El pasado 30 de octubre, la sede del Consejo General de la Psicología de España (COP) acogió una nueva edición de los Desayunos de Infocop, un espacio de debate y diálogo destinado a abordar, en un ambiente distendido y de reflexión, cuestiones de gran relevancia y calado para la ciencia y la profesión, relacionadas con la Psicología.
Bajo el título «Los profesionales de la Psicología en la estrategia de cuidados en las personas mayores», este XVIII Desayuno reunió a expertos/as y representantes institucionales, para analizar los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida, la transformación del modelo de cuidados y el papel esencial de la Psicología en la promoción del bienestar y la autonomía de las personas mayores.
El Desayuno, coordinado por José Ramón Fernández Hermida, director de Infocop y del Grupo Editorial de Psicofundación, contó con la participación de Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a presidencia del COP; Laura Espantaleón Rueda, de la Unidad de Coordinación de Estudios y Apoyo Técnico del IMSERSO; Pablo Gómez-Tavira, viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; Mar Ugarte Ozcoidi, vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD); María Márquez González, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), especialista en Gerontología y miembro de la SEGG; Jaime Gutiérrez Rodríguez, vocal y coordinador de los Grupos de Transformación Digital y Psicología del Envejecimiento del COP; Santiago Boira Sarto y María Fuster Martínez, ambos vocales y coordinadores del área y de la División de la Psicología de la Intervención Social del COP (PISoc).
La Psicología, eje imprescindible de un modelo integral de cuidados para un envejecimiento digno y activo.
A lo largo del encuentro, los/as participantes coincidieron en que la atención a las personas mayores constituye uno de los grandes retos sociales, sanitarios y psicológicos actuales, y que solo a través de un modelo integral, centrado en la persona y basado en la comunidad, será posible responder de manera efectiva y humana a las nuevas realidades del envejecimiento.
Desde distintas perspectivas —institucional, académica, profesional y política— se subrayó la necesidad de situar la Psicología en el núcleo del sistema de cuidados, no como complemento, sino como un componente estructural para garantizar bienestar psicológico, autonomía, participación social y calidad de vida. Los ponentes coincidieron en señalar que la intervención psicológica es coste-eficaz y que su integración mejora la atención, reduce el desgaste profesional, previene institucionalizaciones innecesarias y optimiza los recursos públicos.
En materia de formación, se puso de relieve la importancia de reforzar la capacitación en psicogerontología y trabajo en red, regular las competencias profesionales y crear itinerarios específicos en grado y posgrado. También se propuso incorporar contenidos sobre envejecimiento, pérdida, resiliencia y bienestar psicológico y emocional en la formación universitaria y en programas educativos, que fomenten el respeto intergeneracional y la dignificación del envejecimiento, con el fin de combatir el edadismo y el estigma asociado a la vejez.
Hubo consenso en avanzar hacia la desinstitucionalización y un modelo de cuidados de proximidad que permita a las personas mayores permanecer en su entorno, con apoyo de equipos interdisciplinares y recursos comunitarios coordinados.
En este sentido, se destacó la necesidad de una coordinación sociosanitaria eficaz, que establezca mecanismos reales de cooperación entre salud, servicios sociales y comunidad. Se propuso consolidar la figura del gestor o gestora de casos, trabajar con una metodología común y flexibilidad para crear equipos estables capaces de planificar y supervisar los itinerarios de atención desde una visión integral, así como dotar de interoperabilidad real a los sistemas de información (hacia una historia social única), con garantías éticas y de protección de datos, y supervisión por comités éticos.
Avanzar hacia unos cuidados de proximidad coordinados, preventivos y centrados en la persona.
Asimismo, se insistió en la importancia de la prevención y la intervención temprana, priorizando el envejecimiento activo, la estimulación cognitiva, la participación social y la prevención del deterioro y la soledad no deseada —ámbitos donde la Psicología desempeña un papel esencial—. Se alertó, en paralelo, del riesgo de la sobremedicalización y del uso indiscriminado de psicofármacos, reforzando la apuesta por intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, dada su coste-eficacia.
La digitalización se valoró como una oportunidad para mejorar coordinación y personalización, siempre bajo control profesional y con rigor ético, entendiendo la tecnología como herramienta de apoyo y no como sustituto de las relaciones humanas.
Para que todo lo anterior se materialice, los participantes remarcaron la trascendencia de que haya una colaboración interinstitucional, voluntad política sostenida, financiación adecuada, normas exigibles y compromiso con la evidencia científica.
José Ramón Fernández Hermida, director de Infocop y del Grupo Editorial de Psicofundación
José Ramón Fernández Hermida, abrió el Desayuno de Infocop presentándolo como un espacio de reflexión e intercambio de opiniones sobre temas relevantes para la profesión y encuadrando el tema central en esta XVIII edición: la integración de los procesos psicológicos y de la atención psicológica en la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.
Contextualizó el debate poniendo de relieve cómo dentro de una estructura social «débil», marcada por la práctica desaparición de las redes familiares extensas que tradicionalmente sostenían los cuidados, así como por núcleos familiares pequeños que presentan dificultades para poder desarrollar esos cuidados y atención, y definida por el modo de vida actual -caracterizado por jornadas laborales extensas y una menor cohesión social-, las personas mayores afrontan una creciente soledad y carencia de apoyos, con importantes repercusiones sobre su salud mental y física.
