La violencia en el entorno escolar puede comprometer la salud mental, el bienestar psicológico y el desarrollo de muchos niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Las agresiones físicas, la violencia psicológica y sexual, las amenazas, la discriminación y el acoso, incluido el ciberacoso, continúan presentes en los entornos educativos y pueden provocar múltiples consecuencias, como ansiedad, depresión, miedo, baja autoestima, dificultades de aprendizaje e incluso autolesiones e ideación suicida, lo que evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y la atención psicológica, así como de garantizar que todos los centros educativos sean espacios seguros, inclusivos y protectores (Garaigordobil, 2023; OMS, 2026a; Pereda et al., 2026; UNESCO, 2024).
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se celebra hoy, 5 de noviembre, la UNESCO pone el foco en la necesidad de transformar los compromisos internacionales en actuaciones concretas. Bajo el lema «La seguridad y el bienestar de todos y todas los/as estudiantes: de la promesa a la práctica», la organización destaca la importancia de abordar conjuntamente la prevención de la violencia, la promoción de la salud mental, el apoyo psicológico y social, la inclusión, la formación docente y la seguridad digital. Esta conmemoración, establecida el primer jueves de noviembre de cada año, recuerda que la violencia en los entornos educativos vulnera los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a la educación, la salud y el bienestar (UNESCO, 2026).
La violencia escolar: un problema mundial que adopta múltiples formas y afecta a numerosos de niños, niñas y adolescentes.
A nivel mundial, los datos son abrumadores. Aproximadamente, mil millones de niños, niñas y jóvenes de entre 2 y 17 años, han experimentado alguna forma de violencia en el último año, sucediendo en el ámbito educativo una parte significativa de estos casos (UNESCO, 2024).
La violencia escolar constituye un fenómeno complejo que va mucho más allá de las situaciones de acoso entre estudiantes. Comprende comportamientos y prácticas que pueden producir daños físicos, psicológicos o sexuales, tanto dentro de las aulas como en los patios, los alrededores de los centros, los desplazamientos escolares y los entornos digitales.
La violencia física incluye golpes, agresiones, peleas y castigos corporales; la violencia psicológica comprende insultos, intimidaciones, amenazas, humillaciones, rechazo y exclusión social; mientras que la violencia sexual abarca desde comentarios y comportamientos de naturaleza sexual no consentidos hasta situaciones de abuso, coerción o agresión sexual. También se incluyen la violencia por motivos de género, las prácticas discriminatorias, el acoso escolar y la violencia facilitada por las tecnologías (UNESCO, 2024, 2026).
En España, un informe del Ministerio de Juventud e Infancia (2025), revela que el 48,1% de los y las jóvenes encuestados declara haber sufrido violencia psicológica durante su infancia o adolescencia, mientras que el 40,5% refiere experiencias de violencia física y el 28,9% de violencia sexual. El informe, basado en los testimonios retrospectivos de más de 9.000 jóvenes de entre 18 y 30 años, identifica el entorno familiar y el escolar entre los principales escenarios de victimización, evidenciando la importancia de prevenir estas formas de violencia desde edades tempranas.
La violencia en los centros educativos: diferentes responsables y consecuencias para toda la comunidad escolar.
Estas conductas pueden ser ejercidas por otros estudiantes, pero también por personas adultas pertenecientes a la comunidad educativa. En este sentido, la violencia no siempre se manifiesta mediante agresiones entre iguales, sino también a través de prácticas disciplinarias violentas, castigos humillantes o situaciones de abuso de poder. A este respecto, la UNESCO advierte de la persistencia de prácticas disciplinarias violentas y señala que aproximadamente la mitad de los niños, niñas y adolescentes escolarizados de entre 6 y 17 años vive en países donde el castigo corporal en la escuela todavía no está completamente prohibido (UNESCO, 2026).
La OMS advierte de que la violencia durante la infancia puede afectar al desarrollo cognitivo, emocional y social, con consecuencias que pueden prolongarse hasta la edad adulta (OMS, 2026a).
