El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la estrategia de la UE que establece el marco político y las prioridades de la política de drogas de la UE en el período 2021-2025. La estrategia tiene como objetivo garantizar un alto nivel de promoción de la salud, estabilidad y seguridad social y contribuir a la sensibilización sobre este grave problema. Sobre la base de esta estrategia, el Consejo preparará un plan de acción que establecerá medidas concretas para alcanzar estas prioridades.

La Estrategia de la UE en materia de Lucha contra la Droga 2021-2025 proporciona el marco político general y las prioridades de actuación de la Unión Europea en esta materia para el período 2021-2025. El marco, la finalidad y los objetivos de la Estrategia servirán de base para el Plan de Acción de la UE sobre drogas entre los años 2021 y 2025.

Tal y como señala el Consejo de la Unión Europea en su documento de conclusiones, el propósito de la estrategia es proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y del individuo, proteger y promover la salud pública, ofrecer un alto nivel de seguridad y bienestar para el público en general y aumentar la alfabetización en salud.

Para tal fin, adopta un enfoque basado en datos empíricos, integrado, equilibrado y multidisciplinario del fenómeno de las drogas a nivel nacional, de la UE e internacional, con la preservación de los Derechos Humanos como eje central, incorporando también una perspectiva de igualdad de género y equidad en salud.

Al mismo tiempo, esta estrategia utiliza las lecciones aprendidas de la crisis del COVID-19 en el área de las drogas y adopta un enfoque orientado al futuro, promoviendo la investigación, la innovación y la prospectiva para responder de manera más efectiva a los crecientes desafíos y anticiparlos.

Según prevé la UE, las prioridades y acciones en el ámbito de las drogas ilícitas coordinadas a través de la Estrategia, deberán tener un impacto general en aspectos clave de la situación de las drogas en Europa. La aplicación coherente, eficaz y eficiente de las medidas debe garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, estabilidad y seguridad social y contribuir a la sensibilización, minimizando las posibles consecuencias negativas no deseadas asociadas con la implementación de las acciones y promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

En el marco de la reducción de la oferta de drogas/mejora de la seguridad, la estrategia se centra en todos los aspectos del mercado de drogas ilícitas e incluye la prevención, la disuasión y la interrupción de los delitos relacionados con las drogas, concretamente, la delincuencia organizada, mediante la cooperación judicial y policial, la inteligencia, la interdicción y el decomiso de activos delictivos, investigaciones y gestión de fronteras. Esta área prioritaria se ha mejorado aún más en comparación con la estrategia 2013-2020, para dar respuesta a los desafiantes desarrollos en los mercados europeos de drogas. Estos se caracterizan por una alta disponibilidad de diversos tipos de drogas, incautaciones cada vez mayores, uso cada vez mayor de la violencia y enormes ganancias, así como la utilización de plataformas de redes sociales, aplicaciones e Internet y darknet (Web oscura) para el tráfico ilícito de drogas. Tales características se han incrementado durante la crisis del COVID-19.

Por otro lado, el ámbito de la política de reducción de la demanda de drogas consta de una serie de medidas de refuerzo mutuo que incluyen la prevención, la detección e intervención tempranas, el asesoramiento, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y la recuperación.

En este ámbito, el documento de la UE considera prioritario que:

• La implementación amplia de intervenciones y estrategias de prevención universales y ambientales basadas en la evidencia para lograr la salud y el bienestar, incluidas las que fomentan la resiliencia, aumentan la alfabetización en salud y promueven las habilidades para la vida y las oportunidades para elegir estilos de vida saludables.

• Las medidas basadas en evidencia deben estar disponibles para ayudar a las personas que experimentan desventajas particulares y múltiples y que pueden ser más vulnerables a los riesgos asociados con el uso de drogas, y al desarrollo de patrones de uso de drogas de riesgo. La prevención efectiva debe ser apropiada al contexto social local y a las necesidades de la población objetivo, estar informada por evidencia científica y ser segura y efectiva.

• Para llegar a los y las jóvenes, se deben aprovechar al máximo los nuevos e innovadores canales de comunicación digital. Las medidas implementadas deben estar basadas en la evidencia y apoyar las relaciones positivas con los compañeros y las compañeras y con los adultos. Un grupo destinatario importante para las actividades de prevención serán los jóvenes en múltiples entornos, entre ellos, las familias, los centros educativos, la vida nocturna, el ámbito laboral, la comunidad e Internet y las redes sociales.

• Ofrecer y, cuando sea necesario, aumentar la disponibilidad de medidas eficaces para prevenir el desarrollo de trastornos graves por consumo de drogas mediante intervenciones tempranas adecuadamente dirigidas a las personas en riesgo de tal progresión, facilitando la colaboración entre todas las partes interesadas, incluidos los padres y las familias. El documento considera fundamental hacer un mejor uso de los profesionales de la atención primaria de la salud para mejorar la identificación de usos problemáticos y ofrecer intervenciones breves y tempranas.

• Garantizar el acceso voluntario a una amplia gama de servicios efectivos basados en evidencia, que incluyen asesoramiento profesional, tratamiento psicológico y social, conductual y asistido por medicamentos, incluida la terapia de mantenimiento con opioides centrada en la persona, rehabilitación, reintegración social y programas de apoyo a la recuperación, y que trabajen en estrecha coordinación y colaboración con otros servicios de asistencia sanitaria y social.

• Identificar y eliminar las barreras de acceso al tratamiento, garantizando y ampliando la cobertura de los servicios de tratamiento y atención según las necesidades individuales. Esto también puede incluir ofertas de salud electrónica, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19. Las barreras de acceso también deben reducirse con respecto a las características clave del grupo objetivo, como factores demográficos (por ejemplo, edad, género, educación, antecedentes culturales), factores situacionales (por ej., pobreza, circunstancias familiares, círculo social, falta de vivienda, migración, etc.). encarcelamiento) y factores personales (por ej., salud física y mental, discapacidades, bienestar psicológico).

• Reducir el estigma. Es trascendental abordar la estigmatización vinculada al consumo de drogas y los trastornos por consumo de drogas, principalmente, porque este estigma puede tener un efecto perjudicial sobre la salud mental y física de las personas que consumen drogas y, a su vez, podría actuar como una barrera para buscar apoyo. En este sentido, insta a tener en cuenta en el desarrollo de políticas la inclusión de personas que han experimentado el estigma relacionado con las drogas.

• Implementar ampliamente tratamientos y cuidados que aborden las necesidades específicas de las mujeres, identificando y abordando mejor las barreras que enfrentan las mujeres para participar y buscar servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación. Estas barreras incluyen violencia doméstica, trauma, estigma, problemas de salud física y mental, problemas de embarazo y cuidado de niños, todos los cuales pueden verse agravados por factores demográficos, socioeconómicos, situacionales y personales. Para una mayor eficacia en la prestación de servicios, ésta debe ser sensible a las necesidades específicas y las experiencias de vida de las mujeres con problemas de uso de drogas, reconociendo, entre otros aspectos, que los patrones y problemas de uso de drogas pueden diferir de los experimentados por los hombres.

• Implementar modelos de atención que sean adecuados para grupos con necesidades especiales de atención, reconociendo la diversidad entre las personas que consumen drogas y emprendiendo medidas para brindar servicios orientados al abordaje de esta diversidad. Según el documento, estos grupos incluyen a: niños y jóvenes, personas mayores con antecedentes de uso y dependencia de drogas a largo plazo, personas con problemas de salud mental comórbidos , LGBTI, personas con policonsumo de drogas, personas que consumen drogas y también son padres, personas con discapacidad, minorías étnicas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, personas que se dedican al trabajo sexual y la prostitución y personas sin hogar.

Se ha añadido un nuevo capítulo dedicado a abordar los daños relacionados con las drogas, incluyendo en él medidas y políticas para prevenir o reducir los posibles riesgos y daños sociales y de salud para los usuarios y las usuarias, la sociedad y en el entorno penitenciario. Cubre aspectos como la reducción de la prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas, la prevención de sobredosis y muertes relacionadas con las drogas y la provisión de alternativas a las sanciones coercitivas.

La estrategia también identifica tres temas transversales en apoyo de las áreas de política:

• Cooperación internacional: potenciar el papel de la UE como intermediario global para una política de drogas centrada en las personas y orientada a los derechos humanos mediante la cooperación con terceros países, regiones y organizaciones internacionales, al tiempo que se refuerza el compromiso con políticas de drogas orientadas al desarrollo y medidas de desarrollo alternativo .

• Investigación, innovación y prospectiva: proporcionar a la UE y los estados miembros las capacidades de investigación y prospectiva integrales necesarias para abordar los desafíos de las drogas de una manera más ágil y proactiva, aumentando la preparación para responder a los desafíos futuros.

• Coordinación, gobernanza e implementación: asegurar la implementación óptima de la estrategia, incluso a través de la acción clave del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y de Europol, involucrando a la sociedad civil y proporcionando recursos adecuados a nivel nacional y de la UE para lograrlo.

Fuente: Consejo de la Unión Europea