Casi medio millón de muertes al año, más de 28 millones de años de vida saludable perdidos y 316 millones de personas usuarias en todo el mundo: el fenómeno mundial de las drogas se ha convertido en una crisis de salud pública, con consecuencias sanitarias, sociales y ecológicas sin precedentes.

Así lo advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la edición 2025 de su Informe Mundial sobre las Drogas, a través del cual ofrece una visión detallada y preocupante sobre la evolución de los mercados de drogas a nivel global.

En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, la intensificación de los conflictos y la fragmentación institucional, el informe alerta de que los grupos delictivos organizados están ampliando sus redes de influencia, encontrando nuevos mercados y adaptándose a las crisis mediante el uso de tecnología avanzada y nuevas rutas de tráfico. En palabras de la Directora Ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, «los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas continúan adaptándose, explotando las crisis y teniendo en la mira a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad».

Este escenario se traduce en un aumento global del consumo (situándose en niveles históricamente altos), el fortalecimiento del crimen transnacional y un deterioro generalizado del bienestar individual y colectivo.

Ante este panorama, el informe subraya la necesidad urgente de invertir en prevención, reforzar la cooperación internacional, aprovechar las tecnologías emergentes y promover medios de vida alternativos que permitan cortar las cadenas del tráfico ilícito.

Una escalada global en el consumo de drogas

Según los últimos datos recopilados por UNODC, aproximadamente, 316 millones de personas consumieron alguna droga en 2023, lo que representa el 6% de la población mundial entre 15 y 65 años. Esta cifra supone un aumento notable respecto al 5,2% registrado en 2013. El cannabis continúa siendo la sustancia más consumida, con un total estimado de 244 millones de usuarios en todo el mundo. Le siguen los opioides, con 61 millones de personas usuarias; las anfetaminas, con 30,7 millones; la cocaína, con 25 millones; y el “éxtasis”, con 21 millones.

La expansión de los mercados de cocaína y de drogas sintéticas ha sido particularmente significativa. El informe documenta que, en 2023, la producción ilícita de cocaína alcanzó un máximo histórico de 3.708 toneladas, lo que representa un incremento del 34% respecto a 2022. Las incautaciones también batieron récords, con 2.275 toneladas incautadas a nivel global, un 68% más que el promedio del periodo 2019-2023. Paralelamente, el número de personas que consumen cocaína aumentó de 17 millones en 2013 a 25 millones en 2023, lo que indica un crecimiento continuo del mercado, que se está expandiendo más allá de América Latina hacia regiones como Asia y África, así como hacia Europa Occidental.

Por su parte, el mercado de drogas sintéticas continúa creciendo a gran velocidad, impulsado por factores como los bajos costes de producción, la facilidad de distribución y los riesgos reducidos de detección. En 2023, las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA), como la metanfetamina y la anfetamina (incluido el “captagón”), alcanzaron cifras récord y representaron casi la mitad de todas las incautaciones de drogas sintéticas.

Un impacto devastador para la salud pública y, especialmente, para la salud mental

El informe de UNODC pone de relieve el enorme coste sanitario y social del consumo de drogas, especialmente, en lo que respecta a la salud mental y física de las personas afectadas. En 2021, cerca de medio millón de muertes se atribuyeron directamente al uso de drogas, y se perdieron 28 millones de años de vida saludable debido a discapacidad y muertes prematuras. A pesar de esta carga, se estima que solo una de cada doce personas con trastornos por consumo de drogas recibió algún tipo de tratamiento en 2023.

Las consecuencias psicológicas del consumo problemático son múltiples. Según se recoge en el documento, la aparición o agravamiento de trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo (OCD), el trastorno de estrés postraumático (PTSD), y la psicosis, particularmente, entre quienes presentan un uso crónico o policonsumo de sustancias como cannabis de alta potencia o metanfetamina. Estas condiciones no solo afectan al individuo, sino también a su entorno familiar, educativo, laboral y comunitario, generando un deterioro acumulativo en los niveles de bienestar psicológico y en la calidad de vida.

Desigualdades de género y obstáculos psicológicos y sociales en el acceso a tratamiento

La UNODC también llama la atención sobre la alta prevalencia de trastornos mentales previos en personas que posteriormente desarrollan trastornos por consumo de sustancias. Esta doble carga —salud mental y adicciones— se ve agravada por factores estructurales como la pobreza, la exclusión social y la falta de redes de apoyo, lo que incrementa la vulnerabilidad y la cronificación de los cuadros clínicos.

Las desigualdades en el acceso a tratamiento también son significativas. Mientras que uno de cada siete hombres con trastornos por consumo de drogas accedió a alguna forma de atención, solo una de cada dieciocho mujeres recibió tratamiento. Esta diferencia se explica, en parte, por el estigma asociado, la falta de servicios sensibles al género y las dificultades específicas que enfrentan las mujeres con responsabilidades maternas, especialmente en el contexto de la salud mental perinatal. Las mujeres, además, tienden a presentar más síntomas de ansiedad, depresión y trauma psicológico, lo que refuerza la necesidad de programas adaptados que integren no solo la dimensión clínica, sino también el contexto social y familiar.