Fernández Hermida subrayó la relevancia de abordar el envejecimiento y los cuidados desde una visión integral que contemple los factores psicológicos, sociales y comunitarios, planteando una cuestión clave: «¿quién asume la responsabilidad de poner en marcha las estrategias de prevención y cuidados en el territorio?», y señalando que, aunque el modelo debe ser territorial y basado en la comunidad, es necesario definir con claridad quién lidera y coordina su ejecución. En este sentido, advirtió de que la falta de estructuras con capacidad de planificación, evaluación y coordinación puede hacer inviable la aplicación real de las políticas de cuidados.
Planificación pública y redes comunitarias para garantizar modelos de convivencia accesibles y sostenibles.
Incidió en que la desinstitucionalización no puede producirse espontáneamente: requiere recursos, planificación, así como profesionales cualificados en el terreno y equipos con responsabilidad definida para planificar, ejecutar y evaluar estrategias en cada territorio. Sin esa arquitectura, las realidades asistenciales seguirán fragmentadas y los resultados, ineficientes.
El director del GEP e Infocop explicó que, en el contexto actual, en que muchas personas viven en soledad, se están buscando situaciones para vivir en comunidad, denominándolo «prótesis comunitarias», es decir, mecanismos que sustituyen o complementen las redes naturales que han ido desapareciendo con los cambios sociales. A este respecto, señaló que, actualmente, la iniciativa privada está cubriendo parte de la necesidad (por ejemplo, con modelos de cohousing, que han mostrado enfoques comunitarios interesantes), pero con un sesgo económico evidente: «no puede quedar limitado a quien puede pagarlo».
Por ello, sugirió la posibilidad de establecer «prótesis comunitarias» accesibles en distintos contextos y barrios, replanteando el modelo de residencias y fomentado la creación de comunidad dentro de los barrios, de modo que la atención no dependa de la capacidad económica. Para tal fin, defendió la necesidad de una planificación pública que garantice que estos modelos de convivencia y cuidado lleguen también a quienes carecen de recursos, mediante equipos de intervención territorial capaces de coordinar y sostener esas iniciativas.
Responsabilidad clara y coordinación efectiva para garantizar una atención continua y basada en la evidencia.
Por otro lado, recordando la desconexión existente entre la historia médica y la historia social, puso el foco en la unidad de decisión, apelando a la necesidad de establecer equipos responsables, tanto en prevención como en intervención, dado que, aunque se integren datos, si nadie asume la responsabilidad de coordinar actores, la prevención y la intervención integral no despegarán.
Ante la relevancia de contar con un actor con responsabilidad, que fuerce el diálogo entre sistemas y garantice la continuidad asistencial, reivindicó la figura del gestor de casos, clave para coordinar la atención sanitaria, social y psicológica, especialmente, en personas mayores con múltiples patologías o vulnerabilidad social.
Añadiendo que atender a la desinstitucionalización supone también atender a los cuidadores,Hermidarecalcó que la Psicología, como disciplina, puede aportar el marco metodológico necesario para garantizar la efectividad y coherencia de las estrategias de cuidados.
Con relación al sistema de dependencia, denunció retrasos prolongados que hacen que muchas solicitudes no se resuelvan a tiempo y lamentó la «política espectáculo» actual sin ejecución real. Vinculó esta situación a la falta de responsables claros y a una Justicia inefectiva que dilata decisiones, con el resultado de expedientes acumulados y familias desatendidas.
En este sentido, señaló la coste-eficacia de sistema de cuidados integral: evitaría «revisitas» y descompensaciones, potenciaría la rehabilitación (hoy muy limitada en lo público y con proliferación privada), y reduciría costes al alinear la atención con la evidencia científica.
Jaime Gutiérrez Rodríguez, vocal y coordinador de los Grupos de Transformación Digital y Psicología del Envejecimiento del COP
Jaime Gutiérrez Rodríguez comenzó exponiendo la evolución del papel del profesional de la Psicología en residencias, pasando de una mera presencia testimonial o complementaria, a una figura imprescindible en la intervención con residentes, familias y equipos profesionales.
Relató cómo el trabajo psicológico sostenido en el tiempo mejora indicadores de bienestar y reduce bajas laborales en el personal, y recordó que la evidencia disponible muestra que la intervención psicológica es coste-eficaz, una inversión que produce ahorro para las arcas públicas. A partir de esa base empírica, hizo un llamamiento nítido: la profesión está disponible para colaborar en el despliegue del nuevo modelo de cuidados, tanto en residencias como en el entorno comunitario. Recordó que la intervención psicológica en las residencias incluye también la atención neuropsicológica al daño cerebral adquirido, parte esencial del abordaje integral de la salud en la vejez.
Gutiérrez alertó, sin embargo, de las dificultades reales de acceso a la atención psicológica pública en las residencias, especialmente en zonas rurales, donde muchos mayores quedan en un «limbo administrativo» al no estar empadronados en el municipio. Señaló que esta falta de coordinación provoca que «se gaste más en ambulancias para trasladar a los residentes que en su propio tratamiento», evidenciando la brecha entre la lógica del sistema y su aplicación práctica.
Definir competencias y frenar el intrusismo para garantizar intervenciones rigurosas y de calidad.
Asimismo, advirtió contra la banalización de funciones psicológicas, bajo el rótulo de «acompañamiento» («para acompañar sirve cualquiera»), y defendió la importancia de reconocer y proteger las intervenciones psicológicas profesionales en ámbitos como la soledad no deseada, el bienestar o la convivencia escolar y comunitaria, definiendo con claridad perfiles y competencias para evitar riesgos y asegurar una atención de calidad.
En la misma línea, llamó la atención sobre el creciente intrusismo profesional en el ámbito del bienestar psicológico, donde figuras sin formación específica —como «coordinadores de bienestar» o docentes reubicados— asumen funciones propias de los psicólogos/as, con riesgo de agravar, más que de ayudar. Reclamó rigor en la definición de competencias y perfiles profesionales. Con esta reflexión, reivindicó la especificidad, la ética y el valor insustituible de la Psicología en el cuidado de las personas mayores y en la construcción de un nuevo modelo de atención más humano, integral y basado en la evidencia científica.
Clarificar conceptos y vigilar la digitalización para proteger vínculos humanos y prácticas profesionales.
Criticó, además, la confusión conceptual que rodea al abordaje de la soledad, indicando que no existe una definición consensuada, lo que impide diseñar estrategias eficaces. Recordando que muchas personas eligen vivir solas, y que no se debe confundir esa elección con soledad no deseada, insistió en la importancia de definir con rigor el problema que se quiere abordar para no diseñar políticas equivocadas.
Como experto en el área de transformación digital, indicó que la población mayor se ha convertido en un «nicho de mercado» para las grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas. Señaló que gigantes como Microsoft o Huawei están invirtiendo en salud, comprando empresas farmacéuticas y acumulando datos personales, lo que exige vigilancia ética y una respuesta profesional desde la Psicología.
El vocal del COP defendió la inclusión estable de psicólogos en los equipos de atención y resaltó el riesgo de que la digitalización sustituya los vínculos humanos. Ante esto, insistió en que la tecnología debe servir para complementar y fortalecer la relación profesional, no para reemplazarla, e instó a mantenerse vigilantes frente a soluciones tecnológicas que pretendan reemplazar vínculos humanos o funciones profesionales, abogando por la creación de comités éticos que supervisen el uso de datos y algoritmos, y reivindicando la necesidad de reflexionar sobre estos procesos desde la ética y la regulación profesional.
Pablo Gómez-Tavira, viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Pablo Gómez-Tavira abrió su intervención con una reflexión sobre la política como «arte de lo posible», manifestando la importancia de superar la polarización actual y reivindicando la ciencia y el conocimiento, como guía de las decisiones públicas. Puso de relieve la necesidad de que la toma de decisiones incorpore evaluación, calidad y conocimiento científico, así como la relevancia de que la Psicología gane más presencia en la agenda política y en la arquitectura del sistema de cuidados.
Defendió que la política debe salir de la ideología y apoyarse en la evidencia, anunciando que la Comunidad de Madrid creará una Agencia de Evaluación y Calidad, actualmente en fase de anteproyecto, para medir la eficacia real de las intervenciones sociales.
Gómez-Tavira lamentó que la agenda política esté centrada en los jóvenes pero no contemple a las personas mayores, imperando en nuestra sociedad una cultura que tiende a marginarlos (por ejemplo, invisibilizando cuestiones como los duelos, la sexualidad o los traumas en la vejez, que no figuran en la agenda social). No obstante, se mostró optimista, previendo, a largo plazo, un cambio de tendencia: a medida que la pirámide demográfica se invierta, los mayores tendrán más formación, influencia y representación, serán más conscientes de sus derechos y más reivindicativos, lo que situará sus necesidades en la agenda política, siendo así, ellos mismos quienes impulsen este cambio cultural, profesional y político.
Promover un envejecimiento con propósito, autonomía y espacios que impulsen salud y participación.
En su exposición, citó los 14 factores de la Comisión Lancet para demorar el envejecimiento y la demencia, considerando su utilidad como hoja de ruta para promover la salud mental y la prevención del deterioro. Recordó que Madrid tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con unas 1.800 personas centenarias identificadas.
Afirmando que «envejecer bien es tener un propósito cada día», reivindicó a las personas mayores como agentes activos y aportadores, no solo receptores de cuidados, y subrayó que en el contexto actual de esperanza de vida elevada, las políticas deben apoyar el propósito vital, la participación y la autonomía de las personas mayores, ámbitos donde la Psicología tiene contribuciones decisivas.
Subrayó también la necesidad de transformar los centros de mayores, que no deben limitarse a actividades recreativas («no deben ser lugares solo para jugar al dominó»), sino convertirse en espacios de promoción de la salud y la autonomía, con servicios como gimnasios específicos o actividades preventivas.
Integrar sistemas y medir resultados para responder al creciente reto asistencial de las personas mayores.
El viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales advirtió de un «gravísimo problema» en los temas de salud relacionados con mayores, vinculado con un inadecuado funcionamiento de los centros de día y de los dispositivos que tenemos, citando como dato que « los mayores de 80 años suponen un 20% de los ingresos en urgencias, pero que, en menos de 10 años, se calcula que será cerca del 50%».
En este punto, aludió a una falta de interoperabilidad e integración real de cuidados («el médico de primaria no sabe si la persona que viene a su consulta recibe dependencia, y los sistemas no hablan entre sí»), y abogó por integrar de forma eficaz los servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia y atención primaria) mediante sistemas interoperables y una gestión basada en resultados, reduciendo institucionalizaciones evitables.
Explicó que se está desarrollando un proyecto de «historia social única», con una inversión de 40 millones de euros, para conectar los sistemas de servicios sociales y sanitarios y avanzar hacia la interoperabilidad real, aunque todavía no está en marcha.
Advirtió de las dificultades jurídicas en materia de protección de datos y defendió que la información pertenece al ciudadano, subrayando la necesidad de «arquitectos» con criterio ético y técnico para gestionar los algoritmos.
Destacó también la importancia de pasar de financiar actividades a financiar resultados, explicando que está preparando un contrato de impacto social, basado en indicadores de eficacia y no en gasto presupuestario.
Hacia un modelo integrado, flexible y orientado a resultados, con servicios interoperables y decisiones centradas en la persona.
Gómez-Tavira subrayó la necesidad de una atención integral y flexible, superando la fragmentación entre sanidad y servicios sociales, y en línea con el modelo de atención integrada en Europa (integration care), que conecte contratos de ayuda a domicilio, teleasistencia y atención primaria, y que interopere sistemas de información. Consideró crucial aquí una gestión basada en la calidad, la evaluación y los resultados, donde la financiación se oriente a medir el impacto real en la vida de las personas. Así, no se trataría solo de «gastar lo presupuestado», sino de financiar resultados e impacto social, y de reorganizar los dispositivos con criterios de eficacia y eficiencia (incluida la coordinación sociosanitaria).
Insistió en que el sistema de dependencia está fragmentado entre 17 modelos autonómicos y defendió la “prestación vinculada a servicios” como fórmula más libre y menos paternalista, al permitir que la persona decida cómo emplear el apoyo recibido. En ese marco, se refirió también a experiencias internacionales, citando el modelo alemán de seguro específico de dependencia como ejemplo de sostenibilidad, y señaló que en España la caja única y el deseo de heredar dificultan cambios estructurales.
El viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales incidió aquí en la posible utilidad de la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas para la detección temprana de riesgos -siempre bajo control ético y profesional-, y citó como ejemplo los sensores inteligentes en hogares de personas mayores, capaces de detectar cambios de hábitos o de consumo de agua como indicadores de riesgo.
Reforzar el sistema de cuidados con recursos dignos y menos medicalización para garantizar bienestar y sostenibilidad.
Asimismo, recalcó la importancia de dotar de recursos y estabilidad al sistema, asegurando condiciones laborales dignas para los y las profesionales del cuidado y reconociendo el papel central de la Psicología en el bienestar de las personas mayores.
Denunció la falta de personal y la precariedad del sector, que derivan en síndrome del trabajador quemado y absentismo, y reclamó dignificar los servicios sociales y situar al psicólogo, trabajador social y cuidador en el mismo nivel de relevancia que el médico. Añadiendo que, en España, hay solo 400 geriatras frente a más de 7.000 pediatras, reclamó reforzar la atención psicológica y social en la vejez.
De igual modo, reclamó mayor inversión en cuidados comunitarios, afirmando que una plaza en residencia cuesta siete veces menos que una cama hospitalaria. En este contexto lamentó el abuso de psicofármacos en la población mayor —«los psicoactivos están destruyendo a los mayores, el daño cognitivo es terrible»—, y subrayó la necesidad de fortalecer la intervención psicológica frente a la sobremedicalización.
Concluyó apelando a que la Psicología tenga presencia estable en la normativa y en las estrategias de cuidados, insistiendo en que invertir en bienestar psicológico no es un gasto, sino una inversión social que mejora la calidad de vida y la sostenibilidad del sistema.
Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a presidencia del COP
Fernando Chacón centró su intervención en la necesidad de estructurar institucionalmente el nuevo modelo de cuidados.
Con una mirada crítica y pragmática, reconoció que, pese a la existencia de estudios y experiencias eficaces, si no se tiene poder de influencia política, y frente a los lobbies contrarios, «los avances se estancan». Advirtió de que el problema no es la falta de evidencia, sino la falta de poder para hacerla valer políticamente, afirmando que «la política no es solo el arte de lo posible, sino también el arte de priorizar».
Subrayó la trascendencia de que los avances normativos vayan acompañados de mecanismos de regulación, financiación y evaluación, que garanticen la presencia estable de los/as profesionales de la Psicología en los equipos de atención. Así, cuando los criterios de calidad se plasman nítidamente en normas, la presencia del psicólogo deja de ser «mejora voluntaria» para convertirse en requisito, evitando inercias y asimetrías.
Chacón recordó, a modo de contraste, los años que se lleva insistiendo en los beneficios de incorporar la Psicología en atención primaria -pese a contar con estudios de coste-eficacia y buenas prácticas que los avalan (por ejemplo, el caso de Navarra)-, frente a la facilidad con la que otros sectores más «poderosos» logran introducir sus productos o tecnologías en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
En este punto subrayó que la evidencia científica avala la eficiencia y coste-eficacia de las intervenciones psicológicas, y que su ausencia genera costes añadidos al sistema, insistiendo, nuevamente, en que la Psicología debe estar integrada en el sistema de cuidados desde la base normativa, no como un recurso opcional, sino como un pilar esencial.
Blindar la calidad mediante regulación y presencia profesional estable para impulsar un modelo de cuidados eficaz.
El vocal adjunto a presidencia del COP defendió la necesidad de regular claramente las competencias profesionales para evitar solapamientos e intrusismo, planteando un ordenamiento de la formación de profesiones sociales y sanitarias (trabajo social, psicología, educación social) mediante normas que definan contenidos troncales y competencias profesionales.
Aclaró que, ninguno de los grados en Trabajo Social, Psicología o Educación Social, están regulados, de modo que la formación puede diferir entre universidades y la denominación no está protegida. Distinguió además entre regular el título (académico) y regular la profesión, lo que implicaría definir competencias atribuidas, más allá del mero título de acceso.
Asimismo, señaló que la presión del mercado favorece residencias grandes, y que por eso es clave blindar en normas los criterios de calidad —incluida la presencia de psicología— para evitar que queden como ‘mejoras’ opcionales.
Como ejemplo de buena práctica trasladable, citó el modelo de consorcios que funciona «maravillosamente» en el transporte y que, a su juicio, podría aplicarse a la coordinación entre servicios sociales y administraciones autonómicas. Concluyó señalando que, si los consorcios funcionan eficazmente para integrar servicios de transporte entre niveles de gobierno, también deberían servir para coordinar recursos humanos y servicios sociales destinados a las personas.
Laura Espantaleón Rueda, de la Unidad de Coordinación de Estudios y Apoyo Técnico del IMSERSO
Desde el IMSERSO, Laura Espantaleón ofreció una visión detallada de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y Cuidados de Larga Duración, destacando que el bienestar psicológico debe entenderse como parte inseparable de la calidad de vida.
Recordó que, en sus inicios como psicóloga en residencias, la presencia del profesional se incorporaba como mejora en los pliegos de licitación para obtener puntuación, sin estar aún reconocida como requisito, lo que obligaba a demostrar a través de la práctica, las funciones y el valor del psicólogo en los equipos residenciales.
Como neuropsicóloga y psicogerontóloga, lamentó la escasez de profesionales en geriatría y psicogeriatría, debido, a su juicio, a los bajos salarios y condiciones laborales precarias, y, especialmente, al estigma que rodea el trabajo con esta población de edad y que desincentiva vocaciones.
Espantaleón repasó la evolución del Acuerdo de acreditación y calidad (2008/ actualizado en 2022) y su traslación a decretos autonómicos, que incluyen unidades de convivencia y límites al tamaño de centros, con la idea de garantizar atención personalizada y en el hogar. Si bien el tamaño de los centros puede ser relevante, señaló que, aún más importante, es la estructuración de estos en unidades de convivencia «reales», que funcionen de manera independiente, como entornos hogareños que aseguren un trato próximo y centrado en la persona, organizados en torno a espacios comunes y compartiendo recursos de manera óptima (p.ej., un psicólogo para varias unidades).
Impulsar un nuevo modelo de cuidados desde la evidencia, la innovación y la participación para avanzar en la desinstitucionalización.
Asimismo, expuso las cinco líneas sobre las que se articula la Estrategia: prevención (de deterioro cognitivo, problemas emocionales y soledad); participación y consideración social (incluida la lucha contra el edadismo); transformación de los centros y del modelo residencial; provisión de recursos comunitarios para el retorno a la vida en comunidad, y ejes transversales (financiación, reformas normativas y diseño de políticas con presencia de psicólogos).
La psicóloga del IMSERSO explicó que, en la co-creación de esta Estrategia, se contó con la participación de un grupo de expertos y personas con experiencia vivida, y se hizo un estudio sobre procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios: el «Estudio EDI: por el derecho a una buena vida en la comunidad».
También se financiaron 20 proyectos piloto para la desinstitucionalización y prevención de la institucionalización. Esos proyectos de cuidados de innovación social fueron testados y funcionaron, no como estudios independientes, sino como un ecosistema de innovación con un enfoque de portfolio de experimentación (La Plataforma VIDAS), conectando a los diferentes actores e iniciativas y promoviendo la generación de aprendizajes compartidos en torno a un reto complejo común: la desinstitucionalización y la creación de un nuevo modelo de cuidados y servicios integrados en la comunidad y centrados en la persona.
Con los resultados obtenidos de esos 20 proyectos, adelantó que se está elaborando una cartera de innovaciones, en línea con la filosofía de base que tiene el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el IMSERSO y también Europa, donde se está impulsando un enfoque de «misiones» y ecosistemas de innovación (universidad, administración, iniciativa privada, tercer sector, economía social), trabajando juntos todos los actores sobre retos definidos y comunes.
Tecnología al servicio de cuidados centrados en la persona y de una transformación cultural basada en derechos.
En relación con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, Laura Espantaleón aclaró que ambas «están muy bien, pero son herramientas». Reclamó la necesidad de contar con historias comunes social y sanitaria, -donde la IA puede ayudar a procesar los datos-, siendo clave aquí los equipos interdisciplinares, así como la creación de nuevos y diversos roles profesionales: gestor de casos y gestores comunitarios, entre otros.
Asimismo, subrayó la necesidad de promover la capacitación y el apoyo formativo de los profesionales, incorporando la mirada psicológica tanto en la planificación como en la evaluación.
Precisó que el concepto de desinstitucionalización no hace referencia a «acabar con las residencias», sino que es una transformación cultural, para transitar desde entornos de cuidado asistencialistas y segregadores hacia sistemas de cuidados basados en un enfoque de derechos humanos. Esto implica, entre otras cosas, una reorientación de la financiación hacia servicios con un modelo de atención centrada en la persona, que fomenten la personalización de entornos y garanticen derechos, y hacia servicios comunitarios, que sostengan proyectos de vida en el entorno de proximidad. Puso como referencia el proyecto «Como en casa», de la Fundación Matía, cuyo objetivo es la transformación de los centros residenciales, de manera que se garantice el bienestar y la continuidad de los proyectos de vida de las personas mayores y se fomente su autonomía e integración comunitaria.
Construir cuidados desde el territorio, con apoyos elegidos y un modelo de proximidad que respete proyectos de vida.
En clave territorial, subrayó que las políticas deben construirse de abajo a arriba: «los proyectos piloto funcionan en territorios concretos y cuesta transferirlos por la heterogeneidad» (citó iniciativas muy interesantes en Cataluña que funcionan en unos territorios y no en otros, y cuatro en Gipuzkoa que no son exportables sin adaptación). La clave: diagnóstico y gestión desde cada territorio.
Espantaleón defendió la coordinación entre administraciones, servicios y sectores, señalando que los avances normativos deben acompañarse de una financiación adecuada y de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Abordó también el enfoque comunitario y de cuidados sin «familismo»: el cuidado debe ser una decisión elegida, no impuesta; si una persona cuida, ha de recibir apoyos (económicos, formativos, de recursos); si elige no cuidar, la administración debe proveer alternativas (mejorar atención domiciliaria y apoyos comunitarios).
El objetivo es avanzar hacia un sistema de cuidados de proximidad, que respete los proyectos de vida y garantice el derecho de cada persona a decidir cómo y dónde quiere envejecer.
Mar Ugarte Ozcoidi, vicepresidenta del CEDDD
Mar Ugarte abordó la atención a las personas mayores desde una perspectiva de derechos y dignidad, reclamando más visibilidad. Alertó del riesgo de legislar sin financiación suficiente y sin contar de manera plural con los distintos actores clave involucrados, lo que genera expectativas que luego no se materializan. Subrayó que «el papel lo aguanta todo» y que, sin presupuesto real, las leyes «maquilladas» acaban reconociendo derechos que no se hacen efectivos.
Puso como ejemplo la reciente creación por Decreto-Ley del Grado III+ de dependencia extrema, con derecho a una prestación muy elevada, y que, a su juicio, puede generar expectativas difíciles de materializar si lo básico no está cubierto. Denunció el colapso en la gestión de la dependencia, relatando cómo muchas solicitudes quedan paralizadas durante meses por falta de dotación presupuestaria en las comunidades autónomas, lo que impide que los derechos reconocidos se hagan efectivos. En este sentido, recordó que «la vida -porque esto es un tema vital- no debería tener color político, no se debería ideologizar y se está ideologizando».
Ilustró el reto con un dato: más de 5,4 millones de personas viven solas en España y estamos a punto del sorpaso de hogares unipersonales sobre los hogares de personas que viven en pareja, lo que incrementa la soledad y las necesidades psicológicas. Además, citó un dato preocupante: hay más de un 60% de hogares con personas mayores en riesgo de violencia, lo que refuerza la urgencia de actuar.
Garantizar derechos con financiación real y un enfoque de dignidad para enfrentar la soledad y el edadismo.
Mar Ugarte hizo referencia a la paulatina aparición de nuevas fórmulas de convivencia, como los cohousing o unidades comunitarias, que buscan suplir las redes familiares tradicionales y ofrecer alternativas de vida compartida en la vejez, enfatizando aquí el cambio social acaecido: «antes vivíamos en red y hoy crece la soledad».
La vicepresidenta del CEDDD, quiso poner el foco en los imaginarios sociales sobre la vejez, exponiendo cómo, actualmente, los medios de comunicación y la publicidad suavizan las imágenes del sufrimiento infantil y, en paralelo, se ocultan los signos de deterioro y vulnerabilidad en personas mayores. A este respecto, reivindicó el papel de la educación y de la concienciación social para dignificar el envejecimiento y combatir el edadismo, insistiendo en que debe contarse con la Psicología en la planificación de políticas y campañas públicas de sensibilización.
Concluyó apelando a un cambio cultural que devuelva a la sociedad el respeto por la vejez y reconecte la política con la realidad cotidiana de las personas mayores y sus familias. Reiteró que, sin financiación suficiente y sin participación plural en el diseño, «no se podrán materializar todos los objetivos».
María Márquez González, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UAM, especialista en Gerontología y miembro de la SEGG
La investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid centró su intervención en la transferencia del conocimiento científico al sistema de cuidados. Señaló que la distancia entre investigación y práctica limita la eficacia de las políticas públicas, destacando la necesidad de incorporar del conocimiento psicológico en la toma de decisiones.
En el plano académico, María Márquez González añadió que, más allá de la financiación, falta «estrategia y cabeza», pues «estamos gastando más de lo que deberíamos por no aplicar acciones eficaces». Subrayó que la implementación real del modelo biopsicosocial sigue siendo «muy parcial», y que, es sorprendente ver que en disciplinas como la fisioterapia, en la práctica no se encuentra plenamente integrado, debido, en parte, al estatus desigual entre profesiones y al todavía superior estatus de la medicina frente a la psicología o el trabajo social, y la mirada biologicista de los problemas de salud, que se sigue manteniendo en muchos ámbitos de atención a las personas que necesitan cuidados.
Acercar la evidencia a la práctica para transformar los cuidados y reducir la distancia entre ciencia y políticas públicas.
Recordó que su equipo lleva más de veinte años investigando «lo que funciona y lo que no», con programas que son solicitados desde otros países pero «no desde la administración española», y denunció el «encapsulamiento» entre universidad y administración, que impide transferir a la práctica programas con evidencia de eficacia, preguntándose, en este sentido, por qué la universidad, que produce evidencia útil, no es llamada a participar en políticas o programas públicos.
Coincidió con el resto de participantes en que la psicoterapia cuenta con evidencia de coste-eficacia e, incluso, ventaja sobre otros tratamientos médicos en ciertos cuadros, reiterando que la cuestión no es solo económica, sino de planificación y transferencia del conocimiento.
Como opción para tratar de «romper ese encapsulamiento», planteó abrir vías para que el conocimiento universitario y el talento de estudiantes de posgrado —adecuadamente supervisados— se integren en atención primaria y recursos comunitarios para mayores.
Márquez González defendió avanzar hacia equipos —no solo figuras aisladas— de gestión de casos con metodología común, recalcando que la gestión de los cuidados y la coordinación sociosanitaria requieren metodología, flexibilidad y nuevas figuras profesionales, adaptadas a las características de cada territorio («no se puede gestionar igual la ciudad de Madrid que un pueblo pequeño de Valencia, por ejemplo»).
Formación especializada y educación en valores para dignificar la vejez y aplicar la evidencia en los cuidados.
Reclamó una formación especializada en psicogerontología y una regulación más clara del campo, incidiendo en que hay pocos másteres específicos y escasa visibilidad del envejecimiento en la formación universitaria.
Instó nuevamente a fortalecer los lazos entre universidad y servicios públicos mediante convenios de colaboración, para aplicar la evidencia empírica en la evaluación de los programas.
Por otro lado, en relación con la falta de visibilidad y el estigma que rodea a las personas mayores, destacó la importancia de la educación en valores, tanto en el ámbito familiar como escolar, con el propósito de normalizar temas como la enfermedad, el dolor, la soledad o la muerte. Propuso incorporar contenidos sobre vejez y cuidado en contextos educativos, de modo que las futuras generaciones vean el acompañamiento y la intervención psicológica como parte natural de la vida comunitaria y familiar.
Santiago Boira Sarto, vocal y coordinador del área y de la División PISoc
Desde la intervención social, el psicólogo Santiago Boira subrayó que hay muchos estudios de impacto que han demostrado claramente que la atención comunitaria, la prevención, y la sensibilización generan un retorno. Señaló que la Psicología de la Intervención Social trabaja en el nivel de proximidad, fortaleciendo las redes locales de apoyo y fomentando la participación.
No obstante, a pesar de la importancia de la disciplina, denunció que la Estrategia estatal de cuidados se desarrolló sin contar con los y las profesionales de la Psicología, y que la palabra “psicología” sólo aparece una o dos veces en el documento, algo que, a su juicio, evidencia todavía una falta de reconocimiento institucional del papel del profesional de la Psicología en los servicios sociales.
El coordinador de la División de Psicología de la Intervención Social advirtió de que los servicios sociales siguen siendo un sistema «prestacionista», más orientado a repartir ayudas y recursos, que a planificar proyectos «con cabeza» y metodología. Reclamó una atención real en el territorio, con equipos estables y profesionales capaces de pensar, planificar e intervenir más allá de las prestaciones, con proyectos comunitarios capaces de generar vínculos, tejer redes, y acompañar procesos de cambio.
Criticó que la atención sociosanitaria «no la quiere nadie» —ni el ámbito sanitario ni el social—, por falta de integración real, y defendió la necesidad de «permeabilizar los sistemas» con una clave humana, recordando que la tecnología puede ayudar, pero «no lo va a hacer todo».
Santiago Boira insistió en que la comunidad no se «decreta», sino que se construye con proyectos y equipos en el territorio, y que la Psicología debe desempeñar un papel protagonista en ese proceso. En este punto, pidió incorporar más profesionales de la Psicología de la Intervención Social y superar la inercia de un sistema que «actúa como una máquina de vending», donde necesidad equivale a prestación.
La Psicología como pilar del nuevo modelo de cuidados: prevención, sensibilización y atención en el territorio.
Asimismo, subrayó que los dos pilares de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados son la desinstitucionalización y los cuidados centrados en la persona, y que la prevención, la sensibilización y la atención en el territorio son funciones nucleares de la Psicología. Puso como ejemplo el modelo de la Fundación Matía, que «en Aragón se está desarrollando», que cambia el modelo de organización de las residencias que se adaptan a las necesidades de las personas que viven allí, reduciendo el impacto sobre su modo de vida y favoreciendo la continuidad de su trayectoria vital.
Sin embargo, alertó nuevamente de que el sistema actual mide la eficacia por la intensidad o el número de horas de la ayuda a domicilio o la teleasistencia, una lógica que calificó de «locura ineficiente y prestacionista».
Reivindicó, una vez más, el papel de la Psicología dentro de la estructura de los servicios sociales —«a menudo residual» o considerada auxiliar— y señaló la necesidad de equipos básicos interdisciplinares en el territorio.
Concluyó que, si no se repiensa el modelo de servicios sociales y se apuesta por la integración sociosanitaria y comunitaria, «nada va a cambiar», porque —afirmó— «el papel lo aguanta todo».
María Fuster Martínez, vocal y coordinadora del área y de la División PISoc
Desde su experiencia en servicios sociales locales, María Fuster Martínez subrayó la necesidad de integrar la evaluación psicológica y la planificación dentro del sistema de atención a las personas mayores.
Explicó que los servicios sociales afrontan realidades muy diversas, y que es fundamental dotar de una estructura orgánica sólida a los centros municipales, si se apuesta por la promoción y la prevención (promoción del envejecimiento activo, sensibilización frente al edadismo, formación específica a los cuidadores, etc.), y la detección y atención temprana a las situaciones de riesgo a las que están expuestos (aislamiento y soledad no deseada, situaciones de exclusión, deterioros funcionales, etc.) desde nuevos modelos que garanticen la atención de proximidad como pretende la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.
Señaló que la nueva propuesta de modelo, que va por el tercer plan operativo, entiende los cuidados desde un nuevo paradigma que requerirá de una nueva forma de entender los servicios sociales de atención primaria en conexión con los especializados, como ya se había señalado. Algo que requiere de regulación y competencias profesionales en los servicios sociales de atención primaria, bajo una financiación finalista que dote de una estructura de equipos multiprofesionales, en los que reivindicó, «se ha de garantizar la figura del profesional de la psicología».
Hacia unos servicios sociales de proximidad con equipos multiprofesionales y presencia garantizada de la Psicología.
La coordinadora de la División de la Psicología de la Intervención Social señaló que la profesionalización del ámbito pasa por garantizar las prestaciones técnicas en una futura reformulación del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, lo que permitiría no solo unos servicios homogéneos, sino las bases necesarias para proveer de una estructura que dote de planificación a los equipos, con herramientas metodológicas probadas y bajo un pensamiento capaz de articular respuestas ajustadas a las necesidades de un territorio.
Insistió en que la estructura de los servicios sociales debe fortalecerse para dar respuestas ágiles y visibles a las necesidades de las personas, evitando la invisibilidad que afecta de forma generalizada a los más vulnerables y, en especial, a las personas mayores, así como los retrasos en los tiempos de respuesta frente a realidades que no admiten demora (hoy en día, una asignatura pendiente). Recordó que «si esa filosofía no la tenemos, la estructura de servicios sociales no será el cuarto pilar», y que «sin pensamiento» los dispositivos no funcionan ni pueden adaptarse a las realidades de cada territorio.
Con relación a la práctica diagnóstica y de valoración de casos, destacó que la intervención debe partir de una valoración diagnóstica cualificada, que defina las necesidades principales y el diseño del plan de intervención. Explicó que, desde hace más de 30 años, los psicólogos no pueden registrar sus actuaciones de valoración, diagnóstico y tratamiento, y así continúa con el nuevo sistema informático SEGISS, lo que evidencia una carencia estructural.
Metodología de trabajo en red y equipos estables para avanzar hacia intervenciones coherentes y de proximidad.
Añadió que, si se dota a los equipos de metodología adecuadas, con datos operativos sobre la población del territorio y espacios de trabajo conjunto, donde la asignación de recursos -servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de ayudas de emergencia social, etc.-, dependa de los diagnósticos complejos y decisiones colegiadas interprofesionales, se puede pasar del actual modelo cuantitativo de evaluación dominante en el gran sistema de servicios sociales (lo que elimina la dimensión subjetiva y, por tanto, muy lejos de poner a la persona en el centro de las políticas), a intervenciones integradas, ajustadas a necesidades reales y muy distintas según territorios, un enfoque que, según Fuster, convierte la gestión administrativa en trabajo con sentido y pensamiento.
De igual modo, defendió la consolidación de los equipos de atención primaria en servicios sociales, con figuras profesionales responsables de la planificación y seguimiento de casos.
En este sentido, Fuster subrayó la importancia de la «metodología de trabajo en red» como metodología coste-eficaz probada sobre otras poblaciones diana vulnerables, que permite la construcción de redes profesionales comunitarias que garantizan la detección y actuaciones con fluidez sobre el territorio y garantizando la atención de proximidad.
Igualmente, advirtió de que la estructura de los servicios es profundamente desigual entre comunidades autónomas y depende de voluntades políticas, por ello, dotar de regulación a las profesiones de la intervención social es una vía para dotar de coherencia a las estructuras de base y a los diseños programáticos, algo que depende del ministerio.
Incorporar la dimensión psicológica en la Estrategia Estatal para garantizar bienestar real.
Reivindicó también la visibilidad de la Psicología en los servicios sociales, y remarcó que la dimensión psicológica debe estar presente en la Estrategia Estatal, donde el bienestar de las personas ha de contemplar indefectiblemente el bienestar psicológico, más allá de la patología, criticando aquí que, en su diseño actual, la Psicología «solo aparece vinculada al trastorno mental» pese a que se afirma que su vocación es buscar el bienestar psicológico de los más vulnerables aunque no aparezca cómo hacerlo, y alertando de que «si así fuera, algo falla en la visión». Subrayó que la intervención psicológica aporta una mirada cualificada y humana, capaz de optimizar los recursos existentes y dar sentido al trabajo comunitario.
Denunció que la falta de estructura genera un sistema rentista que cronifica los problemas graves sin resolverlos y que, en casos complejos, conduce a decisiones drásticas sin poner realmente a la persona en el centro. Mencionó informes de policía local sobre personas mayores fallecidas solas en el domicilio como ejemplo extremo de su invisibilidad, del desconocimiento de esta población en los territorios y de esa falta de coordinación y de planificaciones y metodologías apropiadas entre servicios. Concluyó insistiendo en que la transformación del modelo debe empezar por «poner pensamiento» en la planificación de los servicios sociales atención primaria y especializados, y en los recursos existentes, optimizándolos antes de cambiarlos por completo.