiva, negación emocional o disociación funcional. Otros relatan un agotamiento emocional progresivo, con expresiones como: “Estoy al límite”, “No puedo más”, o “Vivo con un nudo en el estómago”.
También se documentan casos de depresión severa, como el de una mujer que, ante la imposibilidad de pagar la calefacción, el dolor físico de su enfermedad y la tensión constante, acabó por pasar la mayor parte del tiempo en cama, expresando claramente que se sentía al borde del colapso emocional. Varios participantes reconocen expresamente que habrían llegado a romperse psicológicamente sin el apoyo informal de familiares cercanos.
En los hijos e hijas de estas familias, el panorama es igualmente alarmante. Se reportan diagnósticos confirmados o sospechas de ADHD, autismo, Asperger, epilepsia, TOC y ansiedad. Las demoras en los diagnósticos, la falta de apoyos escolares y la rigidez institucional, aumentan la ansiedad y el estrés de madres y padres, que sienten no poder ofrecer a sus hijos e hijas un entorno adecuado para su desarrollo. A este respecto, algunos/as reconocen que, debido a sus propios problemas de salud mental y a la sobrecarga física o mental, no pueden garantizar los cuidados básicos.
El estigma aparece como un eje transversal en muchos relatos, tanto en forma de discriminación institucional (por ejemplo, frente al autismo en procesos laborales) como en expresiones de autodevaluación y vergüenza. Las personas afectadas por inseguridades múltiples no solo enfrentan obstáculos externos, sino que muchas veces cargan con una imagen deteriorada de sí mismas, reforzada por mensajes sociales culpabilizadores o despectivos. Las frases “me siento fracasado”, “soy una carga”, o “no tengo nada que aportar” se repiten con frecuencia, señalando la interiorización del estigma como una consecuencia directa de la inseguridad prolongada.
El entorno físico también era descrito por algunos como “depresivo y estigmatizante”, especialmente en barrios con vandalismo, falta de servicios y espacios inseguros.
Todo ello, agrava el riesgo de retraimiento, desesperanza y pérdida del sentido vital.
El informe concluye que esta experiencia prolongada de inseguridad no solo agrava cuadros clínicos ya existentes, sino que genera un riesgo elevado de trastornos mentales severos incluso en personas previamente sanas. Así, se configura una trayectoria de sufrimiento psicológico crónico y silencioso, invisibilizado muchas veces por los marcos asistenciales clásicos, pero claramente documentado en la evidencia empírica del estudio.
Círculo vicioso de la precariedad: impacto en la educación, crianza y participación
La vivencia de estas situaciones también repercute en la crianza, en la escolarización de los y las menores y en las posibilidades de desarrollo educativo o profesional:
-Padres y madres en hogares inseguros reconocen que no pueden apoyar adecuadamente a sus hijos/as en su educación. La ansiedad constante y la escasez de recursos impiden establecer rutinas estables o brindar apoyo emocional suficiente.
-Casi ningún adulto entrevistado planea formarse o acceder a oportunidades educativas, aunque muchos expresan deseos frustrados de progresar mediante estudios o formación.
-La inseguridad laboral, lejos de resolverse con empleo, persiste entre personas que trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales o en sectores mal remunerados. En el plano laboral, el informe desmiente de forma contundente la suposición de que el empleo actúa como salvaguarda contra la inseguridad. Numerosas personas se encuentran trabajando en condiciones precarias, con sueldos bajos, contratos inestables y sin derechos, lo que no solo perpetúa su vulnerabilidad económica, sino que contribuye al deterioro de su salud mental.
Desigualdades estructurales y perfiles de mayor riesgo
El riesgo de inseguridad múltiple no se distribuye de forma homogénea en la sociedad. Algunos grupos están expuestos de manera desproporcionada. Las mujeres, por ejemplo, presentan una tasa de inseguridad múltiple superior a la de los hombres (10% frente a 7%). El grupo etario más afectado es el de adultos entre 35 y 44 años, etapa de la vida en la que suelen confluir responsabilidades económicas, familiares y laborales.
La incidencia es especialmente alta entre personas que no pueden trabajar debido a enfermedades físicas o trastornos mentales, donde el 32% vive con inseguridad múltiple, y también entre quienes están en situación de desempleo (28%). En los hogares monoparentales y aquellos en los que vive una sola persona adulta, el impacto es aún más elevado. También se observa una exposición mayor entre personas de minorías étnicas, con una tasa del 12%.
En los barrios más pobres, la proporción de personas afectadas asciende al 16%, frente al 3% en las zonas más acomodadas, lo que refleja una brecha territorial creciente y una marcada injusticia espacial.
Costes acumulados y rentabilidad de las intervenciones
Aunque el informe no cuantifica directamente costes económicos, plantea una advertencia clara: la inseguridad múltiple tiene un alto coste social, sanitario y económico, que se acumula en forma de mayor gasto público, deterioro de la productividad, crisis de salud mental y ruptura del tejido social.
