Once miembros del Parlamento Europeo y nueve organizaciones europeas que representan a personas con discapacidad, a personas con problemas de salud mental y a entidades profesionales y proveedoras de apoyos -entre ellas, el Foro Europeo de Discapacidad y Mental Health Europe-, han firmado un comunicado conjunto instando al Consejo de Europa a retirar el borrador de Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (conocido como Convenio de Oviedo), manifestando que, con su adopción se consolidarían medidas perjudiciales -como el internamiento involuntario, la coerción y el tratamiento forzoso-, que podrían impedir alternativas más viables y saludables en el ámbito de la salud mental.
Asimismo, recuerdan que esta misma advertencia ha sido ratificada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha adoptado recientemente un dictamen negativo sobre el Protocolo del Convenio, señalando también que su aprobación podría legitimar y ampliar prácticas de coacción en los sistemas de cuidado de la salud mental en Europa.
¿Qué es el Protocolo de Oviedo y por qué no debería aprobarse?
El Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, conocido como Convenio de Oviedo, es un tratado internacional firmado por los Estados Miembros del Consejo de Europa, diseñado para proteger la dignidad y los derechos humanos ante los avances biológicos y médicos, estableciendo principios éticos aplicables a la práctica médica y la investigación.
Desde que, en el año 2013, el Comité de Bioética del Consejo de Europa decidiese redactar un Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo con el propósito de incluir y regular las medidas de tratamiento e ingreso involuntarios en salud mental, las organizaciones que representan a personas con discapacidad y a sus familiares, así como organizaciones de personas con problemas de salud mental, junto con expertos de las Naciones Unidas, e incluso los órganos internos del Consejo, han criticado enérgicamente el trabajo del Comité de Bioética, pidiendo que se retire el borrador, al considerarse que puede entrar en contradicción con normas internacionales de Derechos Humanos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Las críticas en torno a este borrador son unánimes, manifestando que su contenido confunde coerción con cuidados, y que, al permitir la institucionalización involuntaria, el texto corre el riesgo de consolidar prácticas de coacción, como la medicación forzosa, la contención física o química, los ingresos involuntarios y el aislamiento de personas con dificultades de salud mental sin su consentimiento.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también insta a frenar el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo.
Aunque el borrador del Protocolo estaba paralizado desde el año 2022, el Consejo de Europa ha retomado nuevamente el proceso para votar el texto.
Como señalábamos en párrafos anteriores, en el marco de este proceso, la Asamblea Parlamentaria del Consejo ha valorado el texto del borrador del Protocolo de Oviedo, emitiendo una dictamen negativo sobre el mismo en su estado actual, al considerar que adopta un enfoque erróneo para regular el uso del tratamiento involuntario y el ingreso en salud mental.
En su texto, la Asamblea Parlamentaria observa que el ex Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, las organizaciones de la sociedad civil y diversos organismos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se oponen firmemente al proyecto de protocolo, en particular, por considerarlo incompatible con la CDPD, dado que su aprobación dificultaría la abolición de las prácticas coercitivas en los centros de salud mental. En lugar de avanzar hacia la abolición de prácticas coercitivas, el Protocolo propuesto podría entorpecer los esfuerzos nacionales y europeos por desarrollar modelos de atención comunitarios, centrados en el respeto de los derechos individuales y la participación plena de las personas en las decisiones sobre su tratamiento.
Ante esto, manifiesta que el Consejo de Europa, como principal organización regional de derechos humanos, debe integrar plenamente en su labor el cambio de paradigma iniciado por la CDPD. Por consiguiente, recomienda al Comité de Ministros del Consejo que, de forma previa a cualquier decisión en torno al proyecto, encargue un estudio para determinar su compatibilidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Si bien reconoce la necesidad de establecer un marco para las medidas excepcionales de último recurso, considera que los Estados miembros deben centrar sus esfuerzos en el respeto de la autonomía de las personas, de conformidad con las directrices de la CDPD. Dado que el objetivo final sería la eliminación gradual de las medidas involuntarias, invita al Comité de Ministros a considerar la posibilidad de proceder mediante un instrumento más flexible que un protocolo -por ejemplo, una recomendación-, e incluso, a replantear la iniciativa, orientándola hacia la creación de guías que promuevan la eliminación de la coerción en la atención en salud mental, en lugar de consolidar un marco jurídico que facilite su práctica.
Hacia un enfoque de Derechos Humanos en salud mental.
Sin embargo, este dictamen de la Asamblea no es vinculante y la decisión final sobre el futuro del protocolo corresponde al Comité de Ministros.
Por este motivo, las organizaciones europeas, junto con los eurodiputados, han lanzado el comunicado conjunto, solicitando a dicho Comité que tengan en cuenta la posición de la Asamblea Parlamentaria, y pidiendo la retirada definitiva del Protocolo Adicional, ya que «está obsoleto», y su adopción «sería perjudicial para la población de toda Europa, al suponer un paso atrás en la promoción de modelos de atención respetuosos con los derechos humanos».
En este sentido, señalan que, quienes buscan impulsar el Protocolo, ignoran sus inevitables perjuicios, así como las alternativas viables a la coerción, como se describe en la iniciativa QualityRights de la OMS y el informe del Compendio del Consejo de Europa: Buenas prácticas para promover medidas voluntarias en los servicios de salud mental.
Teniendo esto en cuenta, retirar el texto permitirá a Europa sumarse a la tendencia de cambio hacia servicios y sistemas de salud mental basados en los derechos humanos.