La situación actual de pandemia ha puesto de relieve la necesidad de incorporar psicólogos clínicos en AP, según un informe

14 May 2021

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), España se encuentra a la cola en el número de profesionales de la Psicología Clínica en la Sanidad pública, esto es, seis psicólogos/as por cada 100.000 habitantes, lo que supone tres veces menos que la media europea, cifrada en 18. Asimismo, los servicios de salud mental apenas reciben el 5% de la inversión en sanidad. Ante este panorama, y teniendo en cuenta la advertencia de la OMS de que la próxima epidemia vendrá de la mano de un problema de salud mental como es la depresión, es fundamental que el Gobierno y las Comunidades Autónomas emprendan medidas orientadas a incrementar el servicio de atención a la salud mental en nuestro país.

Así lo advierte la Confederación Salud Mental España en su nuevo informe sobre Derechos Humanos en Salud Mental, un documento a través del cual presenta una fotografía del estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicológica y social en España, poniendo el foco en algunas cuestiones especialmente destacadas durante el pasado año 2020, marcado por una situación sin precedentes que ha comprometido gravemente el bienestar y la salud mental de toda la población: la pandemia de la COVID-19.

Foto: Pixabay Fuente: pexels Fecha descarga: 13/05/2021

Tal y como señala el informe, las consecuencias derivadas de la pandemia, como el temor a sufrir la enfermedad, el estrés ante la incertidumbre, problemas económicos, la preocupación por los seres queridos, o el aislamiento social, han afectado a la salud mental de numerosas personas, e incluso han agravado el estado de aquellas que ya presentaban problemas previos. A su vez, la situación de crisis “ha evidenciado la escasez de medios en el ámbito de la salud pública y, muy especialmente, en lo que a la salud mental se refiere”.

Según denuncia Salud Mental España, desde el inicio de la pandemia se han producido graves lesiones en la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental, dándose situaciones en las que estas personas han salido a la calle y se han visto expuestas a conductas violentas o a la mofa. A este respecto, recuerda a los medios de comunicación el rol que desempeñan a la hora de dar información “adecuada y veraz, no estigmatizante y respetuosa con las personas” y recomienda seguir las pautas de su Guía de Estilo sobre Salud Mental para Medios de Comunicación.

Con respecto al derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación, el informe subraya el impacto psicológico de la pérdida de embarazo así como la importancia de la Psicología Perinatal en el tratamiento de todas las dificultades asociadas a este periodo (infertilidad, sintomatología ansioso-depresiva durante el embarazo, parto y puerperio, muerte gestacional y/o neonatal, parejas con hijos o hijas prematuros/as o con necesidades hospitalarias y algunos problemas con la crianza de 0 a 3 años).

Asimismo, advierte de la vulnerabilidad que presentan las mujeres con trastornos mentales frente a la violencia, señalando que cerca del 80% de las mujeres con problemas de salud mental (discapacidad psicológica y social) ha sufrido violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida adulta, no siendo identificada como violencia por el 42% de ellas. Estas circunstancias se ven agravadas por el estigma de presentar un trastorno mental, provocando “soledad, aislamiento y menor credibilidad”.

Salud Mental España lamenta también que en el sistema sanitario impere “el mismo enfoque androcéntrico de la sociedad en la que está inserto” y que genera un sesgo en profesionales de la salud cuando son mujeres las que acuden a consulta, y aún más si el motivo es por problemas de salud mental.

Por otro lado, alerta del problema de los abusos sexuales y otras formas de violencia en lugares de custodia de personas con problemas de salud mental, siendo esta violencia mayor en sistemas cerrados y jerarquizados, donde prima el silencio por miedo a las represalias, la inexistencia de protocolos que garanticen un acceso equitativo a la Justicia y la falta de recursos de apoyo adecuados.

La Confederación aprovecha para denunciar las situaciones de violencia que suelen sufrir en la atención sanitaria las personas con problemas de salud mental, siendo el uso de medidas coercitivas una de las vulneraciones de derechos más frecuentes. Así, define el uso de contenciones mecánicas como una práctica que puede constituir tortura según la ONU y que puede derivar en consecuencias psicológicas (trauma) y físicas (hematomas, fracturas, atrofia muscular) para quien la sufre, “pudiendo llegar incluso en ocasiones a provocar la muerte”.

