Un informe analiza las barreras y facilitadores del acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual

“El desconocimiento acerca de la discapacidad intelectual, lo que se cree que es y lo que se desconoce sobre las necesidades que conlleva es una de las principales barreras de acceso a la Justicia. Este desconocimiento se debe a la falta de contacto que tienen las y los operadores jurídicos con las realidades vividas por las personas con discapacidad, hecho que lleva a no saber exactamente qué es la discapacidad intelectual y a trabajar bajo prejuicios, pese a tener una formación jurídica que en algunos casos es puede ser muy buena”.

Esta es una de las conclusiones recogidas por el movimiento asociativo Plena Inclusión en un informe fruto de un estudio, a través del cual analiza las barreras y facilitadores que encuentran las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo durante los procesos judiciales, y pone de relieve la importancia de la implantación de la figura del/de la profesional facilitador/a del acceso a la Justicia.

En su informe, Plena inclusión advierte de las graves consecuencias que conlleva que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pasen por procesos judiciales sin que se tenga en cuenta su discapacidad, o sin que esta sea detectada, para garantizar su derecho a un juicio justo en el que puedan ejercitar sus derechos.

En este sentido, considera de especial relevancia la necesidad del desarrollo y reconocimiento legal de la figura de la profesional facilitadora. 

A este respecto, el documento recoge información proveniente de la experiencia práctica, con el fin de conocer el impacto y la utilidad de la facilitación en los procesos judiciales y obtener conclusiones y aprendizajes que puedan aportar valor al proceso de desarrollo e implementación de esta figura profesional.

Entre las conclusiones del informe, destacan las siguientes:

• Las dificultades de acceso a los profesos judiciales no son siempre inherentes a la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, ni motivadas por sus necesidades de apoyo, sino que en múltiples ocasiones son externas a ella, consecuencia de unas formas de sentir, pensar y actuar que no tienen en cuenta de forma adecuada la diversidad de la sociedad, y que se traducen, por ejemplo, en entornos y procesos llenos de obstáculos, en interacciones hostiles y en la ausencia de ajustes.

• Es habitual que las personas que asisten a los tribunales expresen un estado de nerviosismo, al encontrarse en un entorno que no forma parte de sus experiencias cotidianas. Este nerviosismo surge en parte por la severidad, una característica que hace referencia a la dureza o frialdad en el trato, la falta de afabilidad, la escasa información, el tono de las interacciones, la rigidez en la observación de ritos o formas de hacer que son descritas como propias de algunos operadores jurídicos (especialmente de quienes ejercen roles de autoridad en el proceso judicial), y que supone una barrera que coarta de manera patente el acceso a la justicia por la influencia que ejerce sobre la persona, teniendo como efecto el distanciamiento, e incluso miedo o angustia.

• La complejidad y la rigidez de los procedimientos judiciales se debe a múltiples factores, entre ellos, la falta de información, el lenguaje difícil de entender, la ausencia de adaptaciones, la premura en las interacciones, trámites que son muy complicados, la frialdad en el trato o la falta de sensibilidad hacia las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Estos factores dificultan la accesibilidad cognitiva en el ámbito jurídico-judicial.

• Pese a los esfuerzos que llevan a cabo algunas personas, la facilitación no llega a ser autorizada e incorporada plenamente al proceso judicial. Hay situaciones, en las que, aunque se cuenta con esa autorización, la facilitación no consigue desarrollar su potencial, dada las múltiples barreras y la dificultad para cambiar las costumbres judiciales. En otras ocasiones la facilitación logra vencer algunas de esas barreras y allanar algunas de las dificultades que impiden el acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Contar con los apoyos que presta la facilitadora para hacer frente al proceso judicial es algo valorado muy positivamente, dado que validan a la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, la ayudan a comprender, verifican sus necesidades de apoyo, evitan que los prejuicios y estereotipos pongan en duda su palabra y alteran las costumbres judiciales para que ella pueda acceder a la justicia.

La facilitación a través de las personas que la llevan a cabo o que abogan por ella, con mayor o menor reconocimiento, y pese a las barreras que restringen su labor, abre espacios en la trama de barreras para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan acceder a la justicia. La facilitación -útil tanto en el acceso como en todo el proceso de impartición de justicia-, ayuda a transformar ciertos aspectos de nuestra “cultura de la discapacidad”: algunas de las y los operadores jurídicos han cobrado mayor consciencia sobre la existencia de esas barreras y la forma de sortearlas, incluso una mayor sensibilidad hacia el hecho de que la justicia no está siendo justa con las personas con discapacidad.

Se puede acceder al documento desde la página Web de Plena Inclusión o bien directamente aquí:

La Facilitación del acceso a la Justicia