Un año después de la tragedia provocada por la DANA (denominada así por sus siglas, Depresión Aislada en Niveles Altos), el pasado 29 de octubre de 2024, la reconstrucción en la provincia de Valencia afronta las consecuencias del desastre, no solo en pérdidas materiales, sino también en su malestar psicológico y emocional, especialmente, en los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Así lo advierte Save The Children en su informe Con el barro en la mochila, un documento fruto de una investigación realizada junto con un equipo académico de la Universitat de València, a través del cual se constata un impacto masivo y sostenido provocado por este grave episodio: daños en vivienda y medios de vida, discontinuidad educativa, incremento del riesgo de violencia y un deterioro significativo del bienestar psicológico y social y de la salud mental infanto-juvenil. La respuesta pública ha movilizado recursos y algunas buenas prácticas, pero el documento reclama acelerar la reparación de centros educativos, reforzar prestaciones y, de forma destacada, aumentar el número de profesionales de la salud mental y la creación de la especialización en Psicología de la Infancia y la Adolescencia, además de tejer entornos protectores y seguros.

Los datos del estudio provienen de 2.349 respuestas anónimas y voluntarias a un cuestionario dirigido a familias con menores a cargo en los 103 municipios afectados por la DANA, abierto entre mayo y julio de 2025; el 92% procede de familias residentes en la «zona cero». A ello se suman aportaciones cualitativas de niños, niñas y adolescentes, familias, profesionales (entidades sociales, técnicos municipales, profesorado, etc.) y responsables políticos, recabadas en grupos de discusión y entrevistas, revisión de fuentes oficiales y evidencias de la intervención directa de la organización.

Los datos del informe indican que la emergencia dejó 600.000 personas sin agua potable, 150.000 sin electricidad y al 87% de los municipios de la «zona cero» sin cobertura telefónica; 16.000 viviendas dañadas; 144.000 vehículos inutilizados (85% siniestro total); 115 centros educativos con destrozos (ocho en estado catastrófico), y 48.000 alumnos sin poder ir a clase durante semanas. Se contabilizaron 229 víctimas mortales, nueve de ellas, menores de edad.

Derechos de la infancia y emergencia climática

El enfoque se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño: interés superior, supervivencia y desarrollo, no discriminación y participación. Advierte de que niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la crisis climática por su desarrollo físico y psicológico, y critica su escasa presencia en políticas climáticas y ambientales. De ahí el llamamiento que realiza para incorporar indicadores específicos de infancia, medidas de adaptación centradas en niños y niñas, y mecanismos formales de participación, también en la anunciada apuesta por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Impacto en los medios de vida, condiciones materiales y entorno social

• Vivienda. Casi el 15% de las familias encuestadas declara que ha perdido su vivienda; una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para la infancia, y en zona cero cuatro de cada cinco familias siguen en edificios con reparaciones pendientes (por ejemplo, sin ascensor ni parking), o en viviendas bastante afectadas donde han tenido que continuar residiendo. Siguen los realojos temporales, con carga en desplazamientos y estrés psicológico y financiero. El informe visibiliza la vulnerabilidad de familias en situación irregular (bajos sin cédula de habitabilidad, viviendas compartidas) y las trabas para acceder a ayudas.

• Empleo. 31.000 personas sufrieron ERTE por fuerza mayor. De quienes declararon cambios laborales por la DANA, el 47% recuperó su empleo tras perderlo temporalmente y el 20% no lo ha recuperado. Se describen pérdida de poder adquisitivo, conciliaciones imposibles (reparaciones y cuidados), y un énfasis especial en familias monomarentales. Antes de la DANA, el 21,9% de familias con hijos/as en la Comunitat Valenciana ya estaba en pobreza laboral: la inestabilidad en los territorios más afectados se sitúa ahora en cotas más altas.

