La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha exigido la paralización íntegra del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, argumentando que su aprobación vulneraría los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, dado que su contenido vendría a reforzar la institucionalización y el uso de medidas coercitivas en este ámbito de la salud.
Esta reivindicación forma parte de la campaña #DerechoANuestrosDerechos, una iniciativa lanzada en el marco del Día de los Derechos Humanos (celebrado el pasado 10 de diciembre) -y que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-, cuya finalidad es concienciar sobre los riesgos que, a juicio de la organización, puede conllevar la aprobación de este instrumento jurídico en materia de bioética y atención en salud mental.
¿Qué son el Convenio de Oviedo y el Protocolo Adicional al Convenio?
El Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, conocido como Convenio de Oviedo, es un tratado internacional del Consejo de Europa diseñado para proteger la dignidad y los derechos humanos ante los avances biológicos y médicos, estableciendo principios éticos aplicables a la práctica médica y la investigación.
El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo es un proyecto de texto concebido para protocolarizar las medidas de internamiento y tratamiento involuntario de personas con problemas de salud mental. El borrador de este instrumento, iniciado en 2013 por el Comité de Bioética del Consejo de Europa, ha sido objeto de rechazo de diversas partes interesadas desde su consulta pública de 2015, al considerarse que puede entrar en contradicción con normas internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Si bien está paralizado desde el año 2022, según se ha informado, en enero de 2026, está previsto que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) retome el proceso para votar el texto.
¿Por qué no debe aprobarse el Protocolo?
El Protocolo Adicional confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental, no promueve recursos alternativos respetuosos y es incoherente con los organismos internacionales.
De aprobarse el Protocolo Adicional se reforzaría la institucionalización y la coacción en psiquiatría, legitimando la coerción en salud mental, avalando medidas como los ingresos involuntarios y prácticas como la medicación forzosa, la contención física o química y el aislamiento, lo que supondría una desprotección total y un ataque directo a los derechos de las personas con problemas de salud mental, al no respetar su autonomía, su voluntad y sus preferencias.
¿Qué derechos vulnera?
Derecho a la vida (art. 10), Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12), Derecho a la libertad y seguridad de la persona (art. 14), Derecho a la protección contra la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15), Derecho a la protección de la integridad de la persona (art. 17), Derecho a la salud (art. 25), y Derecho a la habilitación y rehabilitación (art. 26).
Un posicionamiento alineado con las principales organizaciones europeas de DD.HH.
El posicionamiento de SALUD MENTAL ESPAÑA coincide en sus planteamientos con otras voces de la sociedad civil y organismos internacionales -entre ellos, Mental Health Europe o el Foro Europeo de Discapacidad-, que han criticado el proyecto de Protocolo adicional por su potencial de reforzar medidas coercitivas y por no alinearse con los estándares más exigentes de derechos humanos.
La misma Confederación, ha emprendido una labor de incidencia política a nivel europeo, enviando cartas personalizadas a miembros de la PACE, instando a que adopten una opinión negativa en el dictamen sobre el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo y que, en su lugar, se promueva un enfoque basado en los derechos humanos y la autonomía de las personas afectadas. En este sentido, cuenta con varias publicaciones y documentos de referencia y consulta, como el «Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental» y el «Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024».
El protocolo responde a un modelo biologicista de la salud mental.
Tal y como ha señalado su presidente, Nel González Zapico, el protocolo responde a un modelo «anclado en el pasado y absolutamente biologicista de la salud mental», que entra en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para los Estados parte, incluido España. En este sentido, recuerda que el texto permitiría la privación de libertad basada en la presunción de riesgo, sin promover recursos alternativos que respeten la voluntad individual ni incorporar las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos.
Un problema de salud mental no elimina ni acota derechos humanos
Dado lo expuesto, la Confederación reivindica lo siguiente:
- Paralización definitiva del borrador del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo.
- Suprimir las prácticas institucionales y la coerción que vulneran los derechos humanos.
- Recuperar la dignidad y los derechos de las personas con problemas de salud mental.
- Incrementar la inversión en salud mental para hacer posible un modelo comunitario respetuoso con los derechos de la persona.
- Desarrollar redes de apoyo, que respeten las preferencias y voluntades de la persona.
En palabras de la Confederación, «un problema de salud mental no elimina ni acota derechos humanos», y la dignidad humana debe permanecer por encima de cualquier diagnóstico clínico o consideración legal. En la misma línea y también en el marco del Día de los Derechos Humanos, referentes del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA han elaborado un Posicionamiento, donde recuerdan que «el derecho natural a la inclusión sigue enfrentado miradas que juzgan, silencios que apartan, y barreras que limitan» y ponen de relieve la necesidad de «emprender el camino hacia una sociedad justa, de derribar el muro de los miedos, y de abrir puertas hacia la plenitud de los derechos».
Se puede acceder a la nota de prensa de SALUD MENTAL ESPAÑA aquí.