El estrés, la ansiedad, la depresión, el acoso y la precariedad laboral afectan ya a millones de trabajadores y trabajadoras en España, con un coste anual estimado de hasta 30.000 millones de euros. Sin embargo, pese a la magnitud del problema, los riesgos psicológicos y sociales laborales continúan siendo los grandes olvidados del sistema de prevención. La falta de reconocimiento legal, la escasa protección frente a las enfermedades mentales de origen laboral y la invisibilidad del sufrimiento psicológico en el trabajo revelan una brecha urgente que España está comenzando a cerrar, pero que aún exige avances decididos y sostenidos.
Estas son algunas de las conclusiones recogidas por la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA) en un informe a través del cual analiza el estado actual de la legislación, las estrategias y las iniciativas llevadas a cabo en España para reconocer, prevenir y gestionar los riesgos psicológicos y sociales en el ámbito laboral.
De acuerdo con el informe, España ha reforzado notablemente su compromiso con la prevención de los riesgos psicológicos y sociales (RPS) en el trabajo, en un contexto marcado por la creciente visibilidad de los problemas de salud mental, la digitalización y el impacto duradero de la pandemia de COVID-19.
Un panorama preocupante: prevalencia de estrés, ansiedad, depresión e inseguridad laboral
Los riesgos psicológicos y sociales en el entorno laboral español han alcanzado dimensiones alarmantes. Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el estrés laboral fue responsable del 30% de las bajas laborales en 2019, afectando al 40% de los trabajadores y a más de la mitad de los autónomos, quienes afirmaron ser un 60% menos eficientes debido a esta condición. Además, el 72% de los/as empleados/as afirmaron que su empresa no ofrecía programas de salud y bienestar específicamente dirigidos a abordar los riesgos psicológicos y sociales, y un 42% consideraron que los programas existentes estaban más centrados en el bienestar físico que en el bienestar mental.
Un estudio encargado por el Gobierno español (estudio PRESME) estimó que uno de cada siete casos de depresión en la población trabajadora está relacionado con la inseguridad laboral, y que, aproximadamente, 170.000 de los 511.000 casos de depresión estimados, podrían haberse evitado si las personas afectadas hubieran tenido empleo estable. La precariedad laboral afecta especialmente a jóvenes, mujeres, migrantes y personas con menor nivel educativo. La incidencia de los problemas de salud mental es más del doble entre quienes se encuentran en situaciones laborales más precarias.
Exposición a estresores laborales y violencia: datos de encuestas europeas
La Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo de 2021 indicó que los factores psicológicos y sociales más frecuentes en España incluyen el trato directo con clientes o pacientes (65%), trabajar a un ritmo muy elevado (48%), y la inseguridad laboral (26%). Además, el 17% reportó exposición a situaciones psicológica y emocionalmente perturbadoras, y se registraron niveles considerables de violencia verbal (7%) y violencia física (3%), aunque por debajo del promedio europeo. La discriminación en el trabajo y los comportamientos sociales adversos también figuran como elementos significativos.
COVID-19 y digitalización: aceleradores del debate sobre salud mental
La pandemia visibilizó la urgencia de abordar los riesgos psicológicos y sociales. Según la encuesta OSH Pulse (2022), el 64% de los trabajadores y las trabajadoras en España, consideran que ahora es más fácil hablar de salud mental en el trabajo, aunque un 56% todavía cree que revelar un problema de salud mental podría perjudicar su carrera. Además, el 50% informó que el estrés laboral aumentó tras la pandemia.
Particularmente alarmante fue la situación del personal sanitario: un estudio del INSST en 2022 halló que el 57% presentó síntomas de trastorno de estrés postraumático, el 58% desarrolló ansiedad y el 46%, depresión. Esto impulsó la creación de líneas de ayuda psicológica y la publicación de una guía de buenas prácticas de intervención psicológica y social en centros sanitarios.
Intervención psicológica: acciones dirigidas a la protección de la salud mental laboral
Uno de los avances más significativos en el contexto post-pandémico ha sido la puesta en marcha de intervenciones psicológicas dirigidas al personal sanitario, ante la gravedad del impacto emocional vivido. En la fase más crítica de la emergencia, las autoridades nacionales y regionales habilitaron servicios de apoyo telefónico y asistencia psicológica profesional para los trabajadores de centros sanitarios.
Estas actuaciones culminaron en la publicación de la guía Trabajar en tiempos de COVID-19: buenas prácticas de intervención psicosocial en centros sanitarios (INSST, 2020), que ofrece orientaciones específicas para responsables, mandos intermedios y servicios de prevención sobre acciones preventivas para proteger la salud psicológica y social del personal sanitario en cada etapa de la crisis.
