El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 17 de septiembre de 2025, ha aprobado con 313 votos a favor y 33 en contra, el Informe de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental (expediente 154/000002). Este documento, cuyo texto íntegro había sido aprobado previamente en la Comisión de Sanidad el 24 de junio y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 8 de julio, ha sido ratificado por el Pleno sin modificaciones. Con esta votación, el Congreso da respaldo definitivo a un informe que constituye una hoja de ruta para reforzar la atención a la salud mental en España.
El debate parlamentario: datos, recursos y consenso
Durante el debate previo a la votación, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios coincidieron en señalar la magnitud del reto que enfrenta España en materia de salud mental. Se recordaron, en este sentido, los últimos datos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria, que muestran un aumento sostenido de los diagnósticos: entre 2019 y 2023 los trastornos de ansiedad pasaron de 105 a 128 casos por cada mil personas, con un incremento del 65%, mientras que la depresión creció un 22%, hasta los 45 casos por cada mil habitantes. En contraste, los diagnósticos de esquizofrenia y psicosis apenas se modificaron en ese mismo periodo.
Uno de los puntos más repetidos en las intervenciones fue la escasez de recursos humanos. Varios diputados lamentaron durante el debate que España cuente con apenas seis profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de dieciocho, lo que supone una brecha que compromete seriamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario público. En este contexto, se insistió en la necesidad de reforzar especialmente las plantillas de psicología clínica y de avanzar en la incorporación de psicólogos en atención primaria, con el fin de garantizar un acceso temprano y equitativo a los cuidados psicológicos.
Desde varios grupos, se destacó el valor de un modelo integral y comunitario, con programas de tratamiento basados en la evidencia, adaptados a las necesidades de cada territorio y con equipos de atención comunitaria. Asimismo, se subrayó la urgencia de humanizar los procesos de atención, regulando las contenciones mecánicas y farmacológicas en unidades psiquiátricas y geriátricas, con un enfoque centrado en la dignidad y los derechos de las personas.
El Grupo Socialista recordó la dimensión social del problema, señalando que cuatro de cada diez personas en España presentan problemas de salud mental, que el teléfono 024 ha recibido 260.000 llamadas en dos años (unas 500 al día) y que en 2024 se produjeron 3.846 suicidios (según datos provisionales del INE, publicados en julio), cifras que reclaman una respuesta política inmediata. Pese a las diferencias en la valoración del proceso, la mayoría de los grupos coincidieron en resaltar que el Informe es fruto de un ejercicio de escucha activa a profesionales, entidades y pacientes, y constituye un ejemplo de trabajo parlamentario de consenso. Solo VOX mantuvo su oposición frontal, con un voto particular finalmente rechazado por la Cámara.
Tras este debate político, marcado por un consenso general en la necesidad de reforzar los recursos y humanizar la atención, resulta esencial detenerse en el contenido del propio Informe aprobado, que recoge las aportaciones de más de cuarenta expertos/as y entidades y formula un conjunto exhaustivo de recomendaciones para transformar la atención a la salud mental en España, erigiéndose como un documento de referencia basado en la evidencia, para guiar las futuras políticas públicas en materia de salud mental en España.
El informe recoge las aportaciones de diferentes expertos/as e incluye una serie de recomendaciones clave para transformar la atención a la salud mental
A lo largo de sus páginas, el informe realiza una radiografía detallada de la situación, enumerando, a su vez, un conjunto amplio de recomendaciones, entre las cuales, destaca la necesidad de incrementar el número de profesionales en psicología clínica dentro del Sistema Nacional de Salud, junto a otras especialidades como psiquiatría y enfermería; la importancia de humanizar la atención integral; la prevención del suicidio o el abordaje de los determinantes sociales que impactan en la salud mental.
Cabe señalar que, en el análisis de las comparecencias, la voz de los psicólogos fue protagonista, con aportaciones que incidieron en la medicalización excesiva y la falta de recursos humanos en el ámbito psicológico.
Entre las intervenciones recogidas en el texto del Informe, destaca la de Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a la presidencia del Consejo General de la Psicología (COP), quien identificó tres grandes problemas del sistema actual: el incremento constante de la demanda de atención psicológica, con especial peso de la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño; la prescripción de psicofármacos como primera respuesta; y la escasez estructural de especialistas en psicología clínica.
Chacón alertó de que el sistema está diseñado para dar prioridad a los trastornos graves, dejando sin respuesta adecuada los problemas de salud mental más frecuentes y comunes. Frente a este modelo, propuso una atención escalonada, en la que los casos leves puedan resolverse en el ámbito comunitario o en atención primaria mediante intervención psicológica, reservando los recursos especializados para los casos graves. Asimismo, defendió la necesidad de regular la situación de los PESTOS (psicólogos especialistas sin título oficial), que llevan décadas trabajando sin reconocimiento legal, y de permitir que psicólogos y psicólogas con formación acreditada puedan intervenir en educación, servicios sociales y residencias.
Por su parte, durante su intervención en la Subcomisión, la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR) defendió la especificidad de la psicología clínica como especialidad sanitaria regulada por ley. Recordó que el acceso a esta formación se realiza mediante el sistema PIR (Psicólogo Interno Residente), equivalente al MIR en medicina, que implica un examen nacional altamente competitivo y cuatro años de formación práctica en el sistema público. ANPIR insistió en consolidar y aumentar de forma sostenida el número de plazas PIR, que han crecido en la última década pero siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda creciente.
El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña también intervino en la Subcomisión, a través de su decano Guillermo Mattioli Jacobs y Roger Ballescà, aportando una visión territorial sobre las necesidades de la psicología en el sistema público y reclamando una presencia más amplia y equitativa de psicólogos en el conjunto de comunidades autónomas.
España, entre los países con mayor consumo de psicofármacos en Europa
El Informe recoge datos oficiales que sitúan a España entre los países con mayor consumo de psicofármacos en Europa, y a la cabeza mundial en el uso de benzodiacepinas. Se constata así un modelo sanitario en el que el recurso a la medicación es excesivo y prioritario, incluso en casos en los que podrían plantearse intervenciones psicológicas y sociales.
Comparecientes como Fernando Chacón señalaron este sesgo farmacológico del sistema, mientras que la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) subrayó que la prescripción debe hacerse con ética, racionalidad y proporcionalidad, evitando medicalizar problemas sociales como la pobreza, la discriminación o la precariedad laboral. El Informe de la Subcomisión recoge también que los psicofármacos no pueden ser la única respuesta, y que es imprescindible reforzar los enfoques comunitarios, psicoterapéuticos y preventivos.
Salud mental como derecho humano fundamental
El documento establece principios generales que marcan un cambio de paradigma en la atención a la salud mental. Reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental, cuya protección y promoción corresponde a los poderes públicos. Señala que la atención debe estar centrada en las personas, con un enfoque de derechos y con protagonismo de quienes tienen experiencia en primera persona.
Asimismo, advierte de que los problemas de salud mental están profundamente determinados por factores sociales, económicos y ambientales, que deben ser abordados mediante políticas estructurales. Insiste en la necesidad de priorizar la detección precoz, la prevención y, de forma muy específica, la lucha contra el suicidio, considerado un problema de salud pública de primera magnitud.
Recomendaciones del Informe de la Subcomisión
La Subcomisión formula en su Informe un conjunto exhaustivo de recomendaciones, que abarcan desde la humanización de la atención hasta la gobernanza del sistema, y que resumimos a continuación:
– Humanización y derechos
El documento propone un giro hacia la humanización de la atención en salud mental, regulando de forma estricta las contenciones mecánicas y farmacológicas en unidades psiquiátricas y residencias geriátricas, desde una perspectiva de derechos humanos. Reclama la revisión de los ingresos involuntarios y el refuerzo de las garantías procesales, asegurando que estas situaciones excepcionales se lleven a cabo con pleno respeto a la dignidad de las personas.
