Buenas prácticas de atención a la salud en el ámbito penitenciario desde el inicio de la pandemia

La irrupción de la COVID-19 ha afectado la vida de casi todas las personas. La aparición del virus SARS-CoV-2 provocó, en un primer momento, que todos los países aplicasen medidas restrictivas, entre ellas, el distanciamiento físico y la imposición de confinamientos a nivel nacional, para limitar la propagación del virus y garantizar que los servicios de salud no se viesen abrumados por las demandas relacionadas con la enfermedad. La pandemia ha ampliado las brechas socioeconómicas y ha cambiado las prioridades políticas a nivel mundial. Asimismo, las consecuencias para la salud mental y física y los efectos sociales y económicos de la pandemia, junto con las medidas adoptadas para combatirla, han afectado más a las comunidades vulnerables y marginadas, incluidas las personas que viven en prisiones y otros lugares de detención.

Con esta introducción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta un informe a través del cual recoge las distintas políticas y prácticas relacionadas con la salud que se implementaron dentro de las prisiones y otros lugares de detención desde el inicio de la pandemia.

Está pensado como un recurso para los responsables de la formulación de políticas, los responsables de gestión penitenciaria y los profesionales de la salud en las prisiones, destacando la preparación, la capacidad de respuesta, la evaluación de riesgos, la mitigación de riesgos y la gestión de casos de COVID-19 dentro de las prisiones, con la finalidad de facilitar el aprendizaje de las experiencias de otros, crear un diálogo entre los y las profesionales y mejorar la preparación y la respuesta al COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en las prisiones.

El documento presenta una selección de buenas prácticas de atención en las prisiones basadas en la evidencia, implementadas en diversos países y regiones, en función de seis criterios específicos que contienen una serie de recomendaciones, entre ellas, las siguientes:

1. Derechos humanos y alternativas al encarcelamiento

• Las medidas no privativas de la libertad deben aplicarse en todas las etapas de la administración de Justicia Penal.

• Cuando se apliquen restricciones en la comunidad en general y en las cárceles, las autoridades deben trabajar para mantener la comunicación entre las personas recluidas en centros penitenciarios y sus familias a través de cualquier medio de comunicación, preferiblemente audiovisual.

• La pandemia de la COVID-19 no debe utilizarse para justificar el cese de la inspección externa de las prisiones y otros lugares de detención.

2. Preparación, planes de contingencia y nivel de riesgo

• Es clave desarrollar un plan de acción multisectorial basado en la evaluación de riesgos y que esté integrado en los planes nacionales.

• Dichos planes deben plantear la anticipación de contingencias, e incluir la vigilancia, los procedimientos de detección, el manejo de casos, o el personal y los recursos disponibles, entre otros aspectos.

• Los planes deben publicarse para garantizar que sean conocidos por todos.

3. Formación y educación

• Es esencial que las personas que viven en las cárceles participen en actividades de sensibilización para que estén bien informadas y puedan comprender las restricciones impuestas con el fin de combatir la pandemia de la COVID-19.

• La formación sobre el conocimiento básico de la COVID-19, incluidos los patógenos, la vía de transmisión, las señales y la progresión clínica de la enfermedad, debe estar disponible para todo el personal penitenciario.

• La formación para todo el personal laboral y las personas que viven en las prisiones también debe cubrir las medidas de prevención ambiental y protección que pueden evitar la propagación de la enfermedad.

• Las herramientas de comunicación deben tener en cuenta las barreras del idioma y las posibles discapacidades intelectuales de los grupos objetivo.

• A modo de ejemplo, en España, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha desarrollado un programa multidisciplinar dirigido a incrementar la autoconciencia sobre los riesgos de la reutilización de drogas entre las personas que viven en centros penitenciarios. Los principales objetivos del programa incluyen sensibilizar a las personas que viven en prisiones y sus familias sobre la pérdida de tolerancia al consumo de drogas y la posible sobredosis, brindar apoyo técnico al personal de atención sanitaria y permitir un enfoque colaborativo entre los profesionales de la salud y de la seguridad y los profesionales de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en las cárceles. Asimismo, se han llevado a cabo talleres para familiarizar a las personas que viven en prisiones con los recursos de tratamiento disponibles y las intervenciones de prevención de recaídas y para motivarlos a utilizarlos.

