Según datos de 2025, el número de mujeres víctimas de violencia de género en España se sitúa en 33.373 casos registrados en asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección. Así lo recoge la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos resultados, de carácter definitivo, permiten analizar con detalle la evolución reciente de este fenómeno y sus principales características sociodemográficas y judiciales.
Si bien se ha registrado un descenso del 3,8% en el número de víctimas de violencia de género, la elevada cifra y la gravedad del problema hace que esta bajada no se pueda interpretar como una mejora estructural del mismo. El propio informe evidencia dinámicas contrapuestas que obligan a una lectura más compleja: aumentan los menores víctimas, crecen los casos de violencia doméstica, se incrementan las condenas judiciales y persisten patrones relacionales que sitúan la violencia en el contexto de las relaciones afectivas.
Un descenso moderado con fuerte concentración por edad.
De acuerdo con el INE, la tasa de mujeres víctimas de violencia de género se sitúa en 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años, manteniéndose como un indicador relevante de la magnitud del problema. A nivel sociodemográfico, el fenómeno presenta una clara concentración en edades adultas: casi la mitad de las víctimas (47,5%) tiene entre 30 y 44 años, una etapa vital caracterizada por relaciones de pareja estables, convivencia y, en muchos casos, presencia de hijos e hijas.
Este patrón se reproduce también en los hombres denunciados, de los cuales el 47,9% se sitúa en ese mismo rango de edad, lo que refleja una coincidencia generacional entre víctimas y agresores y apunta a dinámicas relacionales específicas en esa etapa del ciclo vital.
Aumento significativo de menores víctimas: una señal de alerta.
Uno de los datos más preocupantes del informe es el incremento del 10,1% en el número de menores víctimas de violencia de género, que alcanzaron los 1.935 casos en 2025.
Estos menores no son víctimas directas en todos los casos, pero sí están expuestos a contextos de violencia, lo que supone un importante factor de riesgo para su desarrollo psicológico. La mayoría (1.579) son hijos o hijas de la víctima, lo que indica que la violencia se produce en entornos familiares directos y cotidianos. Del total de menores, 980 eran niños y 955 niñas. Además de los 1.579 hijos o hijas de la víctima, se registraron 277 menores que eran hijos o hijas de la pareja de hecho, 54 del cónyuge y 25 otros menores que convivían en el entorno familiar.
Desde la psicología, la exposición a violencia en el hogar se asocia a consecuencias en múltiples ámbitos: problemas emocionales, ansiedad, dificultades de regulación conductual, alteraciones en el apego y mayor probabilidad de reproducir patrones de violencia en etapas posteriores de la vida. Este aumento, por tanto, no solo tiene una dimensión estadística, sino también un profundo impacto en la salud mental infanto-juvenil.
La violencia persiste tras la ruptura de la relación.
El análisis de las relaciones entre víctimas y denunciados confirma que la violencia de género se produce fundamentalmente en el ámbito de la pareja o expareja. El 36,4% de las mujeres mantenía una relación de pareja o expareja de hecho, y el 40,8% eran novias o exnovias.
Especialmente relevante es el incremento de los casos en exnovias (+7,0%) y excónyuges (+4,1%), lo que refuerza la evidencia de que la violencia no finaliza necesariamente con la ruptura de la relación. Este aspecto es clave desde el punto de vista de la intervención psicológica y la protección, ya que pone de manifiesto la necesidad de mantener medidas de apoyo y seguimiento tras la separación.
Desigualdades territoriales: un fenómeno heterogéneo.
El informe evidencia importantes diferencias territoriales en la incidencia de la violencia de género. Mientras que la media nacional se sitúa en 1,5 víctimas por cada 1.000 mujeres, algunas zonas presentan tasas significativamente superiores, como Melilla (4,8), Ceuta (2,6) o La Rioja (2,6).
En el extremo contrario, comunidades como País Vasco y Cataluña (0,7) o la Comunidad de Madrid (0,9) registran tasas más bajas. Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores estructurales, sociodemográficos y culturales, así como con la capacidad de detección, denuncia y acceso a recursos.
Más de 98.000 medidas cautelares: magnitud del sistema de protección.