De igual modo, el documento advierte de la falta de medidas para personas con problemas de salud mental que durante el estado de alarma han salido de prisión o de un centro psiquiátrico y no tienen alternativa residencial, observándose una demora en la derivación de estas personas a la red comunitaria o un cierre de recursos, conduciéndolas en muchos casos al sinhogarismo e imposibilitando la reinserción social.

La realidad actual evidencia aún más las múltiples barreras que siguen enfrentando las personas con discapacidad psicológica y social, en su mayoría relacionadas con el estigma, como por ejemplo, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas.

La impunidad de múltiples formas de violencia, especialmente graves en los contextos de institucionalización (hospitales y centros psiquiátricos penitenciarios), así como en otros muchos ámbitos (familiar, educativo…) constituyen “auténticas vulneraciones de derechos humanos, se extienden a todas las facetas de sus vidas y las hacen especialmente vulnerables cuando no cuentan con cauces adecuados para la defensa de sus derechos”.

Estas vulneraciones se observan tanto en procesos civiles (por ej., el ingreso involuntario), como en el ámbito penitenciario, donde se añade el doble estigma en el momento de la reinserción social que supone para una persona tener una discapacidad psicológica y social y haber estado sometida al régimen penitenciario.

Para garantizar el acceso a la justicia de las personas con problemas de salud mental en igualdad de condiciones con las demás, Salud Mental España establece una serie de recomendaciones, entre ellas, el desarrollo de un protocolo para el efectivo acceso a la justicia de estas personas que contemple la implantación de un cuerpo de agentes facilitadores/as, que favorezcan la autonomía de la persona, apoyen su capacidad jurídica y se erijan como un referente adecuado durante los actos judiciales -diferente del referente profesional que ofrece la asistencia técnico-jurídica-, garantizando, a su vez, que quienes trabajan en la administración de justicia (incluido el personal policial y penitenciario), cuenten con la capacitación adecuada.

Un derecho fundamental de las personas con discapacidad psicológica y social es que puedan vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. En aras de hacer efectivo este derecho y realizar plenamente la transición al apoyo para la toma de decisiones, es trascendental que puedan “formar y expresar sus deseos y preferencias para ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás”, siendo para ello necesario que formen parte de la comunidad.

Desde la concepción de vida independiente, la asistencia personal, enmarcada dentro del modelo social, se configura como un nuevo modelo de atención que asegura que la voluntad de la persona con problemas de salud mental y/o discapacidad psicológica y social sea respetada siempre, permitiéndoles decidir sobre todos los aspectos de su vida, sentirse libres e incluidos/as en la comunidad sin miradas estigmatizantes, desarrollar sus talentos y capacidades, progresar en la recuperación de habilidades sociales y personales y acceder a un puesto de trabajo, es decir, desarrollar su proyecto de vida.

En relación con los derechos de los niños y las niñas, el documento insta a tener en cuenta la salud mental de la población infanto-juvenil “en todo el periodo de reconstrucción del tejido social, económico y sanitario, dañado como consecuencia de la epidemia de la COVID-19”. En este sentido, es fundamental detectar los factores estresores que impactan en los y las menores y abordar eficazmente las alteraciones emocionales y conductuales surgidas durante el período de confinamiento.

Para tal fin, Salud Mental España considera esencial cubrir una serie de necesidades, tales como, invertir en la atención individualizada e integral de la salud mental infanto-juvenil, la creación de las especialidades de Psicología del Niño y del Adolescente y de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la implementación políticas y normas de prevención y protección a los y las menores de la violencia en las aulas, la incorporación en los centros educativos de medidas de concienciación y capacitación sobre diversidad sexual, la creación de una asignatura de educación emocional en el sistema de enseñanza, o el desarrollo de una normativa que proteja de forma eficaz a niños, niñas y adolescentes de las adicciones con o sin sustancia, entre otras muchas.

