La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado un informe sombra, a través del cual analiza el grado de cumplimiento en España de los artículos 25 y 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), relativos al derecho a la salud, habilitación y rehabilitación.

El documento visibiliza importantes brechas que afectan la salud física, mental, emocional y social de las personas con discapacidad física y orgánica (PCDFyO), revelando deficiencias del sistema público, obstáculos en la accesibilidad, discriminación estructural, estigmas persistentes y la necesidad urgente de una atención psicológica adecuada y con enfoque biopsicosocial.

Vulneraciones del derecho a la salud

Pese a los avances normativos, el informe constata que las personas con discapacidad física y orgánica continúan encontrando numerosas barreras en su acceso a la salud. Estas incluyen:

• Limitaciones en la cobertura sanitaria: se constatan dificultades para acceder a servicios especializados, con una atención deficiente en casos de enfermedades crónicas, raras o feminizadas como la fibromialgia. El acceso a tratamientos es desigual y, en el ámbito privado, muchas personas con discapacidad son excluidas de los seguros médicos, lo que agrava la discriminación estructural.

• Falta de accesibilidad: se denuncian barreras físicas en centros de salud, hospitales y consultas, así como señalización inadecuada, plataformas digitales inaccesibles y transporte sanitario no adaptado. Estos elementos limitan seriamente la autonomía y participación social de las PCDFyO, comprometiendo su accesibilidad y reforzando su exclusión.

• Información inaccesible y consentimiento informado no garantizado: las personas con discapacidad denuncian que la documentación y aplicaciones sanitarias, así como los procesos de consentimiento no están adaptados a sus necesidades cognitivas, visuales, auditivas o de comprensión, señalando que, con frecuencia, se ignora su voz en decisiones sanitarias clave. Todo ello vulnera sus derechos fundamentales.

• Discriminación y estereotipos en el trato profesional: persisten prejuicios, estigmas y vulneraciones de derechos en la atención clínica. Se destaca la invisibilización de necesidades específicas y la infantilización del trato, en particular hacia personas mayores o con discapacidades no visibles.

El informe recoge numerosos testimonios de personas con discapacidad que han sufrido un trato deshumanizado, infantilizado y desconsiderado en entornos sanitarios. Entre los ejemplos más destacados, describen situaciones en las que se presupone sordera sin preguntar, impaciencia por parte de los/as profesionales de la salud ante dificultades de comunicación del/de la paciente con discapacidad, tono condescendiente o de superioridad por parte del personal médico, e invisibilización de las necesidades específicas y decisiones unilaterales sobre sus cuerpos o tratamientos.

Estos estigmas, prejuicios y estereotipos perpetúan la exclusión y generan malestar psicológico y emocional, desconfianza en los servicios de salud y baja adherencia terapéutica.

Déficit estructural en salud mental y atención psicológica

Una de las brechas más alarmantes identificadas en el informe es la debilidad de la atención en salud mental. Las personas con discapacidad física y orgánica enfrentan una doble exclusión: por un lado, el sistema ya insuficiente para la población general y, por otro, la inexistencia de programas específicos adaptados a sus necesidades. En el sistema público, se denuncian largos tiempos de espera, escasez de profesionales y una atención centrada casi exclusivamente en la farmacología, sin espacio para intervenciones psicológicas con enfoque rehabilitador e integral, que son prácticamente inexistentes.

El documento destaca el impacto de la discapacidad sobrevenida, que obliga a una profunda reconstrucción de la identidad, generando frecuentemente malestar psicológico y emocional, ansiedad, depresión y desmotivación. En estos casos, el informe lamenta que no se ofrezca acompañamiento emocional ante el diagnóstico, hospitalización o proceso de adaptación cuando ocurre una discapacidad sobrevenida. Las trayectorias vitales de estas personas están marcadas por la medicalización constante, la exclusión social y la soledad no deseada, elementos que contribuyen a un profundo malestar psicológico que, raramente, se aborda desde el sistema sanitario.

Además, el acceso a servicios psicológicos en el sistema público es extremadamente limitado, lo que ha obligado a muchas asociaciones del tercer sector a contratar psicólogos para suplir estas carencias. Según COCEMFE, esta situación constituye una vulneración del derecho a la salud mental y emocional de las personas con discapacidad, que requieren un abordaje integral, continuo y basado en la promoción del bienestar psicológico y social.

Esta ausencia de atención integral y sus consecuencias se traducen en una reducción de la calidad de vida y en el abandono de tratamientos.

Invisibilización en salud sexual y reproductiva

El informe destaca la exclusión sistemática de las personas con discapacidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Según se desprende del informe, se parte del estereotipo de que las personas con discapacidad son asexuadas, sin deseo ni derecho a la maternidad o paternidad. Asimismo, se detecta que las consultas ginecológicas y urológicas no están adaptadas física ni comunicativamente. Concretamente, en mujeres con discapacidad, se denuncia un trato discriminatorio durante el embarazo y se documenta la práctica de esterilizaciones forzosas en el pasado.

Estas situaciones representan una vulneración de derechos humanos y afectan directamente al bienestar psicológico de las personas afectadas.

Interseccionalidad y salud mental: discriminaciones superpuestas

El estudio pone de manifiesto que los estigmas no afectan a todas las personas con discapacidad por igual. Las mujeres, las personas mayores, las personas migrantes, racializadas y los miembros del colectivo LGTBIQ+ sufren discriminaciones interseccionales que agravan su situación. Estas discriminaciones impactan de manera directa y de forma negativa en su salud mental, al exponerlas a situaciones de vulnerabilidad estructural, exclusión y maltrato institucional.

Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, sufren una mayor infantilización y están más expuestas al desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos debido a prejuicios que las consideran asexuadas o incapaces; los niños y las personas mayores con discapacidad enfrentan obstáculos en diagnóstico temprano, falta de acompañamiento y exclusión del sistema; las que residen en áreas rurales ven reducido su acceso a servicios sanitarios, psicológicos y de rehabilitación, ante la lejanía y falta de transporte adecuado; por su parte, las personas migrantes o racializadas enfrentan discriminación institucional, barreras lingüísticas y exclusión del sistema sanitario.

El enfoque biopsicosocial y la atención integral: una necesidad urgente

El informe aboga por un cambio de paradigma en la atención a la salud de las personas con discapacidad. La visión medicalizada debe dar paso a un enfoque biopsicosocial, que entienda la salud como el resultado del equilibrio entre factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales.

En este sentido, el documento subraya la importancia de garantizar una atención integral que incorpore la psicología como disciplina clave en la rehabilitación, el acompañamiento emocional y la mejora de la adherencia terapéutica. Se destaca también el valor del trabajo multidisciplinar que incluya logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, nutricionistas y profesionales de la salud mental.

COCEMFE señala que muchas de las situaciones de exclusión y maltrato percibidas podrían evitarse con una formación adecuada del personal sanitario en discapacidad y derechos humanos. Propone incorporar módulos obligatorios sobre discapacidad en los planes formativos de todas las carreras sanitarias y sensibilizar sobre las discapacidades invisibles, evitando así los estigmas y estereotipos que siguen afectando la atención.

Recomendaciones clave: hacia la equidad en salud

Dado lo anterior, el informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes para garantizar el cumplimiento de la CDPD:

• Refuerzo de la salud mental: Incorporar psicólogos/as expertos/as en discapacidad en el sistema público, establecer programas de atención psicológica específica y asegurar la continuidad del apoyo emocional desde el diagnóstico.

• Universalización de la rehabilitación como derecho: garantizar cobertura homogénea de servicios de rehabilitación en todo el territorio y adaptados a todas las edades, incluyendo a las personas con discapacidad en la planificación sanitaria.

• Accesibilidad total: física, digital, informativa y económica, para garantizar que las PCDFyO puedan ejercer plenamente su derecho a la salud.

• Lucha contra el estigma y los estereotipos: a través de campañas de prevención y centradas en el bienestar, formación profesional y participación activa de las personas con discapacidad en el diseño de políticas de salud.

Conclusión

El informe de COCEMFE ofrece una radiografía detallada y rigurosa de las brechas estructurales que persisten en el sistema de salud español, vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El acceso limitado a la atención psicológica, la persistencia del estigma, la falta de accesibilidad, la medicalización y la falta de tratamiento psicológico y de acompañamiento emocional, así como la discriminación en la atención, son algunos de los retos urgentes a abordar desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad y justicia social.

El documento representa una llamada de atención urgente a los poderes públicos. La exclusión sanitaria de las personas con discapacidad física y orgánica no es solo una cuestión asistencial, sino una vulneración sistemática de derechos humanos. Superar los estigmas, eliminar las barreras de accesibilidad, garantizar la atención psicológica adecuada y adoptar un modelo biopsicosocial de salud no es opcional: es un imperativo ético, legal y social.

Se puede acceder al documento desde la página web de COCEMFE o bien directamente a través del siguiente enlace:

La brecha de derechos en salud de las personas con discapacidad física y orgánica