Los datos actuales evidencian una realidad preocupante para la salud mental en España: los largos tiempos de espera para acceder a atención psicológica en la sanidad pública, junto con la insuficiente dotación de profesionales, configuran un escenario de dificultades estructurales que impacta directamente en el bienestar psicológico de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario y laboral.
Estos problemas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de los que se ha hecho eco recientemente a través de un artículo, el diario El Español, se ven ampliamente recogidos y contextualizados por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) en su informe sobre Salud mental, grupos de riesgo, tendencias, servicios y políticas (Mental health: Risk groups, trends, services and policies), donde analiza de forma exhaustiva la situación de la salud mental en Europa.
El informe advierte de la elevada carga de la mala salud mental en la UE y del preocupante peso del suicidio en la población joven.
Según alerta el informe de Eurofound, en 2021, la mala salud mental fue responsable de 11,1 millones de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) o DALYs en la UE, de los cuales, 7,4 millones se debieron específicamente a depresión y ansiedad. Estas condiciones continúan siendo las más prevalentes y, aunque sus niveles aumentaron durante la pandemia, posteriormente se estabilizaron sin alcanzar una recuperación completa del bienestar previo.
En relación con la mortalidad, el documento subraya una tendencia alarmante: pese a que las tasas de muerte por suicidio han mostrado una reducción paulatina entre 2011 y 2021 —pasando de 12,4 a 10,2 fallecimientos por 100.000 habitantes—, este descenso se ha estancado desde 2017, con incrementos recientes en la UE, especialmente entre 2021 y 2022.
Si bien los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que esta tendencia parece haberse invertido desde 2023, registrando un descenso también en 2024, el suicidio sigue siendo un grave problema de salud pública en nuestro país, constituyendo la segunda causa externa de muerte, con una tasa de 8,1 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que supone un total de 3.953 muertes por suicidio en el último año 2024. De hecho, un aspecto bastante preocupante señalado por el INE, es que el suicidio en menores de 20 años registra la cifra más alta en los últimos años.
En España, el tiempo de espera para acceder por primera vez al/la psicólogo/a en la sanidad pública se sitúa en torno a los 6 meses tras la derivación.
A pesar de estos datos, Eurofound advierte de que, en España, el tiempo de espera para acceder por primera vez a un psicólogo en la sanidad pública se sitúa a menudo en torno a los seis meses tras la derivación, con un intervalo de unas 2 semanas entre sesiones, una cifra que, según estima El Español, si se compara con los datos disponibles para otros países europeos, implicaría un retraso cercano a los 90 días por encima de la media estimada en el entorno europeo.
Este contexto sitúa a nuestro país entre aquellos con mayores dificultades de acceso a la atención psicológica, junto a otros sistemas donde también se registran demoras prolongadas. El documento expone los tiempos de espera de otros países europeos: por ejemplo, en Francia se sitúan en torno a tres semanas para atención psiquiátrica adulta; en Noruega entre cuatro y seis semanas para psicoterapia; en Luxemburgo entre tres y cuatro meses; o en Malta en torno a tres meses para una primera cita, mientras que en Alemania pueden alcanzar unas 22 semanas para psicoterapia y en Portugal hasta 97 días en consultas de alta prioridad.
El desajuste entre la demanda y la capacidad asistencial sitúa las listas de espera como una barrera clave en Europa.
Aunque en su informe, Eurofound no establece un ranking homogéneo ni una media europea única de tiempos de espera —debido a la heterogeneidad de los sistemas sanitarios y de los indicadores disponibles—, sí aporta evidencia comparativa suficiente para constatar que las listas de espera constituyen una de las principales barreras de acceso a la atención en salud mental en Europa. Ante esto, y para evitar las largas listas de espera, las personas optan por la atención privada; según Eurofound, «sin esta opción, las listas serían aún más largas». En España, concretamente, el 46% de las personas que requieren atención psicológica identifican los tiempos de espera del sistema público como la principal razón para recurrir a la atención privada, y las tasas son más altas entre las personas de 18 a 24 años.
Todo ello, refleja un desajuste generalizado entre la demanda asistencial y la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Este marco europeo permite situar el caso de nuestro país, no como una excepción aislada, sino como una manifestación especialmente acusada de una problemática estructural compartida en el ámbito de la salud mental.
