EDITORIAL ENERO Y FEBRERO 2010

La verdad es que me hubiera agradado que mis primeras palabras sirvieran para confirmar que nuestra «larga marcha» hacia la legalización de lo evidente, que somos una profesión fundamentalmente sanitaria, ya había dado su primer paso. Sin embargo, aún estamos esperando. Creímos que después de tanto tiempo, ¿es necesario recordar que ya han pasado seis años desde la aprobación de la LOPS?, y del consenso alcanzado entre todos (profesión, academia, gobierno), los trámites para la aprobación de un máster con directrices propias y el consiguiente reconocimiento de profesión sanitaria a quienes posean ese título, sería algo rápido. Pero no es así. Incomprensiblemente, la Psicología sigue en nuestro país dentro del limbo normativo en el que la metió la LOPS. Sólo los especialistas en Psicología Clínica son reconocidos como sanitarios. Lo temible de esta situación es que ese limbo se puede convertir en un infierno si el Supremo deroga la Orden Ministerial que ha permitido que las consultas de Psicología puedan registrase como establecimientos sanitarios. Si eso llegase a suceder (aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo), no creo que se nos pueda achacar a los psicólogos falta de diligencia o imprevisión. Hemos insistido y seguimos insistiendo en que es necesario abordar, con carácter inmediato, la elaboración de las normas legales que den seguridad jurídica al ejercicio profesional de los psicólogos en el ámbito sanitario. El nuevo máster tiene sentido en el conjunto de la reforma de las titulaciones universitarias en que está inmersa la Universidad española. Por eso mismo, debe ponerse en marcha de forma inmediata, ya que el proceso de cambio de titulaciones ha comenzado y no podemos quedarnos atrás. 　

Mientras aquí, en España, se deshoja la margarita y nuestros poderes públicos, ora unos ora otros, no parecen ver la necesidad de acabar con este desatino legal de una vez, en el Reino Unido, los psicólogos han sido reconocidos como profesionales sanitarios, tal y como ha informado Infocop Online recientemente. He de reconocer que palidezco de envidia cuando veo la rapidez y la coherencia con la que se toman decisiones en otros países. Allí, los poderes públicos han analizado la realidad de la profesión y no han dudado en incorporar a los psicólogos dentro del registro de profesiones sanitarias. Una solución simple y racional, que deja a la Psicología en el sitio en el que tiene que estar, a poco que se vea cual es la naturaleza central, la esencia, de la mayoría de los servicios profesionales que prestan los psicólogos.

Lamentablemente, a la lentitud gubernamental para poner en marcha el máster en salud, se suma su determinación de desregular aquellas profesiones que no tengan por objeto bienes de especial interés público, tales como la salud, la seguridad, la atención a la infancia o la protección civil. El proceso de desregulación es un objetivo gubernamental y viene condicionado por la necesaria adaptación a la legislación española de la Directiva Europea de Servicios. No se trata aquí de valorar el sentido o la lógica de esa política del Gobierno. Lo que viene al caso es que, en esta coyuntura, los psicólogos vivimos la paradoja de que siendo, como somos, una profesión esencialmente sanitaria, aún no hemos conseguido una normativa que nos sitúe, con la claridad legal deseable, en ese ámbito. No quiero pensar en las consecuencias de una desregulación de la Psicología, ni en cómo tal medida podría afectar a los posibles usuarios de consultas, centros de reconocimiento de conductores, solicitantes de armas o de licencias de tripulación de vuelo, peritajes relacionados con la adopción o custodia de menores, etc., por mencionar sólo algunas de las áreas donde las acciones de los psicólogos tienen una repercusión directa sobre la salud, la seguridad, la atención a la infancia o la protección civil. Hemos tenido que responder ampliamente a las cuestiones que el Ministerio de Economía nos ha planteado y creemos que nos sobran las razones para pensar que estamos fuera del marco de liberalización de los servicios. Pero no puedo por menos que pensar que si nuestra cobertura legal fuera la que demanda la razón, no tendríamos que argumentar hasta la saciedad para que lo evidente se reconozca.

Vivimos en un mundo muy dinámico y cambiante, que ha entrado por acción de la crisis en un acelerado proceso de reforma que nos toca afrontar. Primero hemos vivido la creciente regulación en el ámbito sanitario, en donde nuestra única alegría ha sido la creación de la especialidad. Después nos alcanza la ola de la desregulación y nos coge en un campo de nadie legal, que no acaba de resolverse. Por último, las reformas en el campo de la educación dejan a los psicólogos educativos al pie de los caballos, sin que nadie parezca saber muy bien por qué hay que echar del sistema a unos profesionales especialmente preparados para dar una respuesta eficaz a muchos de los problemas que aquejan a la educación en España.

Aun así, ¿queda sitio para el optimismo? ¿Acaso es una impostura, en esta situación, mostrarse optimista? Yo creo que no es un desvarío mostrarse optimista si vemos cómo va cogiendo cuerpo una profesión que es casi una recién nacida. El pasado año 2009, hemos dado respuesta desde diversos foros a la pregunta de por qué son necesarios los psicólogos educativos. La sociedad aprecia nuestra profesión, que cada vez es más demandada y respetada. Sólo falta que la clase política sintonice con lo que quiere la sociedad y con lo que necesitan los profesionales para prestar los servicios que se les demandan. ¿Es mucho pedir?