• Prestaciones y ayudas. La Generalitat movilizó 55 millones de euros para familias e infancia, pero las encuestas señalan dificultades de acceso (desconocimiento, trámites, requisitos difíciles de acreditar), retrasos e insuficiencia de cuantías. Empeora la capacidad de ahorro familiar, con efecto más severo cuanto mayor es el número de niños, niñas y adolescentes por hogar. El informe pide simplificar procedimientos y un abordaje integral (ayudas de emergencia junto a medidas de empleabilidad y refuerzo comunitario).

• Redes y voluntariado. La ayuda vecinal y el voluntariado fueron diferenciales en la primera fase: el 68% de adolescentes y jóvenes (12–21 años) participó o participa aún en tareas de respuesta, con efecto de empoderamiento y «colchón» de bienestar psicológico y emocional para la adolescencia. Aun así, en «zona cero» sólo el 41,7% pudo contar sin dificultades con el apoyo de familiares y amistades, y más de una de cada cuatro familias declara necesitar ayuda externa que no tiene.

• Necesidades especiales. El 7,6% de las familias indica que algún menor presenta discapacidad o patología crónica compleja; en el 43,8% de estos casos, sus tratamientos —en particular los cuidados por parte profesionales— se han visto afectados. Los expertos alertan del impacto desproporcionado de la interrupción de rutinas y terapias en el desarrollo y la estabilidad emocional.

Educación: mucho más que aprender contenidos

La DANA interrumpió la escolaridad de más de 48.000 alumnos y alumnas durante semanas e incluso meses. Cerca de la mitad de las familias (52,4%) percibe retraso en el aprendizaje (temario inabarcable, falta de preparación para evaluaciones). Entre las necesidades más urgentes, las familias sitúan la reparación de centros educativos (57,7%), el apoyo psicológico y social para el alumnado (50,1%) y el refuerzo de plantillas (38,5%), incluyendo la presencia en los centros de otros profesionales como psicólogos educativos, trabajadores sociales y educadores sociales.

Pero el informe subraya que las escuelas son también entornos de estabilidad, seguridad y apoyo psicológico y social: su reapertura alivió a muchas familias y mejoró el ánimo del alumnado. No asistir a clase impactó sobre todo en el estado psicológico y emocional (71,6%) y las relaciones (33,3%) de niños/as y adolescentes. Con 115 centros destrozados y ocho declarados catastróficos, 3.000 estudiantes de zona cero seguirán cursando en aulas prefabricadas durante varios cursos, lo que obliga a una planificación que priorice la equidad y el bienestar psicológico y social en la vuelta a las aulas.

Protección y salud mental: la herida que más dura

El consenso de los equipos que trabajan en emergencias es claro: las heridas que más perduran son las psicológicas y emocionales. La exposición repetida a crisis (pandemia, apagón eléctrico de abril de 2025, conflictos armados en medios y redes) alimenta un estado de incertidumbre y alerta que desgasta la salud mental y eleva el riesgo de problemas psicológicos y sociales y de trastorno de estrés postraumático. El informe incorpora, además, una mirada de género: el trabajo extra de cuidados ha recaído, sobre todo, en madres y niñas (roles de “hermana mayor”), con serias dificultades para compatibilizar empleo, reparación del hogar y crianza.

Qué han dejado de hacer y qué síntomas aparecen

Según el estudio, los y las menores han dejado de realizar actividades deportivas (45,4%), al aire libre (28,0%), de ocio y cultura (25,0%) y extraescolares (24,7%). En niños y niñas destacan el miedo a la lluvia y al ruido intenso (30,6%), pesadillas e insomnio (24,3%) y regresiones (6,3%). En adolescentes, sobresalen las dificultades de concentración (12,4%), el aumento del tiempo de exposición a pantallas (11,0%) y el aislamiento social (7,0%). Las familias sitúan como principal preocupación (45,7%) el estado emocional de sus hijos e hijas.