Un problema estructural: aumento de la demanda y falta de recursos.
De acuerdo con los datos europeos del informe, la demanda de atención en salud mental ha aumentado de forma significativa en los últimos años, principalmente, tras la pandemia de la COVID-19. Aunque el incremento de problemas de ansiedad y depresión se inició antes, la pandemia intensificó esta tendencia, con efectos especialmente acusados en jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables.
El aumento de la demanda registrado, no ha ido acompañado de un crecimiento equivalente de los recursos. Tal y como ha señalado en declaraciones al medio El Español, Antonio Cano-Vindel, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) y director del estudio PsicAP, el número de psicólogos clínicos en el sistema público en España —entre 5,6 y 6 por cada 100.000 habitantes— es, aproximadamente, tres veces inferior a la media europea. Esta brecha explicaría en gran medida los retrasos en el acceso y la sobrecarga asistencial.
Eurofound coincide con este «diagnóstico» al señalar que, aunque en la mayoría de países europeos existe derecho formal a una atención gratuita o de bajo coste, las limitaciones de capacidad hacen que ese derecho sea, en la práctica, insuficiente para una gran parte de la población. En este sentido, la escasez de profesionales y recursos constituye un factor clave que impide garantizar una atención oportuna y de calidad.
Consecuencias clínicas, sociales y económicas de la falta de acceso a la atención psicológica.
Las dificultades de acceso a la atención psicológica no solo afectan al bienestar individual, sino que tienen importantes repercusiones sanitarias, sociales y económicas. Cano-Vindel advierte de que, a pesar de que los problemas de ansiedad y depresión cuentan con tratamientos psicológicos eficaces, la falta de acceso a los mismos y la dependencia predominante de tratamientos farmacológicos (cuya eficacia resulta limitada cuando no se combinan con intervenciones psicológicas), contribuyen al aumento de las bajas laborales. En esta línea, el propio estudio PsicAP, que dirige, ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual grupal transdiagnóstica en atención primaria es altamente coste-eficaz para el tratamiento de los trastornos emocionales, mejorando significativamente síntomas de ansiedad, depresión y somatización.
A este respecto, con relación al ámbito laboral, se observa que, en nuestro país los procesos de incapacidad temporal por problemas de salud mental alcanzan ya cifras muy elevadas: según datos de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) recogidos en su informe sobre «Salud mental y trabajo 2025», en 2024 se registraron 671.618 situaciones vinculadas a trastornos mentales y del comportamiento, y en los siete primeros meses de 2025 ya se habían contabilizado 420.783 procesos. Este incremento se enmarca en una tendencia creciente del absentismo por incapacidad temporal en España, con un aumento del 68% en el número de días de baja desde 2018.
La salud mental se sitúa entre las principales causas de baja laboral y ausencias prolongadas.
No podemos dejar de señalar aquí el importante impacto económico. El coste del absentismo laboral se sitúa en torno a los 92.000 millones de euros anuales en España, equivalente al 5,8% del PIB, una cifra expuesta por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en colaboración con Umivale Activa, en el marco del proyecto conjunto de ambas instituciones que analiza la evolución de la incapacidad temporal en España y sus principales implicaciones sociales y económicas, y que refleja la magnitud del problema y su carácter estructural.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país: Eurofound estima que los problemas de salud mental suponen al menos el 4,1% del PIB de la Unión Europea, considerando tanto costes directos sanitarios como pérdidas de productividad. En la misma línea que los informes españoles, destaca que los problemas de salud mental suelen ser una de las principales causas de baja laboral y, a diferencia de otros problemas de salud, tienden a generar ausencias más prolongadas. Esta circunstancia refuerza la necesidad de intervenciones tempranas y eficaces, especialmente desde el ámbito de la Psicología.
Desigualdades en salud mental y acceso a la atención.
En España, el 36,1% de quienes solicitan consultas psicológicas, optan por la atención privada, que tiene un coste estimado entre 40 y 70 €. El sistema público de salud se centra en los casos más graves.
Sin embargo, un aspecto clave que pone de relieve aquí el informe de Eurofound es la existencia de importantes desigualdades: las personas con menor nivel socioeconómico presentan una mayor prevalencia de problemas de ansiedad y depresión (la ansiedad es 3,4 veces más común y la depresión 2,5 veces más frecuente), así como mayores dificultades para acceder a atención adecuada. Esta desigualdad se ve agravada por el hecho de que más de la mitad de la población con problemas de salud mental (57%) considera económicamente inaccesible acudir a un profesional, sobre todo, en los grupos con menores ingresos.