4. Comunicación de riesgos

• Deben desarrollarse recursos que tengan en cuenta las posibles barreras idiomáticas y culturales para que los mensajes clave se comuniquen de manera clara, precisa y pertinente a las personas que viven en las cárceles, el personal y los visitantes.

• Dichos recursos deben cubrir medidas preventivas y señales y síntomas de enfermedades, incluidas las señales de advertencia de enfermedades graves que requieren atención médica inmediata.

• En Ghana, por ejemplo, el Servicio Penitenciario ha formado un equipo de respuesta rápida para la COVID-19 orientado a incrementar la concienciación y la comunicación de riesgos en los centros penitenciarios, brindar apoyo psicológico y social y lograr la reducción del estigma.

5. Medidas preventivas

• Las autoridades responsables de la gestión penitenciaria deben garantizar que todo el personal laboral y las personas que viven en las cárceles y otros lugares de detención tengan un conocimiento integral de las estrategias de prevención de la COVID-19.

• Debe garantizarse la disponibilidad de los recursos necesarios (materiales, humanos…), para implementar una estrategia de prevención integral.

• Se deben realizar evaluaciones de riesgos en cada entrada a la prisión o centro de detención.

• Es necesaria la creación de espacios para las cuarentenas así como para aquellas personas más vulnerables.

• Los traslados entre prisiones deben reducirse al mínimo y han de brindarse medios alternativos de comunicación, tanto con amigos y familiares como con proveedores de atención médica externos (telesalud).

• Las autoridades también deben tener en cuenta que las medidas restrictivas aplicadas en los centros penitenciarios durante la pandemia pueden tener consecuencias psicológicas y conductuales para las personas en las cárceles, siendo recomendable aplicar medidas de mitigación para asegurar su bienestar mental.

• Países como Reino Unido, Kazajistán o la República de Moldavia han llevado a cabo medidas para garantizar la salud mental de las personas recluidas en prisiones, implementado un servicio de atención telefónica y de videollamadas en los centros penitenciarios para brindar, entre otros aspectos, asistencia psicológica. Asimismo, en Azerbaiyán, con el fin de hacer frente a los efectos psicológicos derivados de la limitación de visitas y mantener el bienestar mental de las personas que viven en las cárceles, se han puesto a disposición sesiones de apoyo psicológico.

6. Gestión de casos

• Es recomendable que la gestión de casos se alinee con la guía nacional actualizada para entornos comunitarios y de atención primaria de la OMS.

• Se debe desarrollar un sistema de vigilancia penitenciaria integrado al sistema de vigilancia epidemiológica local/nacional.

• Debe crearse un espacio para el aislamiento de los casos y desarrollarse procedimientos para garantizar la observación sanitaria.

• Deben desarrollarse protocolos para la transferencia de casos graves a atención especializada cuando sea necesario.

• Deben establecerse mecanismos intersectoriales para que no se rompa el aislamiento al momento de la liberación.

Tal y como señala la OMS, este informe de buenas prácticas proporciona evidencia importante sobre la practicidad y aplicabilidad de la guía de la Organización Mundial sobre preparación, prevención y control de COVID-19 en centros penitenciarios y otros lugares de detención. Demuestra que la creación de asociaciones y la aplicación de enfoques innovadores brindan resultados positivos en la lucha no solo contra el COVID-19 sino también contra enfermedades transmisibles similares. Las prácticas también arrojan luz sobre la urgencia y relevancia de abordar las brechas y desafíos de salud dentro de las prisiones y otros lugares de detención y resaltan la importancia de abordar la salud penitenciaria como parte integral de la salud pública.

Se puede acceder al documento desde la página Web de la OMS o bien directamente aquí:

Good practices in managing infectious diseases in prison settings: a snapshot of responses to COVID-19 implemented around the globe between May and September 2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO