LA «LEY DE DEPENDENCIA», TRES AÑOS DESPUÉS

La Ley establece un dilatado periodo de aplicación que comenzó el 1 de enero de 2007 y se prolonga hasta 2015. En los tres primeros años, se hace efectivo el derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la Ley a quienes fueron valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1 y en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2 y comenzaron a recibirlas los que fueron valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1. En el caso del Grado III de Gran Dependencia, estamos refiriéndonos a personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces y que, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o que tienen necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. En el caso del Grado II de Dependencia Severa, se clasifican las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o que tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Esto es, la aplicación de la Ley ha comenzado dando respuesta a los casos más limitantes de dependencia.

A continuación, vamos a presentar un análisis de las solicitudes, de las personas beneficiarias y de sus prestaciones.

Según los datos elaborados por el IMSERSO, a fecha 1 de diciembre de 2010 se han recibido 1.482.375 solicitudes. Del perfil de solicitantes, podemos ver como las tasas de discapacidad y dependencia son mayores entre los varones niños, jóvenes y adultos (hasta los 54 años, el 30,6% de solicitantes son varones frente al 14,48% de mujeres). Sin embargo, a partir de los 55 años las tasas femeninas superan a las masculinas, hasta más de del doble en el tramo de edad de los 80 y más años (frente a las 214.923 solicitudes de varones mayores de 80 años, las 561.115 solicitudes de mujeres). Respecto a las edades, podemos observar como la morbilidad se concentra en los últimos años de la vida, así el 52,50% de las solicitudes corresponde a personas mayores de 80 años. Si consideramos también el segmento de los 65 a 79 años, contemplaríamos el 78,92 % de las solicitudes totales.

De todas las solicitudes recibidas, se han llevado a cabo 1.354.610 dictámenes. El 36,06% ha sido valorado con el Grado III, de los cuáles el 15, 97% nivel 2 y 20,09% nivel 1. El 29,57% han sido valorados con el Grado II, de los cuáles 12,86% nivel 2 y 16,71% nivel 1. El 22,22% han sido valorados con el Grado I, 9,82% nivel 2 y 12,40% nivel 1. Por último, el 12,16% de las valoraciones se ha dictaminado sin grado de dependencia.

En total, 654.499 personas son beneficiarias de prestaciones. El 44,81% de las prestaciones se refieren a servicios, frente al 55,18% que se refieren a prestaciones económicas. Las prestaciones más dispensadas abarcan los siguientes cuidados: prestación económica para cuidados familiares (48,38%), servicios de atención residencial (15,27%), servicio de ayuda a domicilio (11,64%). Los menores porcentajes los encontramos en prestación económica de asistencia personal (0,09%) y en los servicios de prevención de la situación de dependencia y los de promoción de autonomía personal (1,43%).

A la luz de los resultados y en las fases de aplicación en la que nos encontramos, esta Ley está sirviendo para paliar situaciones ya producidas; es decir, está teniendo una aplicación paliativa y asistencial, primando las prestaciones frente a los servicios.

Por lo que se refiere a los próximos años de aplicación de la Ley, esperamos que el servicio de prevención de las situaciones de dependencia se desarrolle en mayor medida y en los términos en los que se define en el artículo 21 de la Ley e, incluso, que se modifiquen su propia consideración en el sentido de ampliar la prevención ampliando su transversalidad e incluyendo en ello tanto la prevención de accidentes como los esfuerzos por la promoción del envejecimiento activo.

No obstante, está claro que en su actual consideración se podría hacer mucho más. En primer lugar previniendo el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, acción que ya podría estar poniéndose en marcha, en cada una de las personas que han resultado beneficiarias de prestaciones y que ya la están recibiendo. En segundo lugar, como ya se ha señalado, previniendo la aparición de enfermedades o discapacidades, mediante programas de envejecimiento activo y saludable, haciendo beneficiarios de la Ley a todos los miembros de la población.

Una vez atendidos los casos más urgentes por encontrarse en situación más grave, la «Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia», puede beneficiarnos a todas las personas, de todas las edades, mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y el accidente. Como decíamos en otro lugar (Fernández-Ballesteros, 2002), «desde que nacemos, envejecemos: ¡vivir es envejecer y envejecer es vivir!«; además, las formas de envejecer no ocurren al azar. Las personas, a lo largo de toda su vida, pueden hacer muchas cosas para lograr un envejecimiento con éxito. Esta Ley debería promover el aprendizaje para promover la autonomía y no centrarse, exclusivamente, en la dependencia.

El reto para los próximos años de aplicación de la debe ser, precisamente, reducir la dependencia, promoviendo hábitos saludables a lo largo de la vida y la prevención de la enfermedad y la discapacidad lo cual lleva consigo el aumento significativo de un indicador potente como es la esperanza de vida libre de discapacidad (Disability Free Life Expectancy– DFLE). Esa es la forma óptima de proceder a su evaluación.