La prevención de las violencias machistas, la lucha contra la discriminación de género, la igualdad en el empleo, la reorganización de los cuidados y la protección de los derechos de las mujeres constituyen algunas de las principales prioridades de las políticas públicas de igualdad para los próximos cuatro años. A ellas, se suman nuevas actuaciones destinadas a combatir la misoginia digital, prevenir los sesgos de género en los sistemas de inteligencia artificial y abordar la violencia política contra las mujeres, así como medidas orientadas a reforzar su autonomía económica y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Estas son algunas de las líneas de actuación contempladas en el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (IV PEIEMH) 2026-2029, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre. El documento constituye la hoja de ruta del Gobierno en materia de igualdad hasta 2029 y contempla más de 750 medidas, distribuidas en 16 líneas de intervención y 34 objetivos específicos, con el propósito de consolidar las políticas desarrolladas en los últimos años y responder a nuevas manifestaciones de desigualdad y discriminación.
El nuevo plan da continuidad a los anteriores instrumentos de planificación y responde al mandato establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla la elaboración periódica de planes estratégicos de igualdad.
Su finalidad es establecer un marco común de actuación que permita coordinar las políticas de los distintos departamentos ministeriales e incorporar la perspectiva de género de manera transversal en las actuaciones de la Administración General del Estado.

Cuatro ejes estratégicos para avanzar en la igualdad efectiva.
El IV Plan Estratégico se estructura en cuatro grandes ejes que abarcan diferentes ámbitos de intervención pública:
El primero, gobernanza y acción política, se dirige a reforzar la incorporación de la igualdad en las políticas públicas y mejorar la coordinación institucional.
El segundo eje, economía, empleo y reorganización de los cuidados, contempla actuaciones destinadas a promover la autonomía económica de las mujeres, avanzar en la igualdad laboral y reforzar las políticas de conciliación y cuidados.
Por su parte, el tercer eje, derechos efectivos para las mujeres, se centra en garantizar el ejercicio de sus derechos y abordar las situaciones de desigualdad y discriminación que persisten en distintos ámbitos.
Finalmente, el cuarto eje, lucha contra la violencia machista, recoge actuaciones orientadas a combatir las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluyendo medidas de prevención, atención y reparación.
Estos cuatro ámbitos constituyen la estructura sobre la que se organizan las más de 750 medidas previstas para el periodo 2026-2029.
Prevención de la misoginia digital y de las nuevas formas de violencia contra las mujeres.
Entre las principales novedades del IV PEIEMH destaca la incorporación de nuevas respuestas institucionales frente a las formas de violencia machista que se producen en los entornos digitales. En concreto, el plan prevé reforzar la prevención y la actuación frente a la misoginia digital y los discursos de odio antifeministas, que contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Asimismo, contempla por primera vez de manera específica la violencia política contra las mujeres, incluyendo actuaciones frente a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento dirigidas contra aquellas que participan en la vida pública y política.
Según recoge la información oficial, estas medidas tienen como finalidad proteger la libertad de expresión de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos democráticos.
La incorporación de estas formas de violencia amplía los ámbitos de actuación contemplados en la planificación estatal de igualdad, al incluir expresamente manifestaciones de discriminación y acoso vinculadas con la participación pública y los espacios digitales.
Inteligencia artificial, derechos reproductivos y cambio climático.
Otra de las novedades del plan es la incorporación de la perspectiva de género en la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial. Para ello, se prevé la realización de auditorías destinadas a detectar y prevenir posibles sesgos discriminatorios que puedan reproducir o amplificar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el IV PEIEMH incluye el propósito de impulsar el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, con el objetivo de reforzar las garantías para su ejercicio efectivo.
El documento también incorpora la igualdad de género en las políticas relacionadas con el cambio climático y la transición ecológica. En este ámbito, plantea abordar los impactos diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres, así como promover la participación y el liderazgo femenino en los procesos de transformación económica, social y medioambiental.
Más de 1.280 millones de euros vinculados a la prevención, atención y reparación de las violencias machistas.
El plan incorpora una memoria económica que identifica 22.611 millones de euros de recursos del presupuesto público estatal con impacto de género vinculados a las actuaciones previstas entre 2026 y 2029. Según precisa el Ministerio de Igualdad, esta estimación no implica la creación de nuevos programas de gasto, sino que identifica y organiza recursos destinados a políticas y prestaciones que contribuyen a la igualdad efectiva.
La memoria incluye actuaciones de los diferentes ministerios y prestaciones de la Seguridad Social con impacto de género. De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno, nueve de cada diez euros de esta estimación se destinan a promover la igualdad económica, el empleo y la reorganización social de los cuidados. En la misma línea, más de 1.280 millones de euros corresponden a actuaciones relacionadas con la prevención, atención y reparación de las violencias machistas.
La identificación de estos recursos pretende mejorar la transparencia presupuestaria y facilitar la vinculación entre la financiación prevista, los objetivos del plan y la evaluación de sus resultados.
Participación de las organizaciones de mujeres y seguimiento de las medidas.
La elaboración del IV PEIEMH ha contado con la participación de los distintos ministerios, a través de sus Unidades de Igualdad, así como de organizaciones feministas y agentes sociales. El Consejo de Participación de las Mujeres ha canalizado las aportaciones de la sociedad civil mediante un grupo de trabajo que mantiene reuniones desde diciembre de 2025. Este proceso se ha complementado con encuentros con asociaciones de mujeres celebrados en Madrid, Sevilla y Valencia. El pasado 26 de octubre, el Consejo de Participación de las Mujeres emitió un informe favorable al documento.
Finalmente, el plan establece un modelo compartido de gobernanza, seguimiento y evaluación, en el que participan los departamentos ministeriales, el Consejo de Participación de las Mujeres y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
Con este mecanismo se pretende supervisar el desarrollo de las actuaciones, evaluar los resultados alcanzados y reforzar la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos en materia de igualdad.