Asimismo, la violencia puede dirigirse contra el profesorado y otros trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, que también pueden experimentar agresiones físicas, abusos verbales y acoso psicológico o sexual. Estas experiencias repercuten en su bienestar y pueden deteriorar el clima escolar y las condiciones necesarias para desarrollar una educación de calidad.
La violencia física y sexual: dos formas graves de violencia que requieren especial atención.
Los datos internacionales reflejan la extensión de estas formas de violencia. Con respecto a la violencia física, en todo el mundo, más del 36% del alumnado se ve involucrado en peleas físicas con sus iguales y casi uno de cada tres estudiantes sufre alguna agresión física al menos una vez al año (UNESCO, 2026). La violencia física entre niños, niñas y adolescentes puede manifestarse mediante peleas, golpes, empujones o agresiones que provocan lesiones y malestar psicológico. Según la OMS, la exposición a la violencia juvenil se asocia con problemas de salud mental, dificultades en el desarrollo cognitivo y mayores tasas de abandono escolar (OMS, 2026b).
La violencia sexual también constituye una importante preocupación, aunque su prevalencia en los centros educativos resulta especialmente difícil de determinar. Según datos recogidos por la OMS, una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres declaran haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. Si bien estas cifras no se refieren exclusivamente al ámbito educativo, reflejan la importancia de fortalecer la prevención, la detección y los mecanismos de protección frente a esta forma de violencia (OMS, 2026a).
En este contexto, la UNESCO (2026) alerta de que determinadas manifestaciones de violencia pueden permanecer invisibilizadas, especialmente, cuando se consideran comportamientos habituales, se justifican como métodos disciplinarios o existe temor a denunciar lo sucedido. La normalización de insultos, humillaciones, castigos o conductas sexualmente inapropiadas constituye, por tanto, uno de los principales obstáculos para su identificación y prevención. A ello se añaden el miedo a las represalias, la vergüenza y las dificultades para comunicar lo ocurrido, factores que pueden contribuir a que determinadas situaciones permanezcan ocultas.
Discriminación y exclusión: una mayor vulnerabilidad ante la violencia.
La exposición a la violencia escolar no afecta por igual a todo el alumnado. Las desigualdades sociales, los estereotipos de género y determinadas características personales pueden aumentar el riesgo de sufrir agresiones, discriminación o exclusión.
Entre los grupos que pueden presentar una mayor vulnerabilidad se encuentran los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el alumnado LGTBIQ+ y quienes pertenecen a minorías étnicas, culturales o religiosas. la investigación identifica también un mayor riesgo de victimización en determinados grupos de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (Garaigordobil, 2023; Kasturiratna et al., 2025). También pueden aumentar la vulnerabilidad factores como la situación socioeconómica, la lengua o determinadas condiciones de salud.
A estas situaciones se añade la denominada violencia institucional, que puede manifestarse mediante prácticas educativas discriminatorias, una distribución desigual de recursos o la falta de apoyos adecuados para determinados grupos de estudiantes. Estas circunstancias pueden perjudicar el sentimiento de pertenencia, la seguridad y el desarrollo académico y emocional del alumnado (UNESCO, 2024).
El acoso escolar y el ciberbullying: prevalencia, persistencia y consecuencias psicológicas.
Entre las distintas manifestaciones de violencia escolar, el acoso presencial y el ciberbullying continúan siendo especialmente preocupantes por sus consecuencias psicológicas y su posible persistencia.
Mientras que el acoso presencial se encuentra más vinculado a lugares y momentos concretos, en el ciberbullying desaparecen buena parte de las fronteras espacio-temporales: el daño puede continuar fuera del centro escolar y alcanzar incluso el hogar. De hecho, puede producirse a cualquier hora y lugar, mantener accesible el contenido dañino durante largos periodos y dificultar que la víctima encuentre un espacio en el que sentirse completamente a salvo (Sanjuán, 2019; Kasturiratna et al., 2025; Comisión Europea, 2026; OECD, 2026).