También se plantea potenciar figuras de apoyo a la toma de decisiones, reforzar el consentimiento informado y promover la planificación anticipada de tratamientos, apostando por unidades de puertas abiertas y por la participación activa de las personas con experiencia en primera persona en los órganos de decisión.
El Informe aboga por un Pacto Social contra el estigma y la discriminación, que fomente la sensibilización social y combata los prejuicios que siguen pesando sobre quienes sufren problemas de salud mental.
– Prevención del suicidio
La prevención del suicidio aparece como uno de los ejes centrales del documento. Se propone que todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y las entidades locales, prioricen medidas específicas de prevención. Entre ellas, protocolos de actuación claros para los profesionales, programas de orientación y apoyo a las familias, atención a las personas supervivientes y mejora sustancial en la calidad de los datos y registros sobre suicidio.
– Determinantes sociales y salud en todas las políticas
El Informe insiste en que la salud mental debe abordarse desde un enfoque intersectorial, aplicando el principio de “Salud en todas las Políticas”. Recomienda la elaboración de un Plan de Gobierno para la Salud y el Bienestar, que articule medidas en vivienda, empleo y cuidados.
En materia de vivienda, reclama políticas que favorezcan el acceso, reduzcan la precariedad habitacional y garanticen la seguridad de la tenencia. En el ámbito laboral, sugiere avanzar en la reducción de la jornada laboral, la mejora de los salarios y la ampliación de los permisos de cuidados, de manera que el trabajo no se convierta en un factor de riesgo para la salud mental, sino en un entorno que favorezca el bienestar.
– Información, conocimiento y divulgación
Otro bloque de recomendaciones se centra en mejorar la información epidemiológica y sanitaria en salud mental. El Informe pide estudios específicos sobre la prevalencia de trastornos mentales graves, la incorporación de indicadores precisos al Sistema Nacional de Salud y una mejora en la calidad de los datos de mortalidad por suicidio. Además, aboga por que esta información sea divulgada de manera accesible para la población, los profesionales y las personas afectadas.
– Promoción del bienestar psicológico en la comunidad
El documento propone reforzar los proyectos de acción comunitaria de base territorial, fomentando la creación de espacios comunitarios de bienestar psicológico abiertos tanto a personas con diagnóstico como a quienes no lo tienen. Estos espacios deberían ofrecer talleres, actividades de escucha activa y redes de apoyo mutuo, que permitan crear vínculos de confianza y cuidado entre la ciudadanía.
En el ámbito educativo, recomienda promover el cuidado psicológico y emocional desde la educación primaria hasta la universidad, con programas específicos en los centros escolares. En el ámbito laboral, pide habilitar salas de descanso y bienestar, implementar programas de orientación psicológica y social y fomentar redes de apoyo entre iguales, de manera que los lugares de trabajo se conviertan también en espacios de salud.
– Protección en entornos digitales y laborales
El Informe pone el foco en los nuevos riesgos asociados a la digitalización. Reclama medidas específicas para proteger a los menores frente al ciberacoso y las adicciones tecnológicas, y plantea incorporar el cuidado psicológico y emocional en los planes de prevención de riesgos laborales y en las políticas de igualdad de las empresas, siempre bajo la supervisión de profesionales sociosanitarios.
– Gobernanza, financiación e investigación
Finalmente, dedica un bloque a la gobernanza y la financiación. Defiende la consolidación de una gobernanza en red, articulada a través del Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Reclama la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, un compromiso pendiente desde hace años.
En materia de recursos, plantea un aumento progresivo de la inversión pública en salud mental, fijando un porcentaje estable dentro del gasto sanitario total, de manera que no dependa de coyunturas políticas o económicas. También propone fórmulas de financiación que promuevan la innovación, la evaluación y la investigación aplicada en salud mental, con el fin de consolidar un sistema basado en la evidencia y en la mejora continua.
– Refuerzo de profesionales en salud mental
De manera explícita, el Informe subraya la urgencia de incrementar el número de profesionales en psicología clínica, psiquiatría y enfermería especializada. Esta mención, compartida entre varias disciplinas, supone un reconocimiento directo a la necesidad de reforzar las plazas de psicólogos clínicos en el sistema público.
– Salud mental en la infancia y la adolescencia
El Informe dedica un apartado específico a la salud mental en la infancia y la adolescencia, enfatizando la necesidad de detección precoz y de programas de prevención desde las primeras etapas educativas. Se reconoce que los problemas de ansiedad, depresión, conductas de riesgo y suicidio juvenil requieren una respuesta coordinada de los sistemas sanitario, educativo y social. Por ello, se propone reforzar los dispositivos de salud mental infanto-juvenil en el Sistema Nacional de Salud, garantizando la presencia de profesionales de la psicología clínica expertos en este ámbito y dotar a los centros escolares de recursos de apoyo psicológico y emocional.
Asimismo, se recomienda implementar programas de cuidado del bienestar psicológico y emocional en escuelas, institutos y universidades, con acciones de promoción, talleres de resiliencia y espacios de escucha activa que favorezcan la prevención. El Informe también hace un llamamiento a mejorar los protocolos de prevención del suicidio en jóvenes, con medidas específicas de acompañamiento a familias y atención a supervivientes.
– Salud mental perinatal y materna
El documento aborda igualmente la salud mental perinatal y materna, insistiendo en la necesidad de integrar este ámbito en la planificación del SNS. Se advierte de que los problemas psicológicos durante el embarazo y el posparto, como la depresión perinatal, tienen un impacto profundo tanto en las madres como en los hijos, por lo que requieren atención temprana y especializada. El Informe recomienda reforzar los protocolos de atención en salud mental perinatal, garantizando la detección precoz y el acompañamiento de las mujeres en coordinación con obstetricia, pediatría y atención primaria. Asimismo, aboga porque la salud mental perinatal sea reconocida como un área prioritaria en las políticas públicas, con recursos específicos y la participación de profesionales de la psicología clínica especializados en esta etapa vital.
– Salud mental en personas mayores
El documento presta especial atención a la salud mental en las personas mayores, identificándolas como uno de los colectivos más vulnerables. Alerta de la elevada prevalencia de depresión no tratada, del aumento de ideaciones y tentativas suicidas y de que este grupo concentra una de las tasas más altas de consumo de hipnosedantes y antidepresivos. De hecho, según los datos que recoge, en 2022, el 30% de los suicidios correspondió a personas mayores de 65 años, con cifras especialmente elevadas en los hombres mayores de 85.
Frente al recurso habitual a la institucionalización, se propone aquí avanzar hacia modelos de cuidados comunitarios y de desinstitucionalización, que respeten la voluntad y preferencias de las personas mayores y favorezcan su autonomía vital. Se reclama, además, combatir el edadismo y el infradiagnóstico, mejorar la detección y la atención psicológica en este grupo, y revisar las prácticas clínicas que han derivado en un uso excesivo e inadecuado de psicofármacos en este colectivo.
Conclusión: un cambio de modelo
La aprobación del Informe de la Subcomisión de Salud Mental constituye un paso político importante en el reconocimiento de la salud mental como prioridad de Estado. Sus conclusiones marcan un horizonte en el que la psicología y la intervención comunitaria deben ganar peso frente al modelo biologicista y farmacológico que ha dominado durante décadas.
La voz de los psicólogos ha sido clara en las comparecencias: el sistema está ‘sobrefarmacologizado’ y carece de recursos humanos suficientes. Ahora resta esperar que estas recomendaciones se conviertan en políticas efectivas, con dotación presupuestaria y voluntad política, que permitan construir un modelo más preventivo, humano y comunitario.
Para la psicología, este Informe es a la vez una oportunidad y un desafío: supone un reconocimiento explícito a su papel en el sistema público, pero también la necesidad de vigilar que este impulso no quede diluido en declaraciones generales. El futuro de la salud mental en España pasa por dar a la psicología el lugar que merece y por reducir la dependencia de unos psicofármacos que, como se ha recordado en la Subcomisión, no pueden ser la única respuesta al sufrimiento humano.
Se puede acceder a la sesión de votación del Pleno del Congreso en la página del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados (BOCG) o bien directamente aquí: