La Sociedad Británica de Psicología (British Psychological Society, BPS) ha expresado su respaldo a nuevas directrices judiciales en el Reino Unido que recomiendan que los psicólogos y las psicólogas que actúan como peritos en los tribunales de familia estén debidamente regulados por organismos profesionales. Esta iniciativa responde a una preocupación creciente por la participación de expertos sin regulación formal en procedimientos judiciales que pueden tener profundas consecuencias para niños, niñas y adolescentes y sus familias, así como para otras personas implicadas en el sistema de justicia.
Las directrices han sido impulsadas por el presidente de la División de Familia del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Sir Andrew McFarlane, quien ha señalado que los tribunales deberían recurrir preferentemente a psicólogos y psicólogas que estén registrados/as en un organismo regulador pertinente. Este planteamiento pretende garantizar que los y las profesionales que aportan pruebas periciales cuentan con una cualificación adecuada, formación especializada y mecanismos de responsabilidad profesional.
Preocupación por el uso de expertos/as no regulados.
La BPS ha acogido positivamente esta orientación judicial, señalando que responde a preocupaciones planteadas desde hace años en relación con la utilización de expertos y expertas sin acreditación adecuada en procedimientos judiciales complejos.
Según advierte la organización, el sistema actual británico puede permitir que los tribunales instruyan a profesionales que no están sujetos a ningún tipo de regulación profesional. En estos casos, si se cuestiona la calidad de su trabajo o su conducta profesional, puede no existir un mecanismo claro para que las partes afectadas presenten quejas o soliciten una revisión independiente de su actuación.
La situación se ve agravada por el hecho de que, en el Reino Unido, el término general “psicólogo/a” no constituye en todos los casos un título profesional protegido, lo que significa que puede ser utilizado por personas que no necesariamente cuentan con una formación reconocida en psicología ni con una acreditación profesional oficial.
En algunos casos, personas sin regulación profesional ofrecen servicios bajo denominaciones ambiguas o autodescriptivas —por ejemplo, «evaluador forense» (forensic assessor)— lo que dificulta a tribunales y abogados valorar adecuadamente su cualificación y experiencia.
El papel de los psicólogos/as peritos en los tribunales de familia.
Los tribunales recurren con frecuencia a psicólogos y psicólogas expertos/as cuando deben resolver cuestiones complejas relacionadas con el funcionamiento psicológico de las personas o con la dinámica familiar. En los tribunales de familia, los informes periciales psicológicos pueden tener un peso significativo en decisiones relativas a la custodia de menores, el contacto entre progenitores e hijos o la valoración de situaciones de riesgo.
Por ello, la calidad, independencia y competencia profesional de los expertos que elaboran estas evaluaciones resulta fundamental para garantizar decisiones judiciales fundamentadas.
Las directrices judiciales subrayan que el perito debe poseer conocimientos especializados adecuados, actuar con independencia e imparcialidad y basar sus conclusiones en el conocimiento científico disponible.
La importancia de la regulación profesional.
La regulación profesional constituye un mecanismo clave para garantizar estándares mínimos de formación, práctica y ética profesional.
En el Reino Unido, muchos psicólogos y psicólogas ejercen bajo la supervisión del Consejo de Profesiones de la Salud y la Atención (Health and Care Professions Council, HCPC), el organismo regulador legal encargado de supervisar diversas profesiones sanitarias. Los y las profesionales registrados en el HCPC deben cumplir requisitos rigurosos de formación, mantener su desarrollo profesional continuo y someterse a mecanismos disciplinarios en caso de incumplimiento de los estándares profesionales.
La BPS también concede el reconocimiento de psicólogo/a acreditado/a (Chartered Psychologist), una acreditación que refleja elevados estándares de formación y experiencia profesional. No obstante, la organización considera que, cuando se trata de evaluaciones psicológicas directas en el contexto judicial, los y las profesionales deberían estar además registrados en el HCPC.
Un registro para facilitar la identificación de expertos y expertas cualificados/as.
Con el objetivo de reforzar la calidad del peritaje psicológico en los tribunales, la Sociedad Británica de Psicología ha puesto en marcha un registro de psicólogos expertos (Register of Expert Witnesses).
