La violencia contra la infancia y la adolescencia continúa mostrando desigualdades estructurales profundamente arraigadas, y una de las más significativas es la elevada exposición a múltiples formas de violencia entre niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con problemas de salud crónicos. La magnitud de estas diferencias es extraordinaria: las cifras no solo duplican, sino que en muchos casos superan con creces las prevalencias observadas en la población sin discapacidad. Este patrón se refleja en ámbitos esenciales del bienestar infantil, especialmente en las dimensiones físicas, psicológicas, sexuales, digitales y relacionadas con los cuidados, donde las tasas de violencia alcanzan niveles alarmantes, situándose por encima del 70% en el caso de quienes presentan una discapacidad reconocida y por encima del 60% entre quienes conviven con problemas de salud crónicos.
Estas son algunas de las conclusiones recogidas por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 -Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad-, y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD), en su microinforme sobre la prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia con discapacidad y/o con problemas de salud crónicos en España.
El documento, basado en datos del estudio previo del Ministerio de Juventud e Infancia sobre Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, describe de forma focalizada los datos específicos de prevalencia y riesgo de violencia en estos colectivos, sintetizando y mostrando con claridad hasta qué punto la discapacidad y los problemas de salud crónicos actúan como factores de riesgo que aumentan de manera significativa la probabilidad de haber sufrido múltiples formas de violencia durante la infancia y la adolescencia.
Un estudio centrado en la prevalencia de seis formas de violencia.
El estudio original en el que se basa el microinforme recoge el recuerdo autodeclarado de 9.037 personas jóvenes de entre 18 y 30 años, con el propósito de medir la prevalencia de diferentes formas de violencia sufridas durante su infancia y adolescencia. Dicho estudio analiza seis tipos de violencia: psicológica, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital. El presente microinforme sintetiza exclusivamente los datos relacionados con los grupos que vivieron su infancia y adolescencia con una discapacidad reconocida o con problemas de salud crónicos o de larga duración, destacando que ambos colectivos presentan un riesgo significativamente mayor de haber experimentado estas formas de violencia en comparación con quienes no presentan estas condiciones.
Infancia y adolescencia con discapacidad: prevalencias que superan el 70%.
Los hallazgos muestran que la infancia y adolescencia con discapacidad constituye un grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad mucho más elevada, enfrentando un riesgo significativamente mayor, a menudo el doble, de sufrir casi todas las formas de violencia analizadas. Los datos indican que la prevalencia de la violencia psicológica, física, sexual, por negligencia y digital es drásticamente superior en este grupo.
En relación con la violencia psicológica, el 71,9% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad reconocida reporta haberla sufrido, y el estudio concluye que este colectivo presenta un 79% más de riesgo respecto a quienes no tienen una discapacidad reconocida. La violencia física alcanza una prevalencia del 71,1%, y el riesgo de haberla sufrido es más del doble —aumentado 2,19 veces— en comparación con la infancia y adolescencia sin discapacidad. En el caso de la violencia sexual, se observan también cifras preocupantes, con un 58,5% de prevalencia y un riesgo de más del doble —aumentado 2,12 veces— respecto a quienes no presentan discapacidad.
La violencia por negligencia se sitúa en el 49,9% y conlleva un riesgo un 79% mayor que el del resto de la población encuestada. Por su parte, la violencia digital afecta al 50,2% del colectivo con discapacidad, y el análisis identifica un riesgo un 83% mayor de haberla sufrido.
Finalmente, el microinforme recuerda que, según el estudio original, contar con un grado de discapacidad reconocida no resulta una variable estadísticamente significativa en el modelo destinado a analizar la prevalencia de violencia en el ámbito de la pareja.
Infancia y adolescencia con problemas de salud crónicos: riesgos igualmente elevados.
El microinforme incluye también los datos referidos a quienes crecieron con enfermedades o problemas de salud crónicos o de larga duración, otro colectivo que presenta un riesgo considerablemente elevado de sufrir violencia.
En lo referente a la violencia psicológica, la prevalencia asciende al 67,5%, con un riesgo más del doble —aumentado 2,34 veces— en comparación con quienes no tienen problemas de salud crónicos. La violencia física aparece en el 58,1% de los casos, y el riesgo correspondiente es también más del doble —aumentado 2,14 veces—, mientras que la violencia sexual afecta al 45,4% de este grupo, con un riesgo casi duplicado —aumentado 1,93 veces—.
La violencia por negligencia alcanza el 42,9% y supone el mayor riesgo detectado para este colectivo, con más del doble de probabilidad —riesgo aumentado 2,48 veces— de haberla sufrido. Por su parte, la violencia digital presenta una prevalencia del 42% y un riesgo más del doble —aumentado 2,11 veces— respecto a quienes no crecieron con problemas crónicos de salud. A todo ello se suma la violencia en el ámbito de la pareja, cuya prevalencia es del 38,4% y supone un 89% más de riesgo para este colectivo.
Las niñas y las adolescentes con discapacidad: un vacío de información que impide el análisis interseccional.
El microinforme llama la atención sobre un aspecto crucial: la ausencia de datos desagregados por sexo en el estudio original cuando se analiza la prevalencia de la violencia en la infancia y adolescencia con discapacidad o con problemas de salud crónicos. Esta falta de información impide describir de manera focalizada las vulnerabilidades específicas que puedan afectar de forma diferenciada a las niñas y adolescentes con discapacidad. El estudio trata el sexo/género y la discapacidad como variables independientes y no ofrece un análisis de su intersección, lo que constituye un vacío relevante para la caracterización de dichas dinámicas.
Pese a ello, el microinforme sí presenta datos generales sobre diferencias de género en la población total analizada. El estudio original revela que las mujeres jóvenes reportan una prevalencia significativamente mayor de violencia sexual —33,6% frente al 24,4% de los hombres— y de violencia en el ámbito de la pareja —28,7% frente al 22,7%—, identificando además a la pareja sentimental como el perpetrador señalado con mucha más frecuencia por ellas que por ellos. Por el contrario, los hombres jóvenes declaran una prevalencia superior de violencia física, con un 46,0% frente al 34,8% de las mujeres. Si bien estos datos no permiten establecer conclusiones específicas para el colectivo con discapacidad, sí evidencian patrones diferenciales por género que podrían ser relevantes para futuras investigaciones.
Conclusión: un riesgo que duplica o incluso supera al de la población sin discapacidad.
La conclusión del microinforme es clara y contundente: la infancia y adolescencia con discapacidad y/o con problemas de salud crónicos experimenta una prevalencia de violencia significativamente superior a la de sus pares sin estas condiciones. El riesgo de sufrir violencia psicológica, física, sexual, digital y por negligencia llega a duplicar, o incluso superar, el doble del riesgo observado para el resto de la población analizada. El documento subraya además la ausencia de análisis que cruce discapacidad con sexo/género, lo que constituye una limitación importante para describir diferencias específicas que puedan afectar a niñas y adolescentes con discapacidad.
Se puede acceder al informe completo desde la página web del Observatorio Estatal de la Discapacidad o bien directamente aquí.