En 2025 se dictaron 98.551 medidas cautelares en asuntos de violencia de género, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al año anterior.
A pesar de esta reducción, el volumen absoluto sigue siendo muy elevado, lo que pone de manifiesto la intensidad del sistema de protección judicial. La mayoría de estas medidas (73,3%) fueron de carácter penal, frente al 26,7% de carácter civil, reflejando el peso de la respuesta penal en este tipo de violencia.
Aumenta la violencia doméstica: una tendencia en sentido contrario.
Frente a la evolución descendente de la violencia de género, la violencia doméstica presenta una tendencia opuesta. En 2025 se registraron 9.513 víctimas, un 7,4% más que el año anterior.
Aunque las mujeres siguen siendo mayoría (60,9%), destaca la presencia de un 39,1% de hombres víctimas, lo que introduce un matiz relevante en el análisis de este tipo de violencia. En cuanto a las personas denunciadas, se registraron 7.590, de las cuales 5.441 fueron hombres (un 7,4% más) y 2.149 mujeres (un 0,2% menos). Asimismo, 376 personas figuraron simultáneamente como denunciadas y víctimas en asuntos de violencia doméstica, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior.
Además, la relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada indica la existencia de situaciones con múltiples víctimas dentro de un mismo núcleo familiar.
Las relaciones familiares más frecuentes fueron las de padre o madre (36,4%), seguidas de hijos o hijas (24,3%) y hermanos o hermanas (9,5%), lo que subraya el carácter intrafamiliar y complejo de esta violencia. En términos absolutos, se registraron 3.550 víctimas en relación de padre o madre, 2.368 hijos o hijas, 925 hermanos o hermanas, 162 abuelos o abuelas, 72 nietos o nietas y 2.671 casos correspondientes a otras relaciones.
Incremento de medidas cautelares y predominio de lo penal.
En violencia doméstica se dictaron 18.620 medidas cautelares, un 3,8% más que en 2024.
En este ámbito, el peso de las medidas penales es aún mayor que en violencia de género, alcanzando el 91,0%, frente al 9,0% de carácter civil.
Más condenas pese al descenso de víctimas.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es el aumento de las condenas. En violencia de género se registraron 40.929 hombres condenados, un 4,8% más, mientras que en violencia doméstica las condenas aumentaron un 16,6%, hasta 10.757 personas.
Este incremento, especialmente notable en violencia doméstica, puede interpretarse como un reflejo de la acumulación de procedimientos o de una mayor eficacia en la respuesta judicial.
Tiempos judiciales: la mayoría de los casos se resuelven en menos de un año.
El informe también aporta datos relevantes sobre la duración de los procedimientos. En violencia de género, el 72,3% de los casos se resolvió con sentencia firme en menos de un año, mientras que en violencia doméstica este porcentaje fue del 62,7%.
Aunque estos datos indican una relativa agilidad judicial, también evidencian que una parte significativa de los casos se prolonga durante varios años, lo que puede tener consecuencias importantes para las víctimas desde el punto de vista psicológico.
Una realidad compleja con importantes implicaciones en salud mental.
En conjunto, los datos del INE reflejan una realidad compleja en la que conviven tendencias aparentemente contradictorias: descenso de víctimas de violencia de género, aumento de menores afectados, incremento de la violencia doméstica y crecimiento de las condenas.
Desde el ámbito de la psicología, estos resultados refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que aborden no solo la protección jurídica, sino también el impacto emocional, conductual y social de la violencia. La atención a la salud mental de las víctimas —especialmente en infancia, adolescencia y contextos familiares— resulta clave para prevenir consecuencias a largo plazo y favorecer procesos de recuperación.
Asimismo, los datos subrayan la importancia de seguir fortaleciendo las estrategias de prevención, detección temprana e intervención psicológica, así como la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y judicial.
La EVDVG, basada en la explotación de registros administrativos del Ministerio de Justicia, constituye una herramienta fundamental para el análisis de este fenómeno y para el diseño de políticas públicas orientadas a su erradicación.
Se puede acceder a la nota de prensa a través de la página web del INE o bien directamente aquí.