Tomar decisiones sobre la propia vida, recibir información clara y comprensible sobre los tratamientos, ser tratado/a con respeto y dignidad, preservar la intimidad incluso en contextos sanitarios y contar con oportunidades reales para desarrollar un proyecto vital autónomo, son elementos esenciales para garantizar los derechos en el ámbito de la salud mental. Del mismo modo, resulta fundamental evitar prácticas que limiten la libertad personal o que puedan suponer un trato degradante, así como conocer los mecanismos disponibles para denunciar posibles vulneraciones y acceder a apoyos que faciliten su defensa.
Estas son algunas de las recomendaciones recogidas en la guía «No todo está en los Manuales: Derechos en Salud Mental», un documento publicado por ASAENES Salud Mental Sevilla con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica, accesible y comprensible que permita a las personas conocer, identificar y defender sus derechos en el ámbito de la salud mental.
La guía se plantea como un recurso cercano a la realidad cotidiana, alejado de un enfoque técnico, que pretende aclarar dudas frecuentes y ayudar a reconocer situaciones en las que los derechos pueden verse vulnerados. En este sentido, pone el acento en experiencias habituales del día a día —por ejemplo, tras una consulta médica o en la interacción con profesionales—, y recuerda que tener un diagnóstico de problemas de salud mental no debe implicar en ningún caso la pérdida de derechos fundamentales.
Autonomía personal y decisiones informadas: un derecho frecuentemente cuestionado.
Uno de los ejes centrales del documento es el derecho a la autonomía personal y a tomar decisiones informadas, reconocido en la normativa internacional y nacional. Este derecho implica que la persona debe poder decidir sobre su tratamiento, su lugar de residencia o su proyecto vital, participando activamente en todo aquello que le afecta.
Sin embargo, la guía advierte de que, en la práctica, este derecho no siempre se respeta. Se describen situaciones como cambios en la medicación sin explicación ni consentimiento, decisiones sobre la vida diaria tomadas sin contar con la persona o la imposición de tratamientos mediante presión emocional.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de una persona con diagnóstico de trastorno esquizoafectivo que desea vivir de forma independiente, mientras su entorno familiar teme que esa decisión suponga un riesgo. La guía plantea preguntas clave: ¿quién evalúa ese riesgo?, ¿se protege a la persona o se limita su autonomía?
Trato digno y no discriminación: el peso del estigma.
El documento también aborda el derecho a un trato digno y a la no discriminación, subrayando que ninguna persona debe ser tratada con inferioridad o paternalismo por tener un problema de salud mental.
No obstante, recoge prácticas habituales que evidencian lo contrario, como hablar de la persona en su presencia sin dirigirse a ella, identificarla por su diagnóstico o justificar conductas irrespetuosas bajo la idea de que «es por su bien».
Un ejemplo concreto que plantea la guía es el de una consulta en la que el/la profesional se dirige únicamente a la familia, ignorando a la persona implicada. Esta situación invita a reflexionar sobre en qué momento se deja de considerar relevante su voz y si el silencio responde realmente a protección o a exclusión.
Intimidad y vida privada: límites que no deben traspasarse.
El derecho a la intimidad y a la vida privada constituye otro de los pilares del documento. La guía recuerda que este derecho implica decidir qué información se comparte, con quién y en qué condiciones, y que debe respetarse también en el ámbito sanitario.
Sin embargo, se describen vulneraciones frecuentes como revisar pertenencias sin consentimiento, compartir datos personales sin permiso o realizar preguntas íntimas sin justificación.
Un ejemplo especialmente significativo es el de una persona ingresada que solicita que no se acceda a su habitación sin previo aviso, pero cuya petición es ignorada por protocolos internos. Este tipo de situaciones plantea el dilema entre seguridad y respeto a la intimidad, cuestionando prácticas que pueden normalizar el control sobre la persona.
Derecho a la información: comprender para decidir.
La guía insiste en que no puede existir un consentimiento válido sin una comprensión real de la información. Por ello, subraya el derecho a recibir explicaciones claras, adaptadas y accesibles sobre diagnósticos, tratamientos y decisiones clínicas.
Entre las vulneraciones más habituales se encuentran el uso de tecnicismos en informes, la falta de contexto en la comunicación de cambios de medicación o la práctica de explicar la información únicamente a familiares.
Un ejemplo recogido es el de una persona que accede a modificar su tratamiento sin haber comprendido adecuadamente los efectos secundarios, tras recibir explicaciones poco claras. Este caso pone de relieve cómo la falta de información limita la capacidad real de decidir.
Derecho a una vida plena: más allá de la estabilidad clínica.
El documento dedica un bloque específico al derecho a una vida plena, que incluye aspectos como la vivienda, el empleo y las relaciones sociales. Este derecho implica no solo la ausencia de crisis, sino la posibilidad de desarrollar un proyecto vital propio.
La guía denuncia situaciones en las que se limita este derecho, como impedir el acceso al empleo por «falta de estabilidad», cuestionar relaciones afectivas o reducir la vida de la persona a un circuito de recursos asistenciales.
Un ejemplo ilustrativo es el de una mujer con problemas de salud mental a la que se desaconseja ser madre sin ofrecerle apoyos ni alternativas. Este caso refleja cómo el diagnóstico puede utilizarse para restringir decisiones personales fundamentales.
Libertad y prevención de tratos degradantes.
Finalmente, la guía aborda el derecho a la libertad y a no sufrir tratos degradantes, cuestionando prácticas como las sujeciones mecánicas, la sedación forzada o los ingresos involuntarios con presencia policial.
Se expone, por ejemplo, el caso de una persona que, durante un ingreso, es atada y sedada sin haberse explorado alternativas. Este tipo de situaciones invita a reflexionar sobre si se actúa por seguridad o por inercia protocolaria, y sobre los límites del cuidado cuando se vulneran derechos fundamentales.
Mecanismos de defensa y recursos disponibles.
El documento concluye con un apartado dedicado a la defensa de derechos, recordando la importancia de contar con apoyos —familiares, profesionales o asociaciones—, y de utilizar herramientas como quejas, reclamaciones, denuncias o demandas cuando sea necesario.
Asimismo, señala distintos recursos a los que acudir, como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), el CERMI o los servicios de orientación jurídica, subrayando que la defensa de derechos no debe afrontarse en solitario.
En sus conclusiones, la guía insiste en que los derechos en salud mental deben respetarse tanto en el ámbito clínico como en el social, y que el diagnóstico no puede utilizarse como excusa para controlar, excluir o silenciar. En definitiva, reivindica que la mejora de la salud mental pasa no solo por la intervención clínica, sino por el respeto, la información, la libertad y la posibilidad de desarrollar una vida plena.
Se puede acceder al documento completo desde la página web de ASAENES Salud Mental Sevilla o bien directamente aquí.