El pasado mes de junio, el Consejo de la Unión Europea aprobó el Plan de Acción de la UE sobre Drogas para 2021-2025, a través del cual se recogen las acciones concretas necesarias para alcanzar las prioridades de la Estrategia de la UE en materia de drogas, adoptada en diciembre de 2020.

La Estrategia de la UE en materia de lucha contra las drogas 2021-2025 proporciona el marco político general y las prioridades de actuación de la Unión Europea para dicho período y tiene como objetivo proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y del individuo, promover la salud pública, ofrecer un alto nivel de seguridad y bienestar para el público en general e incrementar la alfabetización sanitaria.

Todo ello, bajo un enfoque basado en la evidencia, integrado, equilibrado y multidisciplinario del fenómeno de las drogas a nivel nacional, de la UE e internacional, con la preservación de los Derechos Humanos como eje central, e incorporando, a su vez, una perspectiva de igualdad de género y equidad en salud.

El Plan de Acción sigue el enfoque, persigue las metas y objetivos, y se fundamenta en los mismos documentos e información que la Estrategia. Al implementarla, el Plan de Acción aborda los desafíos existentes y en evolución del fenómeno de las drogas, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia de la COVID-19 y anticipando los desafíos futuros.

Para tal fin, establece las acciones a implementar para alcanzar las once prioridades estratégicas de la Estrategia, recogidas en tres áreas de política (reducción de la oferta de drogas: mejora de la seguridad, reducción de la demanda de drogas: servicios de prevención, tratamiento y atención, y abordar los daños relacionados con las drogas), y tres ejes transversales en apoyo a las mismas (cooperación internacional, investigación, innovación y prospectiva, y coordinación, gobernanza e implementación).

En el marco de la reducción de la oferta de drogas/mejora de la seguridad, el Plan se centra en todos los aspectos del mercado de drogas ilícitas e incluye la prevención, la disuasión y la interrupción de los delitos relacionados con las drogas, concretamente, la delincuencia organizada, mediante la cooperación judicial y policial, la inteligencia, la interdicción y el decomiso de activos delictivos, investigaciones y gestión de fronteras. Esta área prioritaria se ha mejorado aún más en comparación con la establecida en la Estrategia 2013-2020, para dar respuesta a los desafiantes desarrollos en los mercados europeos de drogas. Estos se caracterizan por una alta disponibilidad de diversos tipos de drogas, incautaciones cada vez mayores, uso cada vez mayor de la violencia y enormes ganancias, así como la utilización de plataformas de redes sociales, aplicaciones e Internet y darknet (Web oscura) para el tráfico ilícito de drogas. Tales características se han incrementado durante la crisis del COVID-19.

Por otro lado, el ámbito de la política de reducción de la demanda de drogas consta de una serie de medidas de refuerzo mutuo que incluyen la prevención, la detección e intervención tempranas, el asesoramiento, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y la recuperación.

En este ámbito, la UE considera prioritario:

• La implementación amplia de intervenciones y estrategias de prevención universales y ambientales basadas en la evidencia para lograr la salud y el bienestar, incluidas las que fomentan la resiliencia, aumentan la alfabetización en salud y promueven las habilidades para la vida y las oportunidades para elegir estilos de vida saludables.

• Las medidas basadas en evidencia deben estar disponibles para ayudar a las personas que experimentan desventajas particulares y múltiples y que pueden ser más vulnerables a los riesgos asociados con el uso de drogas, y al desarrollo de patrones de uso de drogas de riesgo. La prevención efectiva debe ser apropiada al contexto social local y a las necesidades de la población objetivo, estar informada por evidencia científica y ser segura y efectiva.

• Para llegar a los y las jóvenes, se deben aprovechar al máximo los nuevos e innovadores canales de comunicación digital. Las medidas implementadas deben estar basadas en la evidencia y apoyar las relaciones positivas con los compañeros y las compañeras y con los adultos. Un grupo destinatario importante para las actividades de prevención serán los jóvenes en múltiples entornos, entre ellos, las familias, los centros educativos, la vida nocturna, el ámbito laboral, la comunidad e Internet y las redes sociales.

• Ofrecer y, cuando sea necesario, aumentar la disponibilidad de medidas eficaces para prevenir el desarrollo de trastornos graves por consumo de drogas mediante intervenciones tempranas adecuadamente dirigidas a las personas en riesgo de tal progresión, facilitando la colaboración entre todas las partes interesadas, incluidos los padres y las familias. El documento considera fundamental hacer un mejor uso de los profesionales de la atención primaria de la salud para mejorar la identificación de usos problemáticos y ofrecer intervenciones breves y tempranas.

• Garantizar el acceso voluntario a una amplia gama de servicios efectivos basados en evidencia, que incluyen asesoramiento profesional, tratamiento psicológico y social, conductual y asistido por medicamentos, incluida la terapia de mantenimiento con opioides centrada en la persona, rehabilitación, reintegración social y programas de apoyo a la recuperación, y que trabajen en estrecha coordinación y colaboración con otros servicios de asistencia sanitaria y social.

• Identificar y eliminar las barreras de acceso al tratamiento, garantizando y ampliando la cobertura de los servicios de tratamiento y atención según las necesidades individuales. Esto también puede incluir ofertas de salud electrónica, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19. Las barreras de acceso también deben reducirse con respecto a las características clave del grupo objetivo, como factores demográficos (por ejemplo, edad, género, educación, antecedentes culturales), factores situacionales (por ej., pobreza, circunstancias familiares, círculo social, falta de vivienda, migración, etc.). encarcelamiento) y factores personales (por ej., salud física y mental, discapacidades, bienestar psicológico).

• Reducir el estigma. Es trascendental abordar la estigmatización vinculada al consumo de drogas y los trastornos por consumo de drogas, principalmente, porque este estigma puede tener un efecto perjudicial sobre la salud mental y física de las personas que consumen drogas y, a su vez, podría actuar como una barrera para buscar apoyo. En este sentido, insta a tener en cuenta en el desarrollo de políticas la inclusión de personas que han experimentado el estigma relacionado con las drogas.

• Implementar ampliamente tratamientos y cuidados que aborden las necesidades específicas de las mujeres, identificando y abordando mejor las barreras que enfrentan las mujeres para participar y buscar servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación. Estas barreras incluyen violencia doméstica, trauma, estigma, problemas de salud física y mental, problemas de embarazo y cuidado de niños, todos los cuales pueden verse agravados por factores demográficos, socioeconómicos, situacionales y personales. Para una mayor eficacia en la prestación de servicios, ésta debe ser sensible a las necesidades específicas y las experiencias de vida de las mujeres con problemas de uso de drogas, reconociendo, entre otros aspectos, que los patrones y problemas de uso de drogas pueden diferir de los experimentados por los hombres.

• Implementar modelos de atención que sean adecuados para grupos con necesidades especiales de atención, reconociendo la diversidad entre las personas que consumen drogas y emprendiendo medidas para brindar servicios orientados al abordaje de esta diversidad. Según el documento, estos grupos incluyen a: niños y jóvenes, personas mayores con antecedentes de uso y dependencia de drogas a largo plazo, personas con problemas de salud mental comórbidos , LGBTI, personas con policonsumo de drogas, personas que consumen drogas y también son padres, personas con discapacidad, minorías étnicas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, personas que se dedican al trabajo sexual y la prostitución y personas sin hogar.

En lo referente al abordaje de los daños relacionados con las drogas, se incluyen medidas y políticas para prevenir o reducir los posibles riesgos y daños sociales y de salud para los usuarios y las usuarias, la sociedad y en el entorno penitenciario. Cubre aspectos como la reducción de la prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas, la prevención de sobredosis y muertes relacionadas con las drogas y la provisión de alternativas a las sanciones coercitivas.

El Plan de Acción alinea todas estas prioridades y acciones estratégicas, con un cronograma específico a seguir, una lista de partes implicadas responsables de implementarlas y un conjunto de indicadores basados ​​en los mecanismos de reporte existentes. De este modo, se facilita la evaluación de la eficacia global del Plan de Acción.

Tal y como prevé el Consejo de la Unión Europea, para 2025, las prioridades y acciones en el campo de las drogas ilícitas, coordinadas a través de la Estrategia e implementadas a través del Plan de Acción, deberían tener un impacto general en los aspectos clave de la situación de las drogas en toda la UE. La aplicación coherente, eficaz y eficiente de las medidas debería garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, estabilidad y seguridad social y contribuir a la sensibilización, minimizándose las posibles consecuencias negativas no deseadas asociadas con la implementación de las acciones y promoviendo los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible.

Se puede acceder al Plan a través del siguiente enlace:

EU Drugs Action Plan 2021-2025