Paralelamente, el INSST desarrolló herramientas tecnológicas específicas para la intervención psicológica y social en el trabajo, dirigidas a técnicos de prevención y colectivos empresariales. Estas herramientas están incluidas en las Notas Técnicas de Prevención (NTPs), donde se abordan fenómenos como el tecnoestrés, el burnout o las dificultades de conciliación laboral-familiar, y se ofrecen estrategias concretas para evaluarlos y mitigarlos, incorporando dimensiones de intervención psicológica aplicada.
Enfermedades mentales de origen laboral: reconocimiento limitado
España carece de una definición legal explícita de los riesgos psicológicos y sociales, pero el marco normativo actual —encabezado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el Reglamento de los Servicios de Prevención— sí exige su evaluación. Estos instrumentos obligan a las empresas a contar con personal formado en psicología aplicada y ergonomía para realizar las evaluaciones de riesgos. También incorporan el deber de considerar factores organizativos, de carga de trabajo y de apoyo social.
Además, el artículo 32 de la Ley General de Salud Pública reconoce que la salud ocupacional debe procurar el bienestar físico, mental y social del personal trabajador. El Estatuto de los Trabajadores impone a los empleadores la obligación de proteger la salud de sus empleados/as frente a la discriminación, el acoso y la violencia.
A pesar de que la Ley General de la Seguridad Social distingue entre accidentes laborales y enfermedades profesionales, los trastornos mentales derivados del trabajo no figuran en el listado oficial de enfermedades profesionales, lo cual obliga a los trabajadores a demostrar de forma científica y exclusiva el vínculo causal entre su empleo y la enfermedad para obtener reconocimiento y compensación. A este respecto, según datos recogidos en el informe de la EU-OSHA, entre 2011 y 2021, solo 1.053 casos de trastornos mentales derivados del trabajo fueron reportados, lo que representa apenas el 1,64% del total de patologías no traumáticas notificadas.
Estrategias nacionales centradas en la salud mental y los riesgos psicológicos y sociales
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 pone el foco en la salud mental y la prevención de los riesgos psicológicos y sociales. Incluye medidas específicas para sectores vulnerables como el sanitario y sociosanitario, fomenta la evaluación de impactos de la digitalización, y contempla la formación en este tipo de riesgos, incluyendo el derecho a la desconexión digital.
Asimismo, el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19 (2021-2024) del Ministerio de Sanidad asignó 100 millones de euros a medidas de prevención, atención psicológica y promoción del bienestar emocional, con énfasis en grupos vulnerables como la infancia, las mujeres o las personas mayores, entre otros.
Acción sindical y acuerdos colectivos
Los sindicatos UGT y CC.OO, a través de sus observatorios e institutos (ISTAS), han impulsado materiales técnicos, guías de evaluación (como el CoPsoQ-ISTAS21) y campañas de sensibilización. Además, los acuerdos colectivos sectoriales, como los del telemarketing o la industria cárnica, han incluido cláusulas específicas para prevenir el acoso, el burnout, el conflicto trabajo-familia y otros riesgos psicosociales.
Entre los instrumentos destacados en el ámbito técnico se encuentran las Notas Técnicas de Prevención (NTPs) del INSST, que proporcionan definiciones científicas y herramientas de medición y prevención aplicables a riesgos psicológicos y sociales tradicionales y emergentes. Estas NTPs abordan, entre otros temas, el síndrome de burnout, el tecnoestrés, la diversidad generacional, la conciliación laboral y familiar, el impacto de las nuevas tecnologías, y de forma específica, el acoso sexual en el lugar de trabajo. Esta inclusión reafirma el reconocimiento del acoso sexual como un riesgo psicológico y social grave, que requiere intervenciones técnicas y organizativas dentro de las políticas de salud laboral.
Obstáculos persistentes: escasez de recursos, pymes y datos insuficientes
A pesar de los avances, el informe de la EU-OSHA identifican importantes barreras en nuestro país: las pymes carecen de recursos para aplicar medidas eficaces; muchos servicios de prevención son externalizados sin enfoque personalizado; y la inspección de trabajo dispone de personal limitado, con acciones más reactivas que preventivas. Además, la falta de datos fiables y sistemáticos sobre salud mental en el trabajo impide diseñar políticas más eficaces.
Conclusión: una oportunidad decisiva para fortalecer la salud mental en el trabajo
España ha avanzado de forma significativa en el reconocimiento de la salud mental y los riesgos psicológicos y sociales como una prioridad laboral. El impacto de la pandemia y la digitalización ha contribuido a romper estigmas y a colocar el bienestar mental en el centro del debate político y social.
Sin embargo, aún persisten retos en términos de implementación, legislación específica, reconocimiento de enfermedades mentales de origen laboral, y protección eficaz frente al acoso, la violencia y el burnout. Solo mediante una acción coordinada entre administraciones, sindicatos, empresas y expertos, será posible construir una cultura preventiva real que proteja la integridad psíquica, el bienestar emocional y la salud psicológica de toda la población trabajadora.
Se puede acceder al documento completo desde la página web de la EU-OSHA o bien directamente aquí:
Spain: Psychosocial risk prevention – strategies and legislation