Más de mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas en España de delitos sexuales cometidos en el entorno digital solo en 2024. En concreto, se registraron 1.078 denuncias por este tipo de delitos, y el 68,6% de las víctimas eran chicas. Pero los datos oficiales apenas muestran una parte del problema: el 97% de los y las jóvenes encuestados por Save the Children asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en Internet durante su infancia o adolescencia y uno de cada tres afirma haber mantenido contacto con una persona adulta con fines sexuales cuando aún era menor de edad. A ello, se suma otro dato especialmente alarmante: el incremento de los agresores pertenecientes al entorno familiar de la víctima, que han pasado de representar el 3,3% de los casos analizados en el periodo 2021-2022 al 25% en 2023-2024.
Estas son algunas de los preocupantes datos recogidos por la organización Save the Children en su informe «Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital», en el que analiza 23 sentencias correspondientes a 28 casos de grooming online ocurridos en España durante 2023 y 2024. El documento examina las características de esta forma de violencia sexual contra la infancia, el perfil de víctimas y agresores, las dificultades del proceso judicial y los retos pendientes necesarios para ofrecer una protección real y especializada a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
El informe parte de una constatación clara: el entorno digital forma ya parte inseparable de la vida cotidiana de la infancia y adolescencia. Según recuerda Save the Children, casi el 58% de los menores utiliza Internet de manera habitual desde los 11 años y prácticamente uno de cada tres lo hace incluso antes de cumplir los 10 años. La presencia digital constituye hoy un espacio central de socialización, ocio, aprendizaje y construcción de relaciones personales, pero también un entorno donde se multiplican las situaciones de vulnerabilidad cuando no existen mecanismos adecuados de protección.
La organización advierte de que la transformación digital ha amplificado riesgos ya existentes y ha facilitado nuevas formas de violencia sexual contra la infancia. Entre ellas, el grooming online se consolida como una de las más preocupantes. Este delito consiste en que una persona adulta contacte con un niño, una niña o un/a adolescente mediante medios electrónicos con el objetivo de involucrarle en actividades sexuales, ya sea obteniendo imágenes o vídeos de contenido sexual, promoviendo encuentros físicos o realizando interacciones sexuales a través de plataformas digitales.
Este tipo de violencia se produce en aquellos espacios digitales frecuentados habitualmente por menores.
Según señala, este tipo de violencia reproduce muchas de las dinámicas características del abuso sexual presencial. El agresor o agresora suele iniciar un proceso progresivo de manipulación emocional, generando primero un vínculo de confianza mediante engaños, falsas identidades, chantajes o apoyo emocional aparente. Posteriormente, busca aislar a la víctima, valorar el riesgo de ser descubierto y, finalmente, introducir las peticiones sexuales. No obstante, el informe señala que las dinámicas tradicionales están cambiando y que, actualmente, muchos agresores aceleran el proceso realizando solicitudes sexuales inmediatas sin necesidad de establecer previamente una relación prolongada con el menor.
Las agresiones se producen en todos aquellos espacios digitales frecuentados habitualmente por niños, niñas y adolescentes: redes sociales, videojuegos online, plataformas de streaming, aplicaciones de mensajería o comunidades virtuales. La facilidad para ocultar la identidad y la enorme presencia de menores en estos entornos incrementan significativamente el riesgo de victimización.
Respecto al perfil de las víctimas, el informe confirma que las niñas continúan siendo mayoría, representando el 60,7% de los casos analizados, frente al 39,3% de niños. Sin embargo, Save the Children subraya que la diferencia entre ambos sexos es menor que en los casos de violencia sexual física. La media de edad de las víctimas se sitúa en torno a los 13 años, aunque los casos estudiados incluyen menores desde los 9 hasta los 16 años.
El peligro no procede solo de desconocidos en Internet: el informe alerta del aumento de agresores del entorno familiar.
Los datos muestran que las edades con mayor incidencia son los 13 y 15 años, cada una, con un 25% de los casos analizados. El informe destaca además que el grooming suele dirigirse a víctimas concretas mediante estrategias individualizadas de manipulación emocional, lo que explica que únicamente en el 12% de las sentencias hubiera más de una víctima implicada.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el cambio detectado en el perfil del agresor. Aunque todos los acusados analizados eran hombres y la mayoría no tenía antecedentes penales, aumenta de forma muy significativa la presencia de agresores pertenecientes al entorno familiar. Mientras que en el periodo 2021-2022 estos casos representaban solo el 3,3%, en el análisis actual alcanzan ya el 25%.
El informe desmonta, además, la idea de que el riesgo procede únicamente de desconocidos en Internet. Solo el 33,3% de los agresores eran personas totalmente desconocidas para la víctima. En el resto de los casos existía algún tipo de vínculo previo, ya fuera familiar o de conocimiento cercano. La organización insiste en que esta realidad obliga a replantear las estrategias de prevención, detección e intervención frente a la violencia sexual digital contra menores.
Save the Children advierte de procesos judiciales prolongados y del riesgo de revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de grooming.
La investigación dedica una parte importante al análisis del proceso judicial y al impacto que éste puede tener sobre las víctimas. En casi la mitad de los casos estudiados, concretamente en el 43,7%, fue la madre quien interpuso la denuncia ante las autoridades, manteniéndose como figura principal en la detección y activación de mecanismos de protección. No obstante, el informe destaca también el elevado porcentaje de denuncias presentadas directamente por las propias víctimas, que alcanza el 37,5%.
Los tiempos judiciales continúan siendo especialmente prolongados. Más del 60% de los procedimientos analizados se alargaron durante tres años o más, y un 14,3% superó incluso los cinco años de duración. Save the Children alerta de que estos procesos largos obligan a niños, niñas y adolescentes a convivir durante años con el impacto emocional derivado de la violencia sufrida y con la presión psicológica asociada al procedimiento judicial.
