Hacia un sistema educativo que integre la prevención de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental

“¿Qué tipo de educación me hubiera gustado recibir de niño? Reflexionando en retrospectiva, habría sido maravilloso recibir alguna orientación significativa para convertirme en un buen ser humano, feliz por dentro y benévolo por fuera, y haberme beneficiado de una educación que fomentara el equilibrio emocional, la compasión, la tolerancia, la autodisciplina, la resiliencia, la satisfacción y otras cualidades humanas fundamentales” (Chatterjee Singh y Duraiappah, 2020, p. v). Así lo expresa el monje budista Matthie Ricard en la presentación de un informe de la UNESCO, en el que un conjunto de expertos propone “repensar” la educación e introducir el aprendizaje social y emocional en el currículo escolar para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales en la edad adulta.

Efectivamente, el aprendizaje de las habilidades emocionales y sociales y el cuidado del bienestar es una cuestión pendiente en los programas educativos, centrados exclusivamente en la adquisición de conocimientos, y, sin embargo, un aspecto sin el cual no es posible alcanzar o mantener el valorado logro académico y el consiguiente desarrollo personal y laboral.

Como apuntó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la salud, “ningún sistema educativo puede ser eficaz si no promueve la salud y el bienestar de sus estudiantes, el personal y la comunidad” (WHO y UNESCO, 2021, p. iv).

El aprendizaje social y emocional puede definirse, de manera general, como el proceso de adquisición de competencias, habilidades y/o actitudes para reconocer y gestionar las emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los demás, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles, de forma que actúa como un factor de protección frente al estrés y a los problemas de salud mental (Greenberg et al., 2003; Payton et al., 2000). En la actualidad, el aprendizaje social y emocional constituye un componente esencial de diferentes programas de prevención y promoción de la salud que se han aplicado en el contexto escolar, incluyendo la resolución de conflictos, el aprendizaje cooperativo, la prevención del acoso escolar, el desarrollo positivo de los jóvenes y la promoción de la salud mental (Devaney et al., 2006).

Cada vez son más las investigaciones que demuestran que el aprendizaje social y emocional y los programas que potencian el bienestar psicológico de la comunidad educativa tienen efectos positivos en el éxito escolar, el abandono escolar, las habilidades sociales y emocionales, la autoimagen, el abuso de sustancias, los problemas de salud mental o la conducta antisocial (O’Connor et al., 2017; Rones et al., 2000; Sklad et al., 2012), lo que facilita la consecución de metas al final de la adolescencia y en la edad adulta, tales como la finalización de la educación secundaria y de los estudios superiores, el empleo o la estabilidad financiera (Chatterjee Singh y Duraiappah, 2020). De esta manera, la evidencia muestra que los centros educativos que priorizan el cuidado emocional y el bienestar psicológico de los estudiantes y del resto de la comunidad educativa, además de promover el cuidado de la salud mental, tienen más posibilidades de mejorar sus logros académicos (Doll et al., 2012; UNESCO Office Bangkok, 2017).

Tal y como han afirmado diferentes expertos y organizaciones a nivel mundial, los centros educativos constituyen el contexto idóneo o natural para apoyar la salud mental (Atkins et al., 2017; NASP, 2016; WHO, 2005; WHO y UNESCO, 2021;). Incluir el cuidado de la salud mental en el contexto escolar presenta diversas ventajas. En primer lugar, facilita enormemente la accesibilidad a los programas de bienestar psicológico por parte de los niños, niñas y adolescentes, las familias y el profesorado, así como garantiza la prevención, la derivación y la intervención temprana (Sánchez et al., 2018). Los centros educativos constituyen entornos menos amenazantes que los servicios de atención sanitaria, de tal manera que los estudiantes y sus familias pueden sentirse más cómodos para solicitar consejo o ayuda respecto a sus dificultades y son los espacios donde los jóvenes pasan más tiempo, después del hogar, lo que facilita la identificación temprana de problemas (Farmer et al., 2003; Salerno, 2016). En segundo lugar, se ha demostrado que los programas educativos sobre prevención universal, selectiva o indicada en salud mental son coste-eficaces (Cole y Kokai, 2021). En la medida en que los trastornos mentales aparecen típicamente en las primeras dos décadas de la vida y son la causa principal de discapacidad (Davidson et al., 2015), prevenir la aparición de estos problemas, o detectarlos tempranamente, resulta rentable a medio y largo plazo (Cole y Kokai, 2021). Asimismo, los centros educativos son espacios en los que es posible el trabajo coordinado con el niño o niña, el grupo de compañeros de clase, el alumnado en su conjunto, el profesorado y la familia, así como con otros servicios comunitarios, lo que potencia la eficacia de la intervención al fundamentar la actuación en esta aproximación ecológica (Atkins et al., 2017; Doll et al., 2012).

Nos encontramos en un momento clave para llevar a cabo esta transformación. La pandemia ha pasado una enorme factura a la salud mental de la población y, especialmente, al bienestar psicológico de los menores, lo que enfatiza la necesidad y urgencia de reforzar el cuidado de la salud mental de este grupo (Elharake et al., 2022; Oliveira et al., 2022; Samji et al., 2022). Según la revisión de Liang et al. (2020), el porcentaje de jóvenes que presenta problemas psicológicos tras la pandemia de COVID-19 ha sido mucho mayor en comparación con otras pandemias anteriores.

En nuestro país, los últimos datos aportados en el informe elaborado de la Fundación ANAR dibujan una situación muy preocupante con respecto a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En concreto, en el año 2021 se ha observado un incremento desproporcionado en este grupo de problemas de alimentación, adicciones, síntomas depresivos, duelo y ansiedad, con aumentos que van desde el 25,6% al 154,7% respecto al año 2020 (Fundación ANAR, 2021).

Las demandas realizadas por los menores a través del teléfono y chat de atención de la Fundación ANAR coinciden con los resultados del Barómetro Juvenil 2021, publicados recientemente. Según el Barómetro, la percepción de la propia salud por parte de los jóvenes ha empeorado notablemente en relación con años anteriores (Sanmartín et al., 2022). El porcentaje de jóvenes con problemas de salud mental se ha disparado de un 6,2% en 2017 a un 15,9% en 2021, así como se ha incrementado la ideación suicida del 5,8% en 2019 al 8,9% en 2021. Los síntomas de tristeza, cansancio, apatía y ansiedad resultan ser especialmente prevalentes entre las chicas más jóvenes (por debajo de los 20 años) en comparación con otros grupos de edad y, respecto a los problemas específicos de salud mental, un 36,2% de los jóvenes encuestados declararon presentar un diagnóstico de depresión o de trastorno de ansiedad (Sanmartín et al., 2022).

En este estado de la cuestión es vital adoptar medidas para frenar el deterioro de la salud mental de los jóvenes y mejorar su capacidad de resiliencia, así como aprovechar el contexto educativo para impulsar estas acciones. Se trata de un compromiso que se ha adoptado mundialmente dentro los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), donde se reconoce la importancia del cuidado del entorno y clima escolar, lo que implica “proporcionar entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y efectivos para todos”. Asimismo, en nuestro país, la  Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan, coordinado con las Comunidades Autónomas, para evitar el incremento del abandono escolar temprano derivado de la situación de la pandemia a causa de la COVID-19, aprobada en el Congreso de los Diputados el 24 de noviembre de 2020, insta, entre otras acciones, a «introducir medidas de acompañamiento y refuerzo psicológico ante la detección de problemas emocionales, de ansiedad o de autoestima incrementados por los efectos de la pandemia».

La aportación de la Psicología, como disciplina, y del profesional de la Psicología, como experto en la conducta, resulta incuestionable ante esta demanda. Los psicólogos son profesionales altamente capacitados para la evaluación, la prevención, la promoción y la intervención en problemas de conducta en la infancia y adolescencia, gracias a sus conocimientos, habilidades y formación en aprendizaje, comportamiento humano, desarrollo infantil, problemas de conducta y salud mental (NASP, 2016).

Dada la urgencia de la situación, diversas asociaciones de nuestro país se han unido, por primera vez, para hacer una petición formal en esta dirección. El Consejo General de la Psicología (COP) junto a CANAE, CEAPA, CONCAPA y otras organizaciones han hecho público un manifiesto en el que urgen la necesidad de potenciar medidas eficaces para mejorar la salud mental en los centros educativos, incluidas acciones de evaluación e intervención psicológica en materia de prevención y promoción de la salud mental del profesorado, alumnado y sus familias. Entre los desafíos y obstáculos que se evidencian en el contexto escolar, y que requieren una respuesta especializada, se encuentran los elevados índices de abandono y fracaso escolar, los problemas de salud mental (incluidas las conductas autolesivas, la ideación o la conducta suicida), la violencia escolar en todas sus manifestaciones (bullying, ciberbullying, violencia de género…), la adicción a las nuevas tecnologías y la prevención del consumo de drogas. Más allá, según reclaman las organizaciones mencionadas, también son necesarias acciones para prevenir y promover la salud mental de toda la comunidad educativa, y, especialmente, del profesorado, que presenta unos altos niveles de desgaste emocional.

En dicho manifiesto solicitan a las Administraciones Públicas que adopten una serie de medidas, entre las que se incluyen acciones para asegurar la protección laboral frente al estrés del profesorado (como, por ejemplo, respetar el número de grupos por curso para evitar la saturación de los centros educativos, asegurar de manera rápida y eficaz la sustitución del profesorado que se encuentra de baja laboral o reducir la temporalidad del personal), así como para garantizar el bienestar psicológico de toda la comunidad educativa, “contando con personal específicamente cualificado”. A este respecto, se solicita que en los centros educativos se pongan en marcha programas de evaluación e intervención psicológica basados en la evidencia para mejorar el bienestar psicológico de la comunidad educativa y llevados a cabo por personal experto en Psicología Educativa, para lo que resulta necesario “incorporar progresivamente la figura del experto en Psicología en todas las plantillas de los centros educativos”. Con la finalidad de impulsar esta iniciativa, se ha puesto en marcha una página Web (bienestareducativo.org) en la que se exponen estas demandas y se invita a la población general y a otras partes interesadas a suscribir y firmar la petición (más información aquí).

En esta misma línea de acción, la Psicofundación y el Consejo General de la Psicología han puesto en marcha recientemente el Estudio PsiCE (Psicología basada en la evidencia en contextos educativos), un proyecto dirigido a prevenir los problemas emocionales del alumnado y mejorar su ajuste social y emocional, así como su rendimiento académico. La iniciativa implica evaluar la eficacia del Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Problemas Emocionales en Adolescentes en diferentes centros educativos de varias Comunidades Autónomas, lo que permitirá disponer de información de resultados apoyados por la evidencia científica y tomar decisiones informadas. Se trata de un proyecto pionero sobre la aplicación y evaluación a gran escala de un programa de promoción de la salud mental en población adolescente en contextos educativos en nuestro país, cuyos primeros resultados se darán a conocer en 2024 (más información aquí).

Se pueden consultar las referencias aquí.