Otra cuestión de especial interés evidenciada en este informe es el tema del suicidio, que continúa siendo la primera causa de muerte externa en España, “casi duplicando a los accidentes de tráfico”, y, embargo, aún son escasas o nulas las iniciativas para su prevención. Como consecuencia de la pandemia por coronavirus, este grave problema de salud pública (definido así por la OMS) se ha agravado. En este contexto, el informe enumera diversos factores que pueden predisponer a ideación suicida y conducta suicida, entre ellos, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones, la pobreza, el desempleo, problemas jurídicos o laborales, antecedentes familiares de suicidio, historia de maltratos durante la infancia, el abuso de alcohol y otras sustancias, el aislamiento social, la violencia machista y los abusos sexuales (especialmente durante la situación de confinamiento) y determinados problemas de salud mental, como la depresión y la esquizofrenia.

Dado todo lo anterior, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis derivada de la pandemia, Salud Mental España subraya la urgencia de contar con una Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, “que abarque desde la formación a profesionales de la salud, hasta la elaboración de campañas de sensibilización social y visibilización del problema, para que deje de ser un tabú, pasando necesariamente por la promoción de una educación emocional, ya desde la escuela infantil”.

El informe incide en las graves desatenciones a los problemas de salud mental que se han producido desde que se iniciara la pandemia de la COVID-19. Entre otras problemáticas, pone de manifiesto la incomprensión que rodea a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) – como la anorexia y la bulimia – (si bien detecta que cada vez hay más información en torno a los mismos y su impacto sobre la salud mental y la salud física), y alerta sobre la incidencia de la depresión en nuestro país (tristeza masiva) y su paulatino incremento que, según prevé la OMS, la convertirá en la principal causa de discapacidad en 2030.

En palabras de Salud Mental España, durante el último año no se ha garantizado la provisión de atención terapéutica, “ya deficitaria antes de producirse la pandemia y más esencial, si cabe, durante la misma”. A este respecto, deplora la exigua inversión que reciben los servicios de salud mental (apenas un 5% de la inversión en sanidad) y el escaso incremento en la última década de la ratio de profesionales de la Psicología por habitante, que se cifra actualmente en seis por cada 100.000 habitantes (lo que supone tres veces menos que la media europea de 18) y sitúa a España a la cola del número de profesionales de Psicología Clínica en la Sanidad pública.

Concretamente, en el ámbito de la Atención Primaria, en el que la mayoría de las consultas se realizan por motivos de salud mental es donde se hace más patente la falta de atención psicológica y donde es más necesaria. En este primer nivel asistencial de la salud, los y las profesionales no disponen del tiempo necesario para realizar una atención adecuada y se decantan por la “opción cortoplacista de la ‘pastilla de efecto inmediato’”. Esta afirmación se ve refrendada por los datos actuales que muestran cómo en España “hay muchos más fármacos que especialistas en salud mental”: los hipnosedantes (tranquilizantes, somníferos o antidepresivos) ocupan el tercer puesto entre las drogas más consumidas en España -por detrás del alcohol y el tabaco-, y el 80% de estos fármacos son recetados en Atención Primaria.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, Salud Mental España subraya “la imperiosa y urgente necesidad” de priorizar la inversión en recursos para una prevención y una detección e intervención tempranas y de calidad, en salud mental, tanto a nivel individual como familiar. Para ello, considera fundamental ampliar la ratio de profesionales de Psicología, Psiquiatría, y la Enfermería especializada en salud mental, prestando especial atención a la inclusión de la Psicología Clínica en Atención Primaria.

Esta medida, que ha venido defendiendo en los últimos años el Consejo General de la Psicología, aliviaría la importante carga asistencial que suponen los trastornos mentales para el Sistema Sanitario en España y conllevaría un importante ahorro en términos de costes y sociales, así como una mejora en la salud de la población al recibir los tratamientos psicológicos que requieren. 

Se puede acceder al informe desde la página Web de la Confederación, o bien directamente a través del siguiente enlace:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2020 

PSICOLOGÍA EN RED


LOS COLEGIOS HABLAN

MÁS NOTICIAS