El pasado mes de junio, la ciudad de París acogió una conferencia regional de alto nivel centrada en la innovación política en materia de salud mental en todas las políticas. Bajo el lema «Abordar los desafíos y diseñar soluciones compartidas», el evento reunió a representantes gubernamentales, entidades internacionales y organizaciones no estatales con el objetivo de promover la colaboración intersectorial para la protección y promoción de la salud mental y el bienestar.
La conferencia fue organizada por el Ministerio francés de Sanidad y Acceso a la Atención, el Centro Colaborador de la OMS para la Formación e Investigación en Salud Mental de Lille y la Oficina Regional de la OMS para Europa. Su desarrollo fue posible gracias a la financiación de la Comisión Europea en el marco de los acuerdos sobre los proyectos «Abordar los desafíos de salud mental en los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega» y «Apoyo a la resiliencia sanitaria en la Asociación Oriental».
Reconocimiento del papel central de la salud mental
Los y las participantes en la conferencia —cuyo respaldo a la declaración de resultados no implica un compromiso formal— coincidieron en destacar la urgencia de proteger y promover la salud mental como elemento esencial para el buen funcionamiento de las sociedades. En un contexto global marcado por crisis emergentes y cambiantes determinantes de la salud, se subrayó la necesidad de respuestas políticas adaptadas que prioricen el bienestar psicológico de la población.
Se reiteró que los sistemas sanitarios deben ser capaces de atender adecuadamente las necesidades de las personas que requieren apoyo en materia de salud mental, garantizando soluciones accesibles, inclusivas, específicas para cada etapa de la vida y centradas en la prevención. Estas soluciones deben estar disponibles independientemente del género, religión, nivel educativo, situación laboral, nivel socioeconómico, capacidad de pago o lugar de origen, y aplicarse también en contextos de emergencia.
La salud mental en todas las políticas
Uno de los mensajes clave del encuentro fue la reafirmación del enfoque de salud mental en todas las políticas, un concepto que se consolida como eje central del diálogo entre autoridades nacionales, socios y partes interesadas. La prevención de los problemas de salud mental y la promoción del bienestar son responsabilidades compartidas por todos los sectores de la administración pública, no limitándose al ámbito sanitario.
Sectores como la agricultura, cultura, defensa, educación, empleo, energía, medioambiente, familia, finanzas, vivienda, innovación, justicia, fuerzas del orden, migraciones, deporte, transporte y servicios sociales están llamados a participar activamente en la elaboración e implementación de políticas públicas que integren la salud mental como prioridad transversal.
La declaración subraya que los mecanismos de coordinación intersectorial son facilitadores clave para la puesta en marcha de estas políticas. Cuando existen, posibilitan la acción conjunta; cuando no, representan una barrera significativa.
Determinantes sociales y equidad
Durante la conferencia se reconoció que la capacidad individual y las experiencias vitales están profundamente moldeadas por determinantes sociales de la salud como el estatus socioeconómico, el género, la discapacidad o la etnicidad. A su vez, se valoraron los esfuerzos que ya han emprendido muchos gobiernos para crear o reforzar mecanismos que favorezcan la acción intersectorial a nivel local, regional y nacional en el ámbito de la salud mental.
La declaración recoge un compromiso colectivo para desarrollar, aplicar y monitorizar de manera continua políticas y mecanismos nacionales y locales orientados a:
- Alinear los fondos públicos entre distintos niveles y sectores, con el objetivo compartido de mejorar el bienestar, prevenir problemas de salud mental y promover la recuperación.
- Fomentar las conexiones sociales mediante iniciativas públicas que reduzcan el estigma y la discriminación hacia las personas con trastornos mentales, incluyendo la promoción de viviendas inclusivas, actividades artísticas, culturales, deportivas y físicas, espacios comunitarios amigables con las personas mayores y campañas informativas.
- Involucrar a centros educativos, instituciones de investigación, prisiones, entornos laborales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, agricultura, y los sistemas de atención sanitaria y social en el desarrollo de políticas de bienestar y prevención de la enfermedad mental, incluyendo la investigación de marcadores tempranos y el desarrollo de competencias psicológicas y sociales, así como iniciativas de prevención del suicidio.
- Incluir desde el inicio a las personas con experiencia vivida, así como a sus familias y cuidadores, en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas multisectoriales.
- Reconfigurar los entornos comunitarios, en colaboración con la comunidad científica, proporcionando a profesionales de la salud, planificadores urbanos, fuerzas del orden, proveedores de vivienda y otros actores las herramientas para mejorar la salud mental y el bienestar de la población.
- Asegurar el acceso equitativo a servicios comunitarios que protejan la salud mental y faciliten la recuperación, incluyendo su integración en planes de preparación, resiliencia y respuesta ante emergencias.
- Garantizar que los entornos digitales sean seguros y se regulen a partir de la evidencia emergente sobre su impacto en la salud mental, mediante alianzas público-privadas de confianza.
- Facilitar el acceso a los derechos sociales para las personas con condiciones de salud mental, como el transporte adaptado para personas con dificultades cognitivas, herramientas de comunicación accesibles o la simplificación de trámites administrativos.
- Integrar los principios de las convenciones de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y los derechos del niño en todas las políticas, asegurando un enfoque basado en los derechos humanos que incluya la participación activa de personas con experiencia vivida, sus familias y comunidades.
Recomendaciones para una acción coordinada
Además de los compromisos programáticos, la declaración insta a reforzar la colaboración intersectorial a través de:
- La creación de comités asesores multisectoriales y el impulso de diálogos políticos de alto nivel, especialmente para políticas dirigidas a grupos marginados, como las personas con trastornos mentales graves.
- El establecimiento o refuerzo de equipos nacionales encargados de coordinar las políticas de salud mental, con participación activa de personas con experiencia vivida, sus familias, la sociedad civil y el sector privado.
- La implementación de estrategias nacionales de salud mental con participación de todos los ministerios relevantes.
- El aprovechamiento eficiente de los recursos financieros, humanos y técnicos, incluyendo la creación de sistemas de seguimiento y evaluación intersectoriales que aseguren la priorización de la salud mental en las agendas políticas.
- La movilización de actores locales, como municipios y gobiernos locales, para asegurar la aplicación efectiva de políticas integradas y multisectoriales.
Una guía para la acción, no un compromiso vinculante
Tal como aclara el documento final, la declaración no implica compromisos formales por parte de los Estados miembros u organizaciones presentes, pero sí representa una hoja de ruta clara y consensuada. Su propósito es contribuir de manera sustancial al desarrollo de políticas innovadoras que integren la salud mental en todas las esferas de la administración pública.
La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, sectores sociales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y las personas con experiencia vivida se erige, así, como el principio rector para transformar la forma en que se abordan los desafíos contemporáneos de la salud mental, con un enfoque que prioriza la equidad, la prevención y la participación comunitaria.
Se puede acceder al documento desde la página web de la OMS o bien directamente a través del siguiente enlace: