En 2025 se han registrado 18.563 agresiones a profesionales del SNS (lo que equivale 24,37 por cada 1.000 profesionales), principalmente, de carácter no físico -incluyendo insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios-, y siendo las mujeres las que concentran la mayoría de las agresiones (80% frente al 20% de los hombres).

Estos son algunos de los preocupantes datos del nuevo «Informe anual sobre agresiones a los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2025», presentados ayer, 12 de marzo, por el Ministerio de Sanidad, en el marco del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.

El documento ha sido elaborado por Grupo de Trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del SNS, del Ministerio de Sanidad, y consiste en un análisis del alcance y características de las agresiones notificadas en el ámbito sanitario a nivel nacional, con información aportada por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) publicado en 2025, y cuyas cifras, correspondientes al pasado año 2025, evidencian, un año más, el aumento constante y paulatino de notificaciones de agresiones por parte de profesionales de la salud.

Tal y como vienen señalando estos expertos y expertas en su informe, los y las profesionales en el ámbito sanitario son el principal activo del Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de ello, son un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional. Situaciones violentas que les ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad y en la salud de la persona afectada, como en el Sistema Sanitario en su conjunto. Por ello, es preciso desarrollar e implantar medidas preventivas y, de manera simultánea, proporcionar a los y las profesionales en este ámbito protección frente a este tipo de violencia en su lugar de trabajo.

De acuerdo con los nuevos datos, en el año 2025, se notificaron un total de 18.563 agresiones en el conjunto de categorías profesionales del SNS, lo que supone 24,37 notificaciones de agresiones por cada 1.000 profesionales del SNS, registrándose un incremento de 1.493 casos con respecto a los datos notificados del año 2024 (esto es, un aumento del 8,74%, si bien el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores, ya que entre 2023 y 2024, cuando el porcentaje subió un 15,74%).

18.563 agresiones a profesionales del SNS en 2025, en su mayoría no físicas y con mayor impacto en mujeres.

Se mantiene así la tendencia constante y paulatina en el incremento de las notificaciones de agresiones detectada desde 2020, año en que las notificaciones de agresiones se redujeron en la mayoría de las CCAA, debido, en opinión del Grupo de Trabajo del Ministerio de Sanidad, «probablemente, a la pandemia causada por la COVID-19, que limitó tanto la actividad presencial en los centros de salud de atención primaria, como en las consultas en la atención especializada, priorizando la atención por vía telefónica».

Se registran diferencias en función del género del o de la profesional agredido/a, siendo en el 80% de las notificaciones una mujer (frente al 20% de los hombres). Cabe señalar la importancia presencia femenina entre los y las profesionales sanitarios/as del SNS (un 76%, según el Ministerio de Sanidad). Esta discrepancia de género se ha mantenido constante en los últimos años, con notificaciones de agresiones por parte de mujeres en mayor proporción que de hombres.

Según el rango de edad, las mayor parte de profesionales/as agredidas/os tienen entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 años el que registra el mayor número de notificaciones. 

Más agresiones en atención primaria y entre personal facultativo y de enfermería.

Por otro lado, en relación con el nivel asistencial, se han notificado más agresiones en atención primaria (AP) (51%), seguido de la atención hospitalaria (47%), mientras que las emergencias extrahospitalarias registran un porcentaje menor del total de incidentes.

El personal facultativo y el personal de enfermería siguen siendo los colectivos profesionales que reportan un mayor porcentaje de agresiones, con un 34% y un 30%, respectivamente, en comparación con el resto de las categorías profesionales existentes en las instituciones sanitarias (TCAE con un 14%, administrativos con un 14%, celadores, 4% y otros, 5%).

A este respecto, el Grupo de Trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a profesionales del SNS, determina en sus informes 6 campos, agrupando, en cada uno de ellos, a varias categorías profesionales de personal estatutario. Llama la atención aquí, la categoría etiquetada como «otros», y que, con un 5%, englobaría a aquellas categorías profesionales del SNS que han notificado agresiones y que no están comprendidas en los otros 5 campos.

Sería deseable contar con datos desagregados sobre agresiones a profesionales de la Psicología en el SNS.

A falta de datos desagregados relativos a los/as Psicólogos Clínicos del SNS, parece que estos y estas profesionales podrían estar incluidos/as en esta categoría a modo de «cajón de sastre», junto a otros sanitarios y no sanitarios (fisioterapeutas, técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico, biólogos/as, trabajadores/as sociales, limpiadores/as, etc.), sin que se pueda saber con certeza cuántas denuncias corresponden a profesionales de la Psicología Clínica.

Teniendo en cuenta que en el Sistema Nacional de Salud se estima la presencia de entre 2.600 y 2.800 especialistas en Psicología Clínica, es razonable pensar que una parte de ese 5% podría corresponder a estos y estas profesionales, si bien actualmente no es posible realizar una estimación precisa de las denuncias que les afectan. En informes posteriores, sería de interés contar con ese dato desglosado, dado el mayor contacto que tienen estos/as profesionales con los/as pacientes, así como con sus familiares.

La mayoría de agresiones son no físicas y cometidas por pacientes.

