Las violencias contra las mujeres y niñas con problemas de salud mental, las dificultades para acceder a una atención adecuada, las carencias en la atención psicológica, los problemas de salud mental de la población joven y las barreras para el empleo, la vivienda y la vida autónoma, continúan comprometiendo el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicológica y social en España. Junto a estas vulneraciones, preocupan los riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud mental y la necesidad de avanzar hacia una atención más humana, comunitaria, preventiva y respetuosa con la voluntad y autonomía de las personas.
Así lo advierte el Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2025, elaborado por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. El documento constituye un recopilatorio anual de la situación de los derechos de las personas con discapacidad psicológica y social en España y reúne vulneraciones, avances, buenas prácticas y recomendaciones, tomando como referencia diferentes artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Entre las cuestiones abordadas figuran la igualdad y la no discriminación de las mujeres, los derechos de niños, niñas y jóvenes, la IA, la accesibilidad psicológica y social, el igual reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la vida y la prevención del suicidio, la protección ante emergencias y desastres, el acceso a la justicia y a la salud, así como el trabajo, la vivienda y la protección social.
Violencia y desprotección de las mujeres con problemas de salud mental.
Uno de los principales focos del informe se sitúa en las múltiples formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y niñas con problemas de salud mental. Para analizar esta realidad, el documento recoge los resultados del estudio GEA, impulsado por SALUD MENTAL ESPAÑA, que integra las experiencias de mujeres con problemas de salud mental y sus familias, profesionales, representantes institucionales, personas expertas del ámbito académico y responsables políticas.
Los resultados muestran una importante presencia de la violencia. El 40% de las mujeres con problemas de salud mental declara haber sufrido violencia física o psicológica por parte de personas de su círculo cercano, como familiares o amistades; el 35%, por parte de parejas o exparejas; y el 19%, por personas desconocidas. El informe advierte, además, de vulneraciones relacionadas con la vivienda, el empleo, la autonomía, la maternidad y la atención sanitaria.
Especial preocupación suscita la situación de las niñas y las adolescentes con problemas de salud mental, cuyas necesidades también aparecen atravesadas por desigualdades y discriminaciones de género. En este contexto, el 85% de los y las profesionales considera que los servicios existentes no responden a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental, mientras que el 75% señala que el estigma asociado a la salud mental presenta un sesgo de género que afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.
Hacia una atención integral, accesible y con perspectiva de género.
La Confederación llama especialmente la atención sobre la relación entre las experiencias de violencia y el sufrimiento psicológico y cuestiona que determinadas necesidades o experiencias vitales puedan ser interpretadas exclusivamente desde el diagnóstico. En este sentido, el documento recoge la necesidad de incorporar una perspectiva de género e interseccional, considerando la trayectoria vital de cada mujer y su contexto social, histórico y biográfico.
Los datos relativos a la atención sanitaria muestran también importantes dificultades. El 35% de las mujeres que no acuden a consulta señalan que no puede permitírselo económicamente y, entre quienes reciben terapia, el 46% afirma acudir al ámbito privado porque su problema no se resolvió en el sistema público.
A ello se suma, según el informe, un sistema público saturado, con escasez de recursos especializados y un enfoque predominantemente farmacológico que no contempla un acompañamiento psicoterapéutico continuado. El 85% de los y las profesionales consultados considera que los servicios existentes no responden a todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental. Asimismo, el 74% ha identificado medicación inadecuada o excesiva, el 31% ingresos o tratamientos involuntarios injustificados y el 26% malos tratos por parte de equipos profesionales.
Ante esta situación, SALUD MENTAL ESPAÑA propone un cambio de paradigma que abandone la fragmentación de las experiencias vitales y adopte una atención integral. La Confederación defiende el trabajo coordinado de los servicios sanitarios, educativos, sociales, judiciales, ocupacionales y comunitarios, así como la formación de profesionales y la incorporación transversal de la perspectiva de género.
La población joven sigue afrontando importantes problemas de salud mental.
La infancia y la juventud constituyen otro de los grandes ejes del documento. Aunque algunos indicadores han mejorado después del deterioro observado en los últimos años, el informe advierte de que la percepción de la salud juvenil continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Según los datos recogidos por el Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025 (elaborado por Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud), el 54,7% de los y las jóvenes afirma haber experimentado algún problema psicológico, psiquiátrico o de salud mental durante el último año y el 42,8% ha recibido algún diagnóstico profesional a lo largo de su vida. Asimismo, el 43% declara haber tenido pensamientos suicidas alguna vez y el 34,7% haberse autolesionado en alguna ocasión.
El Barómetro diferencia expresamente entre ideación suicida y autolesiones no suicidas. Aunque señala un descenso de los pensamientos suicidas respecto a 2023, advierte de que las cifras continúan siendo preocupantes, especialmente entre las personas más jóvenes: además del 43% que afirma haber tenido pensamientos suicidas alguna vez, el 7,6% señala haberlos experimentado con frecuencia. En cuanto a las autolesiones sin intención suicida, el 6,8% declara realizarlas con frecuencia o de manera continua.
