La necesidad de regular las profesiones que intervienen directamente con las personas, fijando una formación mínima y delimitando claramente sus competencias, constituye una de las principales demandas en el ámbito de la intervención social en España. Así lo afirma Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a presidencia del Consejo General de la Psicología de España y Catedrático de Psicología Social, en una reciente entrevista realizada por Infocop.

Tal y como señala Chacón, la ausencia de esta regulación ha favorecido la aparición de conflictos competenciales y situaciones de intrusismo profesional, lo que se traduce, a su vez, en una menor calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En este contexto, y en el marco de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se ha abierto un nuevo escenario para avanzar en esta cuestión. En concreto, el Grupo Parlamentario Junts ha registrado una enmienda que introduce la obligación de que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de La ley, un Proyecto de Ley de Profesiones de la Intervención Social.

La inclusión de esta enmienda supone un paso relevante hacia el reconocimiento y ordenación de unas profesiones que desempeñan un papel clave en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad. La propuesta busca, entre otros aspectos, avanzar en la definición de competencias profesionales, establecer criterios comunes de formación y cualificación, y reforzar la calidad y seguridad de las intervenciones en el ámbito psicológico y social.

Para profundizar en el alcance de esta iniciativa, el papel desempeñado en la misma por el Consejo General de la Psicología y las implicaciones que podría tener en el desarrollo de una futura ley estatal, Infocop ha querido entrevistar a Fernando Chacón -impulsor de la enmienda-, quien analizará en detalle el contexto, la necesidad de esta regulación y las expectativas en torno a su tramitación parlamentaria.

ENTREVISTA

A modo de introducción, sabemos que el COP, a iniciativa suya, ha impulsado una propuesta de enmienda en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de Dependencia, orientada a promover una futura Ley de Profesiones de la Intervención Social, que ya ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Junts en el Congreso de los Diputados.

¿Podría explicarnos en qué consiste dicha enmienda y qué supone, en términos prácticos, su inclusión para impulsar una futura Ley de Profesiones de la Intervención Social en el marco de la Ley de Dependencia?¿Concretamente, qué papel ha desempeñado la Organización Colegial en su desarrollo y presentación?

Lo primero que hay que resaltar es que esta propuesta presentada por Junts ha sido realizada por iniciativa del Consejo General de la psicología desde la legislatura pasada. Junto con el Consejo de trabajo social y el Consejo de educación social nos hemos reunido en diversas ocasiones con el  Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y en una de esas reuniones, se nos comentó que estaba en marcha la modificación de la Ley de Dependencia. Fue entonces, en ese momento, cuando se nos ocurrió proponer a los grupos parlamentarios que introdujeran una enmienda en el texto para instar al Gobierno a presentar un Proyecto de ley que regule las Profesiones de la Intervención Social en un plazo de un año.

¿Podría explicarnos por qué es especialmente necesario avanzar en la regulación de las profesiones de la intervención social en este momento?

En nuestra opinión todas las profesiones que intervienen con personas deberían estar reguladas. Es preciso fijar cuál es la formación mínima que deberían tener las profesiones que atienden a personas y, además, es necesario delimitar sus competencias. La Directiva de Servicios de la Unión Europea considera los Servicios Sociales a la familia y a la infancia como un fin de interés general y, por lo tanto, posibilita que se regulen las profesiones que intervienen en estos ámbitos. Sin embargo, a diferencia de las profesiones sanitarias, que están ampliamente reguladas en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Gobierno de España, hasta ahora, no ha abordado la regulación de las profesiones de la intervención social, lo que ha llevado a que se den conflictos de competencias y que haya proliferado el intrusismo. Esto, a su vez, redunda en una menor calidad de los servicios a los ciudadanos.

¿De qué manera una ley específica podría contribuir a mejorar la calidad y la seguridad de las intervenciones con colectivos vulnerables, como la infancia y las familias?

Una ley de los profesionales de la intervención social, como he mencionado anteriormente, fijaría qué formación sería necesaria en todo el Estado para desarrollar esas profesiones. También delimitaría las competencias de cada una de ellas, y evitaría -o limitaría en cierto modo- el enorme intrusismo que existe en este ámbito. Todos estos aspectos, redundarían, sin duda, en una mayor calidad de las intervenciones en familia e infancia.

Uno de los ejes que se viene planteando es garantizar una formación y cualificación adecuadas de los y las profesionales. ¿Qué carencias existen actualmente en este ámbito?

La carencia fundamental es que, al no estar regulados los títulos que dan acceso a las profesiones, no están fijados los conocimientos que debe de tener un o una profesional que intervenga en el área y, en concreto, en Psicología de la Intervención Social. Como han puesto de manifiesto los estudios llevados a cabo por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología, existe una enorme diversidad en el Grado de Psicología y, probablemente, hay una carencia de conocimientos específicos para intervenir en el área de la intervención social. Ante esto, una norma que regule la profesión en el ámbito de la intervención social, redundaría, sin duda, en una mayor competencia por parte de los y las profesionales de la psicología que quieran dedicarse a este ámbito de intervención.

¿Qué expectativas tienen respecto al apoyo del resto de Grupos Parlamentarios y a la posible incorporación definitiva de esta enmienda al texto de la Ley?

Bueno, precisamente, avanzar en la regulación de las profesiones de la intervención social ya estaba planteado en el debate político de esta legislatura, lo cual, en principio, podría dar una pista del posible apoyo a esta enmienda.

Por otra parte, justamente, el pasado día 20 de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales abrió una consulta pública previa del Proyecto de Ley por el que se regulan las profesiones de la intervención social, y esto también es un hito, en el sentido de que es algo que venían demandando los tres Consejos Generales (Trabajo Social, Educación Social y Psicología). De hecho, desde la legislatura anterior hemos mantenido muchas entrevistas con el Ministerio para impulsar esta norma y por fin ha dado sus frutos. Lógicamente, el Ministerio está detentado por la plataforma Sumar y esperemos que también el grupo parlamentario de Sumar pueda apoyar esta enmienda, en línea con la medida adoptada por el Ministerio.