Las situaciones de violencia pueden ser de índole física (actos o ataques violentos que implican contacto físico con o sin armas, que pueden o no producir un daño físico o lesión) o no física (insultos, vejaciones, amenazas, coacciones, intento de agresión, acoso por razón de sexo, amenaza con presencia de armas…), con efectos negativos, tanto para la persona afectada como para el sistema sanitario en su conjunto.

Con respecto al tipo de agresión, la mayoría de las agresiones notificadas (un 84,5%) son de tipo no físico (por ejemplo, insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios), frente a las agresiones físicas, que suponen el porcentaje restante.

En el 71% de las situaciones, la persona agresora es el propio usuario o paciente, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes. Por sexo de la persona agresora, los hombres representan el 57% de los casos, y las mujeres el 43%.

Los datos muestran, además, que el 53% de las agresiones corresponden a personas no reincidentes, mientras que el 27% de los agresores ya habían protagonizado incidentes previos, lo que, para Sanidad, evidencia la existencia de un grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia el personal sanitario.

La atención recibida y las demandas del paciente, principales motivos de agresión al personal sanitario.

Los motivos más frecuentes de agresión hacia los y las profesionales sanitarios están relacionados con la atención recibida (29%), seguido de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%). En comparación con 2024, estas tres categorías registran un ligero descenso —del 32% al 28% en el caso de las demandas del usuario, del 32% al 29% en la atención recibida y del 17% al 15% en el acto sanitario o administrativo—, lo que sugiere una variación moderada en la distribución de los factores que desencadenan estos incidentes.

Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos de áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos entornos concentran una mayor interacción con usuarios y acompañantes, lo que incrementa la exposición a situaciones conflictivas.

Se cifran en más de 11.000 las intervenciones policiales por agresiones a profesionales sanitarios en 2025.

Se puede observar también una tendencia al alza en la cifra de denuncias policiales por esta causa, recogidas en el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante el 2025, presentado recientemente por la Policía Nacional, un análisis estadístico de las denuncias interpuestas por los profesionales sanitarios dentro del ámbito de la Policía durante el pasado año, ante representantes de las organizaciones colegiales de medicina, enfermería, odontología, farmacia, y demás profesiones sanitarias, así como directores de seguridad responsables de los distintos departamentos de seguridad del ámbito sanitario. 

En dicho informe, se cifran en más de 11.000 las intervenciones policiales realizadas al respecto –más de 3.500 actuaciones en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias-, practicando 138 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario.

Se han contabilizado un total de 513 denuncias policiales, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior, observándose un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas.

En la misma línea, señala que los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario han sido los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica. Como viene siendo habitual, la profesión sanitaria que más denuncias ha interpuesto son los y las profesionales de la Medicina, seguido de los/as de Enfermería. Y las provincias donde se han registrado más hechos delictivos de esta índole son Sevilla, Málaga y Cádiz.

Una de las posibles razones que podrían explicar el aumento de este tipo de denuncias es la mayor concienciación del problema por parte de los profesionales sanitarios.

Tanto el Ministerio de Sanidad como la Policía Nacional coinciden en apuntar como posible causa del aumento de denuncias por agresión a los y las profesionales del ámbito sanitario, a una mayor sensibilización del problema y cultura de denuncia entre estos/as profesionales (más de 12.000 profesionales sanitarios han recibido formación en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones), asumiendo una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares/acompañantes.

Esto, unido a una mayor receptividad y respaldo tanto por parte de las Administraciones Central y Autonómica, como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Organizaciones Colegiales, podría estar animándolos a denunciar y a notificar agresiones que antes pasaban desapercibidas.

Otra de las razones que viene esgrimiendo el Grupo de Trabajo del Ministerio de Sanidad y que podría explicar el aumento de denuncias de este tipo de agresiones, son las sucesivas modificaciones y actualizaciones que se realizan en los sistemas informáticos de cada comunidad autónoma, que permiten recoger más exhaustivamente los diversos datos solicitados, junto con una mayor colaboración y coordinación entre las instituciones sanitarias.

Se estima que muchas de las agresiones sufridas por profesionales siguen sin ser comunicadas ni denunciadas.

Todas estas cifras ponen de relieve que el problema de las agresiones al personal de la salud continúa siendo una realidad y un problema de gran relevancia que afecta a la integridad física y bienestar psicológico de quienes desempeñan su actividad profesional en el ámbito sanitario, y provoca una reducción de la calidad y la cohesión del Sistema Sanitario en nuestro país.

No obstante, tanto el Ministerio de Sanidad como la Policía Nacional tienen en cuenta la probabilidad de que los datos recogidos sólo muestren una parte de la realidad, y que todavía, muchas de las agresiones e incidentes violentos sufridos por profesionales del SNS sigan sin ser comunicados ni denunciados.

De hecho, según señala un estudio reciente  publicado en la revista Ansiedad y Estrés, y desarrollado por investigadores del Hospital Clínico San Carlos y de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, constituye una realidad silenciada que afecta de forma directa a la salud mental de los trabajadores sanitarios y a la sostenibilidad del sistema.