Violencia y entornos seguros

La evidencia nacional e internacional señala un aumento del riesgo de violencia, abuso, explotación o negligencia en contextos de desastre, agravado por el cierre de espacios públicos infantiles (como los centros educativos), que dificulta su detección. Profesionales que trabajaron en la emergencia de la DANA corroboran un repunte de posibles casos, sobre todo, en el ámbito familiar, y recuerdan el marco de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), para reforzar la detección y notificación. Crear entornos seguros y de buen trato —en la respuesta inmediata y a largo plazo— se considera imprescindible para reducir el impacto psicológico y emocional.

Recursos desplegados y brechas

Save the Children ha habilitado Espacios Amigables para la Infancia (EAI) en varios puntos (Benetússer, La Torre, Massanassa, Sant Marcel·lí, dos en Paiporta y Sedaví), adaptando la metodología internacional We Thrive, que promueve la recuperación psicológica y emocional y el bienestar integral de la infancia en contextos de emergencia, combinando protección, detección temprana de problemas de salud mental, refuerzo educativo, acompañamiento emocional, y apoyo psicológico y social (individual y grupal).

En total, los programas han atendido a 584 niños, niñas y adolescentes, interviniendo de forma directa con 406 familias, y se ha garantizado la continuidad educativa de 1.899 beneficiarios. En paralelo, la entidad ha impartido cápsulas formativas a 438 profesionales de Servicios Sociales y a 203 personas voluntarias y trabajadoras, centradas en intervención psicológica y social, primeros auxilios psicológicos y protección infantil en emergencias, fortaleciendo así las capacidades locales para la detección precoz y la atención del malestar psicológico y emocional.

Pese a todo, el informe lamenta que el sistema público de salud mental «no cuenta con el número suficiente de profesionales» y carece de la especialización infanto-juvenil necesaria para un abordaje integral más allá de lo clínico.

Conclusiones: un año después del barro

El informe lanza dos preguntas de fondo: ¿se están garantizando los derechos de la infancia en la reconstrucción?, y, ¿se priorizará a niños, niñas y adolescentes en la revisión de protocolos para futuras emergencias? Señala avances normativos y estratégicos recientes (especialización, coordinación, enfoque integral e inclusivo), pero alerta de que la reconstrucción continúa centrada en grandes infraestructuras y en mitigar el daño al tejido productivo, cuando reparar y levantar colegios e institutos, ampliar recursos de salud mental infanto-juvenil y acompañar a las familias —sobre todo las más vulnerables— son igualmente esenciales. «Muchos de los fenómenos psicológicos que viven los niños y niñas no son patología, sino reacción normal a una catástrofe; es una cuestión estructural que se puede trabajar», subraya uno de los testimonios profesionales recogidos.

Recomendaciones: hojas de ruta para no olvidar a la infancia

El documento ordena sus propuestas en cuatro grandes bloques:

• Actuar frente a la crisis climática y sus consecuencias sobre los derechos de la infancia y adolescencia, mejorando la respuesta a largo plazo en la reconstrucción, con medidas como evaluar la eficacia de políticas de primera respuesta y reconstrucción y fijar un plan preventivo realista; reconocer el derecho de la infancia a un medioambiente limpio, sano y sostenible; identificar vulnerabilidades específicas de niños, niñas y adolescentes y priorizar la rehabilitación de espacios de ocio (parques, zonas verdes, áreas deportivas); o promover la participación infantil y adolescente en respuesta y recuperación (comités juveniles, diálogos, dinámicas grupales).

• Priorizar la recuperación de la situación socioeconómica de las familias con hijos e hijas a cargo afectadas por la emergencia, incorporando un enfoque comunitario en la respuesta, ampliando ayudas para rehabilitación de vivienda, alquiler y alternativas habitacionales -priorizando a familias con hijos/as a cargo-; itinerarios personalizados de empleo, con foco en hogares monomarentales; Aumentar la protección social sensible a las necesidades de la infancia y adolescencia, etc.

• Apostar por un sistema educativo más resiliente, mediante la reconstrucción de infraestructuras adaptadas e impulsando las ayudas y los planes de refuerzo postemergencia, con acciones como minimizar realojamientos y evitar la discontinuidad educativa; diseñar planes de preparación ante emergencias en los centros, con formación al profesorado y currículum flexible; diseñar protocolos con enfoque de derechos de infancia; integrar resiliencia climática en la planificación educativa: o reconocer la primera etapa de Educación Infantil como parte integral del sistema y como pieza de conciliación familiar y laboral, entre otros

• Asegurar la protección de la infancia y la adolescencia, aprovechando el contexto postdana para reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los equipos profesionales, especialmente en materia de salud mental infanto-juvenil
  • En este punto, el informe recomienda desarrollar e implementar un modelo de entornos seguros y amigables en todos aquellos ámbitos en los que haya una presencia habitual de niños, niñas y adolescentes, que garanticen su seguridad y bienestar y prevengan cualquier forma de violencia, e integrarlos con Servicios Sociales, centros educativos y entidades del territorio; y fortalecer la base de evidencias sobre cambio climático y violencia contra la infancia y adolescencia a través de una lente interseccional que tenga en cuenta edad, género y discapacidad.
  • También insta a reforzar la capacitación de los y las profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, con especial foco en el sector educativo, en la detección de posibles casos de violencia y en el deber de notificar ante cualquier sospecha, estableciendo mecanismos de comunicación y canales de denuncia sobre casos de violencia que sean seguros y accesibles para cualquier niño, niña o adolescente.

Save The Children incide en garantizar que los planes y estrategias de adaptación y reducción del riesgo de desastres a todos los niveles, tengan en cuenta los riesgos y factores de protección infanto-juveniles, así como las repercusiones en la salud mental derivadas de las crisis y tensiones relacionadas con el clima. En la misma línea, insta a seguir incrementando recursos y equipos especializados en salud mental de la infancia y la adolescencia, asegurando su mantenimiento a largo plazo.

De igual modo, pide garantizar la coordinación eficaz entre diferentes niveles de atención y entre ámbitos de prevención y detección precoz, y abordar tanto las necesidades inmediatas, como las consecuencias duraderas de la emergencia DANA en el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes.

El documento insiste en que muchos de los síntomas observados en los y las menores —como ansiedad, miedo a la lluvia, pesadillas, aislamiento o regresiones—, no deben ser tratados exclusivamente desde una lógica clínica, sino como respuestas adaptativas a una situación traumática. Por ello, recomienda ampliar los servicios de salud mental comunitarios, fortalecer la detección precoz desde la escuela y articular redes de apoyo psicológico y social sostenidas en el tiempo.

Asimismo, subraya la necesidad de integrar la figura del psicólogo en los centros educativos como parte del acompañamiento continuado en la recuperación, y de consolidar los programas de apoyo psicológico especializado en el ámbito escolar y social, no solo durante la emergencia sino también durante todo el proceso de reconstrucción.

En línea con estas recomendaciones, Save the Children recuerda las buenas prácticas internacionales que justifican la importancia de esta especialización. Por ejemplo, tras el tsunami de Japón (2011), se demostró que la creación de equipos de psicólogos y educadores formados en trauma infantil permitió reducir significativamente la aparición de trastornos de estrés postraumático y mejorar el rendimiento escolar y la participación social del alumnado afectado. Experiencias similares se documentaron tras los terremotos de México y Chile, donde la presencia sostenida de equipos psicosociales en escuelas y comunidades fue decisiva para la recuperación emocional y educativa.

Se puede acceder al documento completo desde la página web de Save the Children o bien directamente aquí:

Save the Children & Universitat de València (2025). Con el barro en la mochila. Impacto de la dana de octubre de 2024 en la infancia y adolescencia de la provincia de Valencia: vías para la reconstrucción desde un enfoque de derechos.