“No hay nada que cambie más el comportamiento que el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, bromeaba Florencio Jiménez Burillo, queridísimo colega y compañero fallecido en diciembre de 2020.

Aunque las normas sociales tienen un gran potencial para modificar nuestros comportamientos y para ordenar la convivencia, está claro que cuando esas normas cuentan, además, con un respaldo y una garantía jurídicas, cuando se plasman en una legislación oficial, cualquier transformación, cualquier cambio en la adquisición, promoción o evitación de comportamientos, se ve respaldado y acelerado y cuenta con mayor probabilidad de integración.

Mucha de esta normativa se orienta a la protección de la población, a garantizar su salud y seguridad y a ofrecer un marco jurídico que dote de los mecanismos y medios para promover y proteger el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas: desde la conocida como “Ley antitabaco”, que, en el año 2011, prohibía fumar en bares, restaurantes y otros espacios públicos, hasta la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pasando por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o La ley orgánica de protección del Menor, todos estos son intentos legislativos que han tenido como objetivo introducir y multiplicar los comportamientos saludables, de protección, de concienciación y de cuidado a los diferentes colectivos.  

En línea con la idea de garantizar esa protección y cuidado de las personas, ha ido evolucionando, en paralelo, la normativa relacionada con las profesiones y, muy particularmente, la de aquellas que, como la Psicología, pueden tener un impacto irreversible en la vida de las personas y que pueden alterar su curso definitivamente. Sin embargo, a pesar de los avances que se han ido realizando, no siempre el desarrollo normativo ampara, prima ni garantiza la seguridad de los pacientes, ni su mejor atención. De hecho, nos encontramos, en este momento, con la paradoja de que, a pesar del reconocimiento social, científico y político de nuestra actividad profesional, están siendo otros los intereses -comerciales, de agregados profesionales, políticos…- que están pesando en el redactado de las normas y están acabando por legislar en contra de la lógica y, sobre todo, del mejor interés de la población. Y es esta falta de coherencia entre lo científicamente aconsejable, entre lo que la evidencia científica propone, exige y recomienda y lo que se está operativizando a través del BOE lo que, en este momento, nos trae de cabeza en la organización colegial de la Psicología.

En los últimos dos años la labor de seguimiento parlamentario, de petición e interlocución con las autoridades en relación con las regulaciones que nos afectan, de emisión de informes científico-profesionales destinados a la mejor organización de las propuestas y servicios, ha sido continua y, nos tememos, que no todo lo fructífera que tendría que estar siendo. Sabemos bien que los cambios normativos nos impactan de diversas maneras y que tienen la capacidad de reconocer la labor que se está realizando, o tirar por tierra todo el esfuerzo e impacto del trabajo bien hecho, y son varios los frentes que tenemos abiertos y en los que estamos poniendo todos los esfuerzos y en los que creemos que es necesario seguir remando juntos:

  • En primer lugar, las Cortes Generales están tramitando una Ley General de Salud Mental que, si culmina su aprobación, condicionará nuestra labor en este campo. Una novedad positiva que incorpora esta posible ley es determinar ratios de profesionales por habitantes, con una propuesta de incluir en el sistema sanitario unas 18 psicólogas y psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, lo que, aún lejos de lo deseable y de la experiencia de países como Suecia o Noruega, implicaría un incremento sustancial de los y las profesionales contratados, pues en la actualidad la ratio existente se encuentra en torno al 5,1-5,8, dependiendo de las fuentes consultadas.
  • Además, la ampliación y desarrollo de la profesión en el Sistema Nacional de Salud va unida al incremento de las especialidades sanitarias psicológicas reguladas. Hace años que insistimos, frente a las autoridades competentes, en la urgencia de incorporar otras especialidades, como son la de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, Neuropsicología o Psicooncología y Cuidados Paliativos.  
  • Por otro lado, el Ministerio de Sanidad está preparando una Orden para ampliar las prestaciones de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta podría ser una buena noticia, sin embargo, para nuestra estupefacción, el borrador difundido no incluye, a pesar de la insistencia de políticos y autoridades sobre la necesidad de reforzar la atención a la salud mental, ninguna mejora en este campo. Estamos reclamando que, tal y como señala toda la evidencia, de cara a generar sistemas coste eficientes y a evitar la cronificación de problemas psicológicos, se incorpore como prestación común la asistencia psicológica en la Atención Primaria.
  • Asimismo, la reciente aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, incluye la necesidad de informes periciales (art. 257 Código Civil), que pueden ser realizados por los psicólogos y psicólogas. Esta Ley incluye como cambio que sea suficiente el consentimiento de la madre para la atención psicológica de los menores, sin necesidad de consentimiento del otro progenitor, cuando se está recibiendo asistencia debida a violencia de género (art. 156 Código Civil).  
  • Seguimos, igualmente, reclamando de forma activa la inclusión plena de la Psicología como profesión sanitaria en la Ley 44/2003. La regulación de nuestra profesión sigue siendo una deuda histórica pendiente. Defendemos la conveniencia de que toda la Psicología sea reconocida como profesión de la salud, con independencia de los requisitos legales que regulen cada uno de los ámbitos de intervención y de los modelos de intervención que se utilicen específicamente en cada uno de ellos. No se deben de confundir las competencias de diagnóstico e intervención psicológica que deben de estar reconocidas en el grado, con los requisitos legales para trabajar en un ámbito determinado, y los modelos de intervención utilizados en cada ámbito. Como quiera que sea, es inadmisible el desajuste existente entre el número de graduados y graduadas en Psicología en relación con el número de plazas existentes para cursar el Máster oficial en Psicología General Sanitaria, muy particularmente en el ámbito público, y este desajuste supone una irrealidad de inserción laboral y promueve una brecha en cuanto a igualdad de oportunidades.
  • No hemos perdido el foco, asimismo, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que ha modificado la Ley de Educación en España, y que incluye, como novedad, la necesidad de promover el desarrollo afectivo y la educación emocional del alumnado. Estas labores requieren de una formación cualificada que no posee, lógicamente, el profesorado, y en línea con el trabajo que venimos desarrollando hace más de 6 años, para promover la incorporación de psicólogos en el ámbito educativo, estamos solicitando que sean profesionales de la Psicología expertos en Psicología Educativa los que asuman estas tareas en las escuelas, colegios e institutos.  
  • Finalmente, y el posible redactado y sus consecuencias nos generan gran recelo, el Gobierno de España está preparando una Ley de Servicios Sociales. No cejamos en nuestras tareas para que la misma defina las profesiones sociales imprescindibles, entre las que, tal y como venimos manifestando, debe estar incluida la Psicología, estableciendo, con claridad, las intervenciones para fomentar comportamientos orientados a potenciar el bienestar social de las personas, familias, colectivos y comunidades.

Como ya hemos comentado, estamos muy preocupados por la deriva que todos estos desarrollos legislativos puedan tomar y nos encontramos inmersos en la tarea de lograr cambios normativos que permitan incrementar la excelencia de nuestra profesión y ampliar los servicios que prestamos a la población. En esta labor profesionales, académicos y estudiantes de Psicología debemos trabajar de manera coordinada. La Psicología tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas y nuestra sociedad, así que continuemos trabajando para desplegar sus posibilidades y recordemos que nada cambia más un comportamiento que el BOE. 

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