Los autores de este estudio estiman una infradeclaración del 83,1% de las agresiones por parte de los y las profesionales sanitarios, lo que, a su juicio, supone que más de cuatro de cada cinco agresiones no llegan nunca a registrarse oficialmente, cuestionando así la fiabilidad de los datos oficiales y dificultando una adecuada planificación preventiva.

Es necesario seguir visibilizando esta problemática y concienciando sobre ella.

Asimismo, el estudio advierte del problema creciente y de alto impacto que supone la violencia laboral en el sector sanitario, recordando que el riesgo de sufrir agresiones en el ámbito sanitario es significativamente superior al de otros sectores y que las consecuencias más frecuentes incluyen estrés, ansiedad y depresión, además de un deterioro de la calidad asistencial.

Las consecuencias no son únicamente individuales. Las agresiones incrementan el absentismo, la rotación del personal y los accidentes laborales, disminuyen el rendimiento y pueden favorecer errores diagnósticos y eventos adversos.

Además dado que solo se declara una fracción de las agresiones, las cifras reales podrían ser sensiblemente superiores, lo que agrava el impacto económico y social del problema.

Por este motivo, es necesario seguir visibilizando esta problemática, concienciando y sensibilizando, tanto a los/as propios/as profesionales, como a la población en general. Para tal fin, es crucial un abordaje integral que involucre a todo el personal que desarrolla su actividad profesional en el Sistema Sanitario, las administraciones públicas y la sociedad, siendo clave también un respaldo jurídico sólido y eficaz.

Además de las medidas adoptadas a nivel nacional, en el ámbito autonómico también se han establecido una serie de medidas, como desarrollo o actualizaciones de normativas, protocolos de actuación, guías, campañas, etc., para aumentar la calidad de la protección y seguridad a los/as profesionales del SNS en cada uno de sus territorios y hacer frente a las agresiones en el ámbito de la salud.

Entre ellas, destacamos las siguientes, que evidencian un compromiso con la salud mental y con la atención psicológica ante este tipo de situaciones:

• En el Servicio Andaluz de la Salud (SAS), se diseñó en 2024 un apartado específico en la Web del SAS destinado a las agresiones, publicando además el documento «Banco de Buenas Prácticas» que recoge distintas acciones y medidas encaminadas a prevenir las agresiones y minimizar sus consecuencias, y por otro lado a mejorar la atención recibida y percibida por las personas trabajadoras de los centros asistenciales del SAS tras una agresión.

• El Servicio Aragonés de Salud aprobó en 2025 la Orden SAN/234/2025, de 28 de febrero, por la que se da publicidad al Plan de Prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a los profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Por su parte, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha aprobado el Decreto 11/2025, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el observatorio de agresiones a profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

• El Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut), cuenta, desde 2022, con el Observatorio de salud mental (OSMIB) y desde 2025 con un Protocolo de actuación para prevenir y manejar agresiones telefónicas en IB-Salut.

• En Cataluña, el Servicio Catalán de Salud (CatSalut), a través del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario, brinda apoyo médico y psicológico por parte del Servicio de Prevención a profesionales del SNS que sufren agresiones.

• El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) aprobó, en diciembre de 2024, en el seno de la Comisión Central de Seguridad y Salud, el plan de medidas de riesgo psicológico y social que incluye un eje específico “Plan de Prevención de la violencia externa”; este eje se estructura en 4 medidas, desglosadas en 9 acciones a implementar entre 2025 y 2026.

• La Rioja, mediante el Servicio Riojano de Salud formalizó en 2016 el contrato de la póliza de seguro de responsabilidad civil y patrimonial para los centros dependientes del SERIS, y su personal, incluyendo apoyos psicológico y jurídico a trabajadores/as que han sufrido agresión. Asimismo, tiene un acuerdo con el Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones en el ámbito sanitario, para registrar los incidentes originados por pacientes de salud mental.

• El Servicio Murciano de Salud (SMS) de la Región de Murcia, implementó en 2021 un Plan de prevención de la conflictividad en centros de atención primaria, en colaboración con el Servicio de Psicología de la Universidad de Murcia, mejorando, posteriormente, en 2022, el circuito de derivación a Mutua para asistencia sanitaria y/o psicológica tras una agresión.

Puede ser de interés conocer el porcentaje de denuncias que corresponde específicamente a cada una de las categorías profesionales que integran el campo profesional etiquetado como «otros».

Como señalábamos anteriormente, con el fin de visibilizar mejor esta grave problemática y poder emprender acciones eficaces, una medida que se podría tener en cuenta para futuros análisis sería la de desagregar los datos correspondientes al campo profesional etiquetado como «otros», en aras de conocer de forma específica el porcentaje de denuncias correspondiente a cada una de las categorías profesionales que lo integran, especialmente, en el caso de la Psicología Clínica, al ser una de las que más atención directa tiene con los/as pacientes.

De este modo, podrán tomarse medidas específicas en aquellos casos y situaciones que entrañan más riesgo de sufrir agresión psicológica y/o física, determinando los posibles factores que podrían propiciarla para cada una de las categorías profesionales y poder establecer así el seguimiento oportuno.