Según los últimos datos de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, correspondientes al curso 2025-2026, el 14,1% del alumnado encuestado afirma que él o ella, o algún compañero o compañera de clase, está sufriendo acoso escolar y/o ciberbullying, frente al 12,3% del curso anterior. Concretamente, el 7,9% identifica situaciones de acoso presencial, el 3% de ciberbullying y el 3,2% de ambas modalidades conjuntamente. Resulta preocupante la prolongación de estas situaciones: el 27,6% de los casos de acoso presencial y el 22,8% de los de ciberbullying duran más de un año (Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, 2026).
La inteligencia artificial y las nuevas formas de ciberbullying plantean importantes desafíos para la convivencia escolar.
Por su parte, el avance de las tecnologías digitales plantea nuevos desafíos. La violencia facilitada por la tecnología es un problema en crecimiento: el ciberacoso afecta hasta a uno de cada diez niños en todo el mundo (UNESCO, 2026b). En España, según datos de ANAR, el uso de inteligencia artificial para ejercer ciberbullying se identifica en el 23,5% de los casos conocidos por el alumnado, frente al 14,2% del curso anterior. Entre las conductas más señaladas, se encuentran la creación de vídeos falsos, la manipulación de fotografías y voces y la suplantación de identidad (Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, 2026).
Estos resultados evidencian la necesidad de incorporar la prevención de la violencia digital y la educación en el uso responsable de las tecnologías a las estrategias generales de convivencia escolar.
El impacto de la violencia escolar en la salud mental y el desarrollo psicológico de niños, niñas y adolescentes.
Las consecuencias de sufrir violencia en el ámbito educativo pueden afectar profundamente al desarrollo emocional, psicológico, social y cognitivo de los niños, niñas y adolescentes. La evidencia científica relaciona estas experiencias con mayores niveles de ansiedad, depresión, miedo, estrés, problemas de sueño, baja autoestima y dificultades en las relaciones sociales. En las situaciones más graves, también pueden aparecer conductas autolesivas e ideación suicida (OMS, 2026a; Garaigordobil, 2023; Kasturiratna et al., 2025).
La violencia sexual durante la adolescencia se asocia, además, con un mayor riesgo de depresión , ansiedad, estrés postraumático, problemas de sueño y consumo de sustancias, así como con dificultades educativas que pueden llegar al absentismo o abandono escolar (EDUCO & Universidad Pontificia Comillas, 2024). Por su parte, los castigos corporales pueden afectar negativamente al desarrollo cognitivo, al comportamiento y a la capacidad de aprendizaje (OMS, 2026a).
Las repercusiones de la violencia escolar en el aprendizaje, el bienestar y la adaptación social a corto y largo plazo.
Las repercusiones se extienden al rendimiento académico, la concentración, la motivación, la asistencia a clase y el sentimiento de pertenencia al centro educativo. El temor a sufrir nuevas agresiones puede convertir la experiencia escolar en una fuente constante de inseguridad y malestar. Además, estas consecuencias no siempre desaparecen cuando cesa la violencia. Algunas pueden mantenerse durante la edad adulta, mientras que la exposición a experiencias violentas durante la infancia también puede aumentar el riesgo de sufrir o ejercer violencia posteriormente (OMS, 2026a).
Especialmente preocupante es la polivictimización, es decir, la acumulación de distintas experiencias de violencia durante la infancia y la adolescencia, que se asocia con un mayor daño psicológico, dificultades de adaptación emocional y social y un mayor riesgo para la salud mental. Ante esto, es clave realizar evaluaciones psicológicas que permitan identificar las distintas formas de victimización y ofrecer intervenciones especializadas, ajustadas a las necesidades y al desarrollo evolutivo de cada niño, niña o adolescente (Pereda et al., 2026).
Por lo tanto, la protección de la salud mental debe formar parte de cualquier estrategia integral de prevención y respuesta frente a la violencia escolar, y no limitarse exclusivamente a la atención posterior a los incidentes (Pereda, 2023).
La detección temprana y la prevención, fundamentales para proteger al alumnado.
La identificación y detección precoz de las situaciones de violencia permite intervenir antes de que se agraven sus consecuencias y contribuye a evitar su normalización. Entre las posibles señales de alerta se encuentran los cambios bruscos de comportamiento, el aislamiento social, las dificultades para dormir, las molestias físicas recurrentes, el rechazo a acudir al centro educativo, el descenso del rendimiento académico o la pérdida de interés por actividades habituales. No obstante, estas manifestaciones no son exclusivas de la violencia escolar y requieren una valoración adecuada para determinar sus posibles causas (NASP, 2019).
Como señalábamos en párrafos anteriores, la prevención de la violencia requiere un enfoque integral que no se limite a intervenir cuando ya se ha producido una agresión. Es necesario impulsar políticas escolares de protección, protocolos claros de actuación, formación del profesorado, educación socioemocional, igualdad, inclusión y mecanismos accesibles y confidenciales para comunicar las situaciones de violencia.
En esta misma línea, los programas de prevención de la violencia digital desarrollados en los centros educativos se encuentran entre las estrategias con mayor respaldo científico. Entre sus componentes más eficaces figuran el entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos, empatía, asertividad, autorregulación emocional, búsqueda de ayuda y apoyo a las víctimas por parte de quienes presencian situaciones de violencia. Es recomendable también integrar la prevención de los riesgos digitales con la de la violencia presencial, dada la relación existente entre ambas problemáticas (OMS, 2022).
De igual modo, resulta fundamental promover en el aula relaciones basadas en el respeto, la empatía y la resolución no violenta de conflictos, junto con una colaboración continuada entre centros educativos, familias, servicios especializados y administraciones públicas (NASP, 2021; UNESCO, 2024, 2026; OMS, 2026a).
La Psicología Educativa, clave para prevenir la violencia y promover el bienestar psicológico.
La Psicología Educativa tiene un papel fundamental en la construcción de entornos escolares seguros, al aportar conocimientos y herramientas especializadas para comprender los factores psicológicos, emocionales, sociales y contextuales relacionados con la violencia (Garaigordobil, 2023).
La intervención de los psicólogos y psicólogas educativos permite desarrollar actuaciones preventivas, identificar factores de riesgo y protección, detectar dificultades emocionales, evaluar las necesidades psicológicas del alumnado y diseñar programas de promoción de habilidades socioemocionales y convivencia positiva (De la Fuente & Ollero, 2026).
Estos y estas profesionales pueden intervenir en situaciones de violencia mediante la evaluación psicológica, el apoyo a las víctimas, el abordaje de las conductas agresivas y el asesoramiento a las familias y al profesorado, favoreciendo una respuesta coordinada y adaptada a las necesidades de cada caso. Su participación también resulta especialmente relevante en la prevención de la discriminación y la exclusión, el fortalecimiento de las relaciones entre iguales, la mejora del clima escolar y la promoción de la salud mental de toda la comunidad educativa (Garaigordobil, 2023; De la Fuente & Ollero, 2026).
En este sentido, contar con profesionales de la Psicología Educativa integrados en los centros escolares puede contribuir a reforzar la detección temprana, facilitar el acceso al apoyo psicológico especializado y promover estrategias preventivas basadas en la evidencia científica (Garaigordobil, 2023; NASP, 2019, 2021).
De la promesa a la práctica: garantizar escuelas seguras y protectoras.
El lema elegido por la UNESCO para 2026 pone de relieve que la erradicación de la violencia escolar requiere transformar los compromisos institucionales en políticas, recursos y actuaciones sostenidas. Desde esta perspectiva, no basta con establecer normas de convivencia o protocolos de actuación: es necesario dotar a los centros educativos de recursos humanos y materiales suficientes, garantizar el acceso al apoyo psicológico y favorecer una cultura de prevención y protección de la infancia y la adolescencia.
Todo esto exige una responsabilidad compartida entre los sistemas educativos, las administraciones, las familias, los y las profesionales y el conjunto de la sociedad.
En definitiva, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela recuerda que proteger a la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia implica también garantizar su bienestar psicológico y su derecho a aprender y desarrollarse en un entorno seguro. Para lograrlo, resulta imprescindible situar la prevención, la atención psicológica y la promoción de una convivencia respetuosa en el centro de las políticas educativas.
Para consultar las referencias pincha aquí.