Precisamente, uno de los aspectos más preocupantes señalados en su documento, es el riesgo de revictimización secundaria. En el 65% de los casos analizados, la víctima tuvo que declarar más de dos veces y, en ocasiones, hasta tres veces antes del juicio. La organización recuerda que repetir reiteradamente el relato de la violencia sufrida obliga a niños, niñas y adolescentes a revivir la experiencia traumática, incrementando el malestar psicológico y el sufrimiento emocional.
La pericial psicológica y la declaración de la víctima adquieren un papel clave en los procedimientos por violencia sexual digital contra menores.
Asimismo, el estudio muestra cambios relevantes en quién realiza esas exploraciones. La declaración ante juez de guardia o de instrucción aparece ya en el 61% de los casos, aumentando significativamente respecto al periodo anterior. También se incrementa el papel del Ministerio Fiscal frente a la policía en la toma de declaraciones.
Uno de los apartados especialmente relevantes para el ámbito psicológico es el relativo a los medios probatorios empleados durante los procedimientos judiciales. El informe señala que la declaración de la víctima sigue siendo el principal elemento de prueba, presente en el 96% de las sentencias analizadas. Sin embargo, destacan también la importancia creciente de la prueba documental y de la pericial psicológica.
La pericial psicológica desempeña un papel fundamental en este tipo de procedimientos, tanto para evaluar el impacto emocional y psicológico sufrido por la víctima como para contextualizar las dinámicas de manipulación, coerción y vulnerabilidad presentes en los casos de violencia sexual digital. Estas evaluaciones permiten aportar elementos especializados sobre las consecuencias traumáticas derivadas del abuso, así como comprender mejor las dinámicas relacionales establecidas entre víctima y agresor.
Es prioritario generalizar la prueba preconstituida para evitar la revictimización de menores víctimas de violencia sexual digital.
El informe destaca el peso específico de la prueba documental en los delitos sexuales digitales, dado que conversaciones, imágenes, vídeos y otros archivos quedan almacenados en servidores y dispositivos electrónicos. La combinación de pruebas más frecuente es precisamente la formada por la declaración de la víctima y la prueba documental.
Especial atención dedica Save the Children a la prueba preconstituida, considerada una herramienta esencial para reducir la revictimización de la infancia víctima de violencia sexual. Este mecanismo permite grabar anticipadamente el testimonio del menor para evitar que tenga que repetirlo reiteradamente durante el proceso judicial. Según el informe, en el 65% de los casos analizados sí se practicó prueba preconstituida, aunque en el 35% restante no consta o ni siquiera se menciona su uso.
La organización reclama que esta práctica se aplique de forma sistemática en todos los procedimientos relacionados con violencia sexual contra menores y que se extienda también a adolescentes mayores de 14 años. En este sentido, considera imprescindible alejar a niños, niñas y adolescentes de los entornos judiciales tradicionales y minimizar al máximo la exposición repetida al relato traumático.
Con relación a las resoluciones judiciales, el informe refleja un descenso de las condenas respecto al periodo anterior. En 2023-2024, el 65,2% de las sentencias fueron condenatorias, frente al 96,7% registrado en 2021-2022. Las absoluciones se relacionan principalmente con la falta de pruebas suficientes o con la dificultad para acreditar todos los elementos exigidos por el tipo penal.
El informe recomienda extender el modelo Barnahus y reforzar la especialización judicial en violencia contra la infancia y adolescencia.
Save the Children advierte además de que todavía existen sentencias que no incorporan la pena accesoria de inhabilitación para trabajar con menores, pese a tratarse de una medida obligatoria tras la modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Frente a esta realidad, la organización apuesta por extender el modelo Barnahus a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital. Este sistema, cuyo nombre significa “casa de los niños” en islandés, permite reunir en un mismo espacio a profesionales de la justicia, salud, protección y atención psicológica, ofreciendo una respuesta coordinada, especializada y centrada en el interés superior del menor.
Por otro lado, recuerda que el grooming constituye una forma de violencia sexual infantil y, por tanto, debe integrarse plenamente dentro de los recursos Barnahus. El informe señala que en Cataluña estos dispositivos ya atienden también casos de violencia sexual online.
Entre las principales recomendaciones recogidas en el informe, la organización reclama reforzar la especialización judicial en violencia contra la infancia y adolescencia, ampliar el número de secciones especializadas, crear fiscalías específicas, incorporar equipos técnicos multidisciplinares y garantizar formación especializada para todos los operadores jurídicos sobre violencia digital, derechos de la infancia, revictimización y enfoque de género.
Save the Children pide educación afectivo-sexual integral y una mayor responsabilidad de las plataformas digitales frente a la violencia sexual contra menores.
Asimismo, Save the Children insiste en la necesidad de desarrollar programas de educación afectivo-sexual integral desde edades tempranas y adaptados a cada etapa evolutiva, abordando cuestiones como el consentimiento, la privacidad, la gestión de la identidad digital y las presiones existentes en entornos digitales.
Finalmente, la organización reclama medidas dirigidas a reforzar la responsabilidad de las plataformas y empresas tecnológicas en la prevención, detección y actuación frente a la violencia sexual digital contra la infancia y adolescencia.
Tal y como manifiesta, todas las agresiones que se producen “tras la pantalla” tienen consecuencias profundamente psicológicas, emocionales y sociales, y requieren respuestas institucionales especializadas capaces de proteger de forma eficaz a niños, niñas y adolescentes en un entorno digital cada vez más presente en sus vidas.
Se puede acceder al informe completo desde la página web de Save the Children o bien directamente aquí.