El informe europeo subraya que, en muchos casos, el acceso oportuno a tratamientos como la psicoterapia requiere pagos directos, lo que limita el acceso eficaz para las personas con menores recursos económicos y genera barreras adicionales para los colectivos más vulnerables. Asimismo, señala que la atención resulta especialmente difícil en zonas rurales y en determinados servicios especializados, como la atención infanto-juvenil, donde en distintos países europeos los tiempos de espera constituyen una preocupación específica.
Mayor riesgo y uso de servicios en colectivos vulnerables.
Además, determinados grupos presentan un mayor riesgo de problemas de salud mental y mayor necesidad de atención. En este sentido, el informe señala que las personas con discapacidad, así como la población LGTBI+, tienen más probabilidades que la media de acudir a un psicólogo o psiquiatra y de consumir medicamentos psicotrópicos, lo que refleja tanto una mayor necesidad asistencial como posibles desigualdades en el acceso y abordaje terapéutico.
A estas desigualdades se suman también diferencias relevantes en función del género y que ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en salud. De forma específica, en nuestro país, la depresión es aproximadamente tres veces más frecuente en mujeres que en hombres, y los trastornos de ansiedad y fobias también presentan mayor prevalencia en población femenina. En paralelo, el uso de los servicios de salud mental en atención primaria ha sido aproximadamente el doble entre las mujeres durante la última década.
Calidad percibida y barreras adicionales.
Más allá de los tiempos de espera, el informe de Eurofound identifica otros obstáculos relevantes en el acceso a la atención. Entre ellos, destacan el estigma, la falta de información sobre los servicios disponibles y la percepción de baja calidad en la atención.
En este sentido, un dato relevante es que el 46% de las personas que han experimentado problemas emocionales valoran la calidad de los servicios de salud mental por debajo de 5 sobre 10. Esta percepción puede influir negativamente en la búsqueda de ayuda y en la adherencia a los tratamientos.
Creencias erróneas, estigma y discriminación agravan el impacto de los problemas de salud mental.
Por su parte, el estigma y la discriminación hacia las personas con problemas de salud mental son factores determinantes, que generan un gran sufrimiento y dificultades. En el caso de España, las creencias erróneas que perpetúan este estigma siguen estando presentes en una parte relevante de la población: el 28% considera que las personas con problemas de salud mental son peligrosas; el 26% las percibe como molestas y el 22% afirma que no podría convivir o trabajar con ellas. Además, más de la mitad de las personas diagnosticadas declara haber experimentado rechazo social (58,5%) o discriminación (55%), sobre todo, en el ámbito laboral.
Entre las consecuencias de recibir un diagnóstico de problemas de salud mental, se encuentra la dificultad en el acceso a ciertas profesiones (p. ej., médico), licencias (p. ej., conducir) y seguros (p. ej., vida, protección hipotecaria, seguro médico complementario). Esta situación puede contribuir a la reticencia a buscar atención, a una clasificación errónea de los problemas de salud mental (ya que los y las profesionales de la salud protegen a sus pacientes para que no sean excluidos del trabajo) y a un mayor estigma y discriminación en la sociedad. Estas barreras también pueden afectar negativamente la salud mental actual de quienes han tenido problemas de salud mental en el pasado.
La necesidad de reforzar la intervención psicológica.
Ante este escenario, diversos expertos, entre ellos, Antonio Cano-Vindel, insisten en la necesidad de aumentar la inversión en salud mental, principalmente, en la incorporación de profesionales de la Psicología al sistema público. El propio informe de Eurofound apunta a la importancia de mejorar el acceso a intervenciones eficaces, priorizando la atención temprana y reduciendo las listas de espera.
A su vez, el documento europeo insta a reducir la «sobremedicación» y la «sobremedicalización», subrayando el rol de la perspectiva «predominantemente médica de la salud mental», con escasa atención al seguimiento, la mejora de la calidad de vida y la formación en otros tipos de intervenciones, como un factor que contribuye a la sobremedicalización en general (tanto en los servicios asistenciales como en el uso de medicamentos), incluyendo la «medicalización de los problemas cotidianos» