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Ante esta grave realidad, la Confederación se alinea con la argumentación del Relator Especial de la ONU en su informe sobre el Derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto nivel posible de salud física y mental, a través del cual alerta del modo en que los sistemas de salud mental están dominados por un modelo biomédico reduccionista, que utiliza la medicalización para justificar la coerción como una práctica sistémica y califica las diversas respuestas humanas a los determinantes sociales y subyacentes nocivos (como las desigualdades, la discriminación y la violencia) como "trastornos" que necesitan tratamiento, “socavando y descuidando” de este modo los principios fundamentales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Como ya advertía el Relator Especial en su informe, actualmente existe una inacción mundial respecto del statu quo para hacer frente a las vulneraciones de los Derechos Humanos en los sistemas de atención de la salud mental, que refuerza un inaceptable círculo vicioso de discriminación, desempoderamiento, coerción, exclusión social e injusticia.
En la misma línea, Salud Mental España aboga por reducir radicalmente las prácticas médicas coercitivas, en aras de erradicarlas por otras medidas más eficaces y en consonancia con los DDHH, de acuerdo con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y recordando que la ONU lo considera tortura.
Algunas alternativas propuestas por la Confederación serían las siguientes: desarrollar equipos comunitarios que atiendan las crisis, aumentar los recursos profesionales y modificación de los espacios para hacerlos menos hostiles, brindar apoyos a los y las profesionales para fomentar su implicación en nuevas prácticas alejadas de las relaciones de poder, y reconocer la experiencia y el conocimiento de las personas que han vivido estas situaciones así como su entorno como aportaciones clave en la planificación de servicios.
Fuente: SALUD MENTAL ESPAÑA | 
