Según ha venido informando Infocop, en los últimos años han aumentado considerablemente las cifras de adolescentes que agreden a sus padres (ver noticia completa). Sobre esta problemática, www.elmundo.es publicó el 23 de enero, un extenso artículo que profundiza sobre las posibles causas y soluciones, además de aportar algunas cifras. |
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A pesar de este importante aumento de los casos de menores que maltratan a sus padres, la mayoría de las ocasiones estos hechos quedan ocultos. La denuncia de un hijo, suele ser el último paso que dan las familias después de probar otras salidas, y cuando ven que la situación ya es insostenible. Estos casos extremos son los que se hacen visibles, pero otros tantos, permanecen en secreto, principalmente por la vergüenza y la idea de que este problema no tiene solución.
En lo que se refiere a las posibles causas de este problema, según muestran los datos, estos jóvenes agresores tienen algunos rasgos diferenciados del resto de infractores. Los psicólogos que trabajan en este ámbito, coinciden en que estos comportamientos agresivos suelen ir relacionados con deficiencias graves en el proceso educativo del adolescente. En general, estos jóvenes no han interiorizado límites y normas claros, no aceptan ningún tipo de control y son incapaces de asumir frustraciones. Su rendimiento escolar suele ser muy bajo. Se comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto, por lo que la violencia se limita normalmente al ámbito familiar. Suelen ser menores con una identidad frágil, dependientes y que sufren un gran conflicto interior. Estos rasgos, unidos a un carácter muy impulsivo, forman una carga explosiva. Aunque en algunos casos la conducta violenta pueden ser síntoma de un trastorno psiquiátrico, es importante tener en cuenta que la mayoría de los menores que agreden a sus padres, no sufren ningún trastorno mental. Es decir, no hay una etiqueta diagnóstica que se adecue exactamente a este problema.
Es importante tener en cuenta que existen unas señales previas para detectar el problema antes de que la gravedad del mismo sea extrema. Como explica María González a
www.elmundo.es, (terapeuta de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid), «las agresiones físicas no surgen de repente, van antecedidas de un conflicto verbal o psicológico. Si dejamos que la violencia suba de escalones será más difícil que se bajen luego«. Por esta razón, es muy importante hacer una detección temprana y tomar medidas cuanto antes.Para poner solución a este problema, las familias requieren y demandan una asistencia «integral». El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres, para comenzar a reconstruir la relación, ha de ir en la misma dirección: asumir parte de la responsabilidad. En este sentido, por ejemplo, la Clínica de Psicología de la UCM, antes mencionada, está llevando a cabo un programa de intervención específica para menores con problemas de agresividad familiar desde el 2007. En este tratamiento se ven implicados tanto padres como hijos, y los psicólogos dotan de habilidades a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo (desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos); a nivel emocional (desarrollando la empatía y el autocontrol); y a nivel conductual, (trabajando la comunicación: que ambas partes aprendan a hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas).
Otra iniciativa para el tratamiento de este problema es el complejo privado que se va a poner en funcionamiento en la localidad madrileña de Brea de Tajo, que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año, y tanto ellos como sus padres debe firmar un ‘contrato terapéutico’ que garantice su implicación. Este «Campus Unidos», dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, en un entorno vallado y con cámaras de vigilancia, que dista mucho de ser un campus convencional.
Aunque las administraciones públicas están trabajando en el ámbito de la mediación para este tipo de casos, hay muy pocos recursos específicos, lo que limita mucho la posibilidad que tienen estas personas de recibir una asistencia gratuita. Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja. Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social.
| Además en nuestro país, todas las medidas judiciales (internamiento, libertad vigilada,…) vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares. La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. |
Como ejemplo de medida preventiva de este tipo de problemáticas, desde 2002, policías de paisano patrullan las calles Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta. Hacen un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar.
Finalmente es importante reiterar en la idea que señalan los profesionales implicados en este ámbito: los comportamientos a ciertas edades sí se modifican; lo importante es no intentar mantener el problema oculto, sino abordarlo y comenzar a poner en marcha una intervención psicológica y pautas educativas.
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