Junto a las barreras de género, el informe subraya que existen importantes obstáculos psicológicos y sociales que dificultan el acceso a tratamiento: la discriminación estructural hacia ciertos grupos (personas migrantes, sin hogar, adolescentes institucionalizados o personas en prisión), la falta de servicios culturalmente apropiados, y la escasa oferta de intervenciones psicológicas comunitarias, que limiten la cronificación y promuevan la integración social. En este sentido, se recomienda incorporar enfoques que combinen atención psicológica individual con apoyo emocional, acompañamiento social, acceso a vivienda, capacitación laboral y refuerzo de vínculos comunitarios.

Asimismo, el informe destaca la falta de cobertura en jóvenes y adolescentes, quienes a menudo no reciben atención temprana ante síntomas de malestar psicológico o trastornos de conducta, lo que puede derivar en patrones de consumo persistentes y mayores dificultades de inserción laboral o educativa. Este grupo etario, además, se ve especialmente afectado por fenómenos como el bullying, la violencia familiar o la exclusión escolar, factores que pueden actuar como desencadenantes de problemas de salud mental y consumo simultáneo.

El déficit de servicios integrales no solo impacta sobre la salud de las personas, sino que también afecta a la productividad y sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Los trastornos por consumo y sus comorbilidades generan un aumento del absentismo, el presentismo y la incapacidad temporal, así como una reducción de la satisfacción laboral y el bienestar psicológico de la población activa. De ahí que el informe insista en la urgencia de reforzar los servicios de salud mental y de atención psicológica y social, como parte de una estrategia de respuesta integral y sostenible al fenómeno mundial de las drogas.

Respuestas legislativas y políticas: entre la represión y la salud pública

La UNODC subraya que el tráfico de drogas sigue siendo un negocio extremadamente lucrativo, que genera miles de millones de dólares anuales para las organizaciones criminales. Estas redes, que operan con estructuras complejas y adaptativas, aprovechan las tecnologías digitales, el cifrado de comunicaciones y la logística global para mantener sus operaciones. Ante este panorama, el informe reclama un enfoque más coordinado e integral que combine justicia penal, prevención, salud y desarrollo.

Se propone reforzar las estrategias de prevención desde edades tempranas, con intervenciones basadas en evidencia, y fomentar servicios de salud mental y apoyo psicológico comunitario, especialmente en zonas vulnerables o afectadas por conflictos. También se destaca la importancia de promover alternativas de sustento en regiones dependientes del cultivo ilícito, y de mejorar la cooperación internacional para desmantelar las redes delictivas. En este sentido, el mapeo de estructuras criminales y la inversión en tecnología y capacitación especializada son claves para combatir eficazmente el tráfico.

Asimismo, el informe plantea la necesidad de revisar las políticas públicas y legislativas que, al centrarse exclusivamente en la represión, pueden generar efectos negativos como la marginación, el aislamiento social o la reincidencia. En su lugar, se sugiere avanzar hacia marcos normativos que prioricen el tratamiento y la reinserción, especialmente para poblaciones en situación de desventaja social o laboral.

La dimensión ambiental del problema

El impacto medioambiental del fenómeno mundial de las drogas es otro de los aspectos destacados en el informe de 2025. El cultivo ilícito y la producción de sustancias, así como las intervenciones punitivas asociadas, han generado procesos de deforestación, alteraciones en el uso del suelo y contaminación del aire, la tierra y el agua. En Europa, el número de laboratorios clandestinos desmantelados ha aumentado de forma constante entre 2013 y 2023. Estos lugares suelen producir grandes cantidades de residuos tóxicos, cuyo tratamiento requiere inversiones considerables en limpieza y restauración ecosistémica.

Pese a la gravedad de estos efectos, el informe constata que los daños medioambientales no se tienen en cuenta como prioridad en el diseño de políticas antidroga. Buena parte de los residuos y sus consecuencias no son registrados oficialmente, lo que impide una valoración real del coste ecológico del fenómeno.

Conclusión: un panorama complejo que exige respuestas multidimensionales

Los datos presentados en el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 permiten dimensionar el alcance de un fenómeno que ya no puede abordarse solo desde la perspectiva del orden público. La creciente prevalencia del consumo, el deterioro de la salud mental y física, el estrés sobre los sistemas sanitarios, la expansión del crimen organizado y los efectos sobre el medioambiente configuran un panorama complejo que exige respuestas multidimensionales. La evidencia científica muestra que las intervenciones psicológicas y sociales basadas en la evidencia, combinadas con reformas legislativas y cooperación internacional, pueden reducir los riesgos, mejorar el bienestar y proteger a las generaciones futuras. Solo mediante un enfoque integral que priorice la salud, el desarrollo sostenible y la justicia, será posible revertir la trayectoria ascendente del problema mundial de las drogas.

Se puede acceder al informe completo a través de la página web de la UNODC.