Una de las ideas centrales es la noción de carga psicológica, definida como el peso emocional y cognitivo que las personas deben soportar cuando viven con inseguridades constantes y superpuestas. Este desgaste mental reduce su capacidad para tomar decisiones a largo plazo, desincentiva la búsqueda de empleo o formación, agota los recursos familiares y genera alteraciones del comportamiento, con efectos acumulativos en el tiempo. No solo afecta al individuo, sino también a quienes le rodean, a su descendencia y a los servicios sociales que deben atender sus consecuencias.
Desde el punto de vista económico, el informe identifica una serie de costes indirectos pero significativos: aumento de la demanda en servicios de salud mental, uso intensivo de recursos asistenciales, escolarización interrumpida, precarización del empleo, absentismo laboral, pérdida de productividad, y reproducción de la pobreza a nivel intergeneracional. A esto se suman los costes emocionales que no son fácilmente cuantificables, pero que se traducen en sufrimiento psíquico, deterioro del vínculo social y mayor riesgo de exclusión.
Ante esta evidencia, el informe plantea que las intervenciones públicas bien diseñadas no deben considerarse un gasto, sino una inversión rentable. Acciones como la reforma del sistema de subsidios, la inversión en vivienda social, el fortalecimiento de la atención primaria en salud mental o el apoyo a familias con necesidades especiales tienen efectos preventivos claros: evitan la cronificación del malestar, reducen la presión sobre los servicios públicos y contribuyen a restaurar el potencial productivo de las personas afectadas.
En definitiva, dejar que las inseguridades múltiples se perpetúen implica pagar un precio cada vez más alto —económica, psicológica y socialmente—. En cambio, abordarlas desde una lógica de inversión estratégica no solo reduce el sufrimiento humano y mejora la calidad de vida, sino que revierte en una mayor cohesión social y eficacia del sistema, generando retornos significativos al evitar intervenciones costosas posteriores. El informe deja claro que el coste de no actuar es mayor que el de intervenir con valentía y visión de futuro.
Conclusión: repensar la seguridad como base del bienestar
Este informe constituye una llamada urgente a repensar el enfoque de las políticas sociales, de la salud mental y del desarrollo comunitario. Vivir con múltiples inseguridades no solo erosiona el presente de millones de personas, sino que compromete su futuro, su dignidad y su bienestar psicológico.
La acumulación de inseguridades es una bomba silenciosa que está detonando en los cuerpos, las mentes y los vínculos sociales. Frenarla exige voluntad política, inversión sostenida y una mirada profundamente humana.
Lecciones válidas también para España
Aunque el informe Insecure Lives se centra en el Reino Unido, su análisis trasciende el contexto británico y resulta altamente pertinente para España. En nuestro país, ya existían evidencias previas que vinculaban directamente la inseguridad laboral con un agravamiento de la salud mental. Según un informe publicado por UGT en 2024, la precariedad en el empleo se asocia claramente con una mayor incidencia de ansiedad, depresión y estrés, y se estima que eliminar los riesgos psicosociales laborales en la Unión Europea podría reducir los casos de depresión entre un 17% y un 35%.
Del mismo modo, el informe sobre el Estado de la Salud en los países de la Unión Europea 2023 (un documento derivado del trabajo conjunto de la OCDE y el Observatorio Europeo sobre Sistemas y Políticas de Salud, en cooperación con la Comisión Europea), indica que en España, más de una de cada seis personas había experimentado un trastorno mental en 2019, con los grupos de renta más baja presentando también mayor probabilidad de depresión. Por su parte, la reciente Encuesta de Salud de España (ESdE, 2025) revela que el 29,8% de las personas adultas españolas presentan sintomatología depresiva —con una prevalencia del 35,1% en mujeres frente al 24,4% en hombres —.
Estos datos indican que España comparte un patrón muy similar al del Reino Unido: múltiples inseguridades —laboral, económica, sanitaria, social— generan efectos acumulativos sobre la salud mental de la población. De acuerdo con la OECD, también en nuestro país la pandemia ha exacerbado esta tendencia, provocando un aumento de la ansiedad y la depresión, cuya prevalencia puede haberse duplicado en algunos sectores.
Por tanto, las conclusiones del estudio británico —que llaman a una intervención integral que abarque empleo, vivienda, salud y protección social— encuentran un reflejo claro en nuestro contexto. De este modo, en España también es urgente abordar de forma sistémica las condiciones laborales, el acceso a viviendas dignas y el fortalecimiento de la atención primaria en salud mental. Si no se actúa con determinación, el flujo silencioso de inseguridades múltiples seguirá alimentando una epidemia de sufrimiento psicológico y emocional cuyo coste humano y económico es inmenso.
Se puede acceder al informe completo desde la página web de LSE o bien directamente aquí:
Insecure lives: the growth and impact of multiple insecurities