Este registro permite a jueces, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico identificar psicólogos y psicólogas con formación y experiencia específica en la elaboración de informes periciales y en la presentación de pruebas ante los tribunales.
Para formar parte de este registro, los y las profesionales deben demostrar conocimientos y competencias en el ámbito del peritaje psicológico, incluyendo la elaboración de informes periciales, la comprensión del marco jurídico en el que se desarrollan estas evaluaciones y el cumplimiento de estándares éticos y profesionales rigurosos.
Además, la BPS recomienda que únicamente los psicólogos y psicólogas practicantes regulados/as por el HCPC lleven a cabo evaluaciones psicológicas directas de personas en el contexto de procedimientos judiciales.
Contexto internacional: la importancia de estándares profesionales en el peritaje psicológico.
La preocupación por garantizar la calidad y la fiabilidad de la evidencia psicológica en los tribunales no es exclusiva del Reino Unido. En diferentes países se ha subrayado la necesidad de reforzar los estándares profesionales en el ámbito del peritaje psicológico debido al impacto que estos informes pueden tener en las decisiones judiciales.
En el caso de España, la División de Psicología Jurídica del Consejo General de la Psicología de España ha destacado en diversas ocasiones la importancia del informe psicológico forense como prueba pericial en los tribunales. Según esta división profesional, el informe pericial psicológico puede influir de forma determinante en decisiones judiciales de gran trascendencia, como la atribución de la custodia de menores o la valoración de daños psicológicos.
Asimismo, especialistas en Psicología Jurídica han subrayado la necesidad de reforzar la formación especializada y establecer estándares claros para la elaboración de evaluaciones psicológicas en el ámbito judicial.
En esta línea, la Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense en los procesos contenciosos de familia, publicada por la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia (APF) y elaborada por especialistas en Psicología Jurídica, establece criterios técnicos para la realización de estas evaluaciones, subrayando que la actuación profesional debe orientarse por la pregunta judicial planteada y, especialmente, por el principio del interés superior del menor. El documento recoge, además, un decálogo de principios básicos que orientan la intervención del psicólogo forense en este ámbito, con el objetivo de promover una práctica rigurosa, objetiva y basada en el conocimiento científico.
Dicha guía señala que las evaluaciones psicológicas forenses en el ámbito familiar suelen centrarse en el análisis de las capacidades parentales, las necesidades afectivas y psicológicas de los y las menores, la dinámica familiar y la calidad de los vínculos entre los distintos miembros de la familia, integrando variables individuales y relacionales que pueden influir en el bienestar y la adaptación de los hijos e hijas tras los procesos de ruptura familiar.
Por otra parte, distintos estudios han analizado los retos técnicos y deontológicos que plantea la elaboración de informes periciales psicológicos, destacando la necesidad de seguir criterios metodológicos rigurosos, garantizar la objetividad y claridad de los informes y reforzar la especialización profesional en este ámbito.
En esta misma línea, en nuestro país, diversas iniciativas en el ámbito jurídico han puesto de relieve la necesidad de reforzar la presencia de profesionales especializados en psicología en los juzgados de familia. Así, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Plataforma Familia y Derecho han planteado la conveniencia de que psicólogos y psicólogas especializados/as puedan prestar asistencia técnica a los jueces de familia, con el objetivo de facilitar evaluaciones rigurosas en los procedimientos que lo requieran y contribuir a una toma de decisiones judiciales más fundamentada en los casos que afectan a menores y familias.
Reforzar la calidad de la evidencia psicológica en los tribunales.
En este contexto, el respaldo de la Sociedad Británica de Psicología a las nuevas directrices judiciales refleja una preocupación compartida a nivel internacional por asegurar que las decisiones judiciales, sobre todo, aquellas que afectan al bienestar de niños, niñas, adolescentes y sus familias, se fundamenten en evaluaciones psicológicas rigurosas y realizadas por profesionales cualificados.
Promover el uso de expertos regulados y con formación especializada constituye un paso importante para fortalecer la calidad del peritaje psicológico y reforzar la confianza en el uso de la evidencia científica en el ámbito judicial.
Fuente.
BPS (2026). BPS welcomes new guidance that unregulated psychologists should not give evidence in family court. British Psychological Society.