El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado los criterios de reparto y aplicación de los fondos destinados al desarrollo de actuaciones en salud mental y prevención del suicidio correspondientes al ejercicio 2026. La medida permitirá distribuir 56,83 millones de euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), con el objetivo de reforzar un modelo asistencial centrado en la atención comunitaria, la equidad y la protección de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.
Del total de la financiación aprobada, 39 millones de euros se destinarán al desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, mientras que 17,83 millones de euros se dirigirán al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Según ha señalado el Ministerio de Sanidad, los fondos se enmarcan en el despliegue de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y mantienen el mismo nivel de financiación aprobado en el ejercicio anterior. Siendo la cuantía aprobada la misma que en 2025, el actual contexto de creciente preocupación social y presión sobre los recursos de atención en salud mental lleva a cuestionarse si se trata de una inversión suficiente.
La principal novedad del acuerdo aprobado por el CISNS es que las comunidades autónomas deberán incorporar obligatoriamente criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad para poder acceder a la financiación. Asimismo, se valorarán como criterios de excelencia aspectos como la participación activa de usuarios y familiares, el trabajo intersectorial y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos.
Para acceder a los fondos, las administraciones autonómicas deberán presentar memorias técnicas y económicas detalladas de las actuaciones previstas. El Ministerio de Sanidad ha establecido que no se financiarán iniciativas centradas exclusivamente en el incremento de camas hospitalarias ni en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia, reforzando así la apuesta institucional por un cambio de modelo asistencial en salud mental.
Un modelo centrado en la atención comunitaria.
El acuerdo aprobado define la orientación comunitaria como un enfoque que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Esta perspectiva pretende favorecer intervenciones integrales y coordinadas con recursos comunitarios, alejadas de modelos basados fundamentalmente en la institucionalización.
Entre las actuaciones susceptibles de financiación se incluyen el fortalecimiento de centros de día, la creación o consolidación de equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios.
El Ministerio considera que este enfoque resulta coherente con las recomendaciones internacionales y con los objetivos recogidos en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, que prioriza el desarrollo de recursos comunitarios, la continuidad asistencial y la desinstitucionalización progresiva de la atención en salud mental.
En la nota ministerial difundida previamente tras la autorización de la propuesta de distribución territorial por el Consejo de Ministros, Sanidad ya adelantó que el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 articularía sus actuaciones en torno a ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el fortalecimiento de los recursos humanos, la atención comunitaria, la asistencia basada en derechos y las actuaciones específicas dirigidas a la salud mental perinatal, infantil y adolescente.
Derechos humanos y reducción de prácticas coercitivas.
Otro de los ejes centrales de los criterios aprobados es la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la atención a la salud mental. Según establece el acuerdo, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en consonancia con referencias internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este marco, podrán financiarse actuaciones orientadas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de “puertas abiertas” en dispositivos de hospitalización y la implantación de mecanismos de evaluación participativa con personas usuarias y familiares.
Por el contrario, el Ministerio ha establecido expresamente que no podrán recibir financiación proyectos que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.
Esta orientación se alinea con un debate cada vez más presente en el ámbito internacional sobre la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más respetuosos con la autonomía y los derechos de las personas con trastornos mentales, así como con la reducción del uso de medidas involuntarias y coercitivas en los dispositivos asistenciales.
Equidad y atención prioritaria a colectivos vulnerables.
La equidad se convierte también en un criterio obligatorio para la aprobación de los proyectos financiados. Según recoge el acuerdo, las actuaciones deberán orientarse a reducir desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad.
Entre los grupos mencionados específicamente figuran las personas en situación de sinhogarismo, los menores en el sistema de protección y las mujeres víctimas de violencia de género.
En el ámbito de la prevención del suicidio, los proyectos deberán incorporar actuaciones dirigidas a poblaciones de alto riesgo y mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad.
El Ministerio de Sanidad ha subrayado que el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio pretende estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España desde un enfoque integral, priorizando la sensibilización social, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario de la conducta suicida.
Participación e intersectorialidad como criterios de excelencia.
Además de los requisitos obligatorios, el acuerdo incorpora una serie de criterios de excelencia destinados a identificar buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, destacan la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, la incorporación de expertos por experiencia y el trabajo intersectorial sobre los determinantes sociales de la salud mental.
Asimismo, se valorarán especialmente aquellas actuaciones que incluyan mecanismos estables de coordinación entre ámbitos como sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación.
Este planteamiento responde a una concepción amplia de la salud mental, que reconoce la influencia de factores sociales, económicos y comunitarios en el bienestar psicológico y en la aparición o mantenimiento de problemas de salud mental.
Distribución territorial de los fondos.
Como señalábamos en su momento en Infocop, la distribución de la financiación se realizará entre todas las comunidades autónomas —excepto la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral— y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del INGESA.
El modelo de reparto contempla un 5% de distribución lineal para garantizar una cantidad mínima a cada territorio, mientras que el 95% restante se asignará en función de criterios poblacionales.
En el apartado destinado a gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental, Andalucía recibirá 4,86 millones de euros, Cataluña 4,57 millones y la Comunidad de Madrid 4,01 millones. La Comunitat Valenciana contará con 3,06 millones de euros.
Por lo que respecta al equipamiento vinculado a dicho plan, Andalucía recibirá 2,21 millones de euros, Cataluña 2,08 millones y Madrid 1,82 millones.
En relación con el bloque de prevención del suicidio destinado a gastos corrientes y equipamiento, Andalucía contará con 2,32 millones de euros, Cataluña con 2,18 millones y Madrid con 1,92 millones.
Finalmente, en el apartado de inversiones para prevención del suicidio, Andalucía recibirá 906.871 euros, Cataluña 853.379 euros y Madrid 749.590 euros.
Con esta financiación, el Ministerio de Sanidad pretende consolidar las actuaciones impulsadas durante los últimos años en el marco de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y avanzar hacia una transformación progresiva del modelo de atención en salud mental en España, reforzando la atención comunitaria, la prevención y la protección de los derechos de las personas usuarias del sistema sanitario.