Un ejemplo es el debate entre el conjunto de ideas conformado por bienestar social-justicia-solidaridad y el que se nuclea en torno a las nociones de riqueza-productividad y eficiencia. Aunque no son conjuntos de ideas antagónicos, a veces, en el debate político, se simplifica tanto, que parece que la mejor forma de crear riqueza para repartirla consiste en ligar estrechamente la supervivencia física y social al éxito económico, poniendo todas las condiciones para que no haya ninguna posibilidad de ayudar a los que más lo necesitan. También, por el contrario, en ocasiones da la sensación de que la defensa del estado del bienestar tiene que asentarse necesariamente sobre el desprecio de la prudencia y la honestidad en el manejo de los escasos fondos públicos, que tan trabajosamente aportan todos los empresarios y trabajadores de este país. Ningún partido político se dice ajeno al modelo del bienestar social alcanzado, y tampoco ninguno cree que la gestión de los fondos públicos debe ser ineficaz, descuidada y deshonesta. Y sin embargo, en lo que nos toca de cerca, los extremos antes apuntados aparecen con claridad.

En un reciente Desayuno de Infocop se debatió sobre la atención psicológica en el sistema nacional de salud español. En el debate participaron responsables de los principales partidos políticos en liza y, lógicamente, una parte de su tiempo se consumió en el análisis de la presencia o no de la Salud Mental dentro de las propuestas sanitarias de los programas electorales. Las conclusiones no invitan al optimismo. La mayoría, salvo en un solo caso, no menciona la Salud Mental como una prioridad en sus programas, y apenas existe una visión clara de sus necesidades y posibles soluciones. Hay un olvido escandaloso de aquellos que menos posibilidad tienen de defenderse, de los que sufren como consecuencia de padecer un problema o trastorno mental que les puede llevar, si no se afronta con recursos y decisión, a la incapacidad, la pobreza, la marginación y, en bastantes más casos de los que se piensa, a la muerte. Basta mirar la cifra de suicidios, un problema cada vez más importante, y que debiera ser un motivo de preocupación para las autoridades sanitarias. En este caso, se piensa más en el ahorro para cuadrar los presupuestos que en el efecto beneficioso que puede tener para la productividad del país una asistencia en salud mental de calidad. Sin embargo, si el ahorro y la eficiencia fueran una prioridad, se entiende mal que en los programas electorales no haya una apuesta decidida por la evaluación de las intervenciones, bien sean preventivas o terapéuticas. La Agencia Nacional de Calidad del Sistema Nacional de Salud tiene una actividad coordinadora de las agencias autonómicas, pero ni unas ni otras parecen disponer de recursos ni organización para elaborar Guías clínicas y recomendaciones sólidas que mejoren la efectividad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Al menos en el campo de la Psicología Clínica y la Salud Mental los resultados son muy magros, menos de un 3% de las actuaciones de las agencias parecen tener que ver con ese ámbito, y las guías clínicas publicadas merecen un claro suspenso. Parece que no se quiere intentar que nuestro sistema sea más efectivo y eficiente, y se opta por recortar aquí y allí, o paralizar las reformas acá y allá, sin más criterio que los intereses, filias y fobias de los gestores de turno. Todos mostramos nuestra sana envidia por un instituto de evaluación de la calidad y la excelencia terapéutica como el NICE británico, pero nadie se plantea en serio algo parecido.

Los psicólogos somos especialmente sensibles a las políticas de recorte dirigidas a los servicios esenciales de nuestro modelo social, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales. Creemos que es un error pensar que podemos prescindir de mejorar nuestra sanidad y educación, sin tener en cuenta que el conocimiento y el bienestar son dos importantes motores económicos en nuestras sociedades avanzadas. Pero tampoco vivimos ajenos a la realidad, sabemos que podemos gastar sólo aquello que tenemos y que es necesario que hay que atender a muchas otras necesidades esenciales que hacen posible las condiciones que intervienen en el desarrollo productivo, económico y social. Pedimos que se invierta en cohesión, pero también que se gaste con criterios serios y de eficiencia.

Esta forma de pensar es ampliamente compartida por los agentes políticos, económicos y sociales. Sin embargo, su plasmación en la práctica deja mucho que desear. No acaban de abrirse los caminos para que los psicólogos puedan ejercer toda su potencialidad tanto en el ámbito educativo como sanitario. A veces no se trata de invertir más, sino de invertir mejor. Nuestra profesión se encuentra muchas veces de frente el conformismo, la ignorancia, el desinterés, o, a veces, el excesivo interés por pseudo-soluciones que están únicamente respaldadas por intereses particulares más que por el interés general.

A quien salga victorioso en estas elecciones, y adquiera la grave responsabilidad del gobierno, le ofrecemos nuestra leal cooperación en la consecución del bien común. Somos una corporación que nació para defender a la Psicología como ciencia y profesión. Pero también tenemos un acendrado interés por el bien común, y nuestra visión desde la corporación no nos ha hecho ser corporativistas, en el peor sentido que tiene esa palabra. Seguiremos por ese camino en el convencimiento que luchar porque la Psicología se desarrolle como ciencia y profesión es, en último término, luchar por la mejora de nuestra sociedad.