Pese a estas cifras, la mayoría (72,7%) no ha buscado ayuda profesional. Entre quienes sí lo han hecho, los y las profesionales de la Psicología constituyen el recurso al que se acude con mayor frecuencia (17,6%), por delante de los y las profesionales de la Psiquiatría (11,2%). Entre quienes han recibido atención, el 49% ha acudido a una consulta psicológica privada y el 26,8% a Psicología en el sistema público. El coste económico aparece como el principal motivo para no buscar ayuda profesional (31,3%), un porcentaje que asciende al 41,8% entre las mujeres.
Más Psicología y prevención en los centros educativos.
Entre las recomendaciones señaladas por SALUD MENTAL ESPAÑA para proteger la salud mental infanto-juvenil, el informe plantea reforzar los servicios con un enfoque preventivo, comunitario y presente en los centros educativos, potenciar la detección precoz e implementar desde educación primaria programas destinados a desarrollar habilidades de afrontamiento y regulación emocional.
De manera específica, se recomienda dotar a los centros educativos de profesionales de bienestar emocional e incorporar perfiles de Psicología Educativa y de prevención, con el objetivo de proporcionar una atención continuada y evitar la proliferación de programas externos sin respaldo empírico. Para los y las profesionales de salud mental y de la educación, se aconseja realizar una detección temprana y rutinaria de síntomas, fortalecer las intervenciones familiares, atender precozmente las autolesiones y otras señales de riesgo y desarrollar programas de habilidades sociales y regulación emocional.
El documento de la Confederación recoge también las recomendaciones de la Red PROEM, que reclama la participación en los centros educativos de profesionales de la salud mental con formación infanto-juvenil y establece expresamente que la valoración de los casos de riesgo de suicidio debe garantizarse por profesionales de salud mental, entre ellos, profesionales de la Psicología Sanitaria y/o Clínica, en coordinación interdisciplinar siempre que sea posible.
Asimismo, plantea realizar revisiones sistemáticas por edades para facilitar el diagnóstico temprano y la atención psicológica en colegios, institutos, áreas de juventud y servicios sanitarios. Entre las medidas propuestas figura reforzar Atención Primaria mediante intervenciones psicoterapéuticas basadas en la evidencia, tanto para mejorar el bienestar emocional como para prevenir los trastornos emocionales y el suicidio, contribuyendo además a reducir el uso excesivo de psicofármacos y sus efectos secundarios.
La prevención del suicidio, una cuestión de salud pública.
La prevención del suicidio constituye otro de los ejes específicos del informe, abordado en relación con el derecho a la vida y poniendo el foco en el peso de los determinantes sociales. SALUD MENTAL ESPAÑA insiste en que la salud mental no puede entenderse únicamente como una cuestión individual, sino que está profundamente condicionada por las circunstancias en las que viven las personas, y la sitúa como una prioridad de salud pública. El documento recoge, asimismo, entre los avances producidos durante 2025, el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027.
Inteligencia artificial: oportunidades, pero también riesgos para la atención.
El uso de la IA en salud mental ocupa igualmente un espacio destacado. El informe recoge que estas tecnologías ya se emplean para tareas administrativas, apoyo a decisiones profesionales, terapias digitales mediante chatbots, detección y seguimiento. Entre sus posibles beneficios se encuentran una mayor accesibilidad a la atención, especialmente para poblaciones desatendidas, y la reducción de cargas administrativas.
Sin embargo, advierte también de los riesgos relacionados con la privacidad, la seguridad, el consentimiento informado, los sesgos, la despersonalización de la atención y la posibilidad de generar información errónea. Un sistema entrenado con datos incompletos o poco representativos puede perpetuar prejuicios y generar diagnósticos inexactos o discriminatorios, mientras que los chatbots pueden ofrecer respuestas inapropiadas o producir una falsa sensación de seguridad en personas que buscan ayuda.
La Confederación insiste, por ello, en que el avance tecnológico debe acompañarse de regulación, supervisión, transparencia y un enfoque basado en derechos humanos, sin perder de vista la complejidad de los problemas de salud mental y el carácter singular de las experiencias de cada persona.
Humanizar la atención y garantizar los derechos.
El informe de SALUD MENTAL ESPAÑA sitúa la humanización de la atención en salud mental como una cuestión fundamental. No obstante, afirma que todavía queda camino por recorrer para disponer de espacios seguros y libres de coerción que favorezcan la cercanía y la confianza, y plantea que el desarrollo tecnológico no debería producirse al margen de esta transformación.
Esta perspectiva atraviesa buena parte de las recomendaciones del documento: avanzar desde modelos centrados fundamentalmente en el diagnóstico hacia una visión integral de la persona; mejorar la prevención y la detección temprana; garantizar una atención psicológica y psicoterapéutica accesible y basada en la evidencia; reforzar la coordinación entre servicios; incorporar la perspectiva de género e interseccional; y respetar la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con problemas de salud mental.
Todo ello se enmarca en una concepción de la salud mental como una prioridad de salud pública, condicionada no solo por factores individuales, sino también por las circunstancias sociales y económicas en las que viven las personas. Empleo, vivienda, relaciones sociales, violencia, discriminación o acceso a los servicios se convierten así en elementos estrechamente vinculados tanto al bienestar psicológico como al ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Se puede acceder al informe completo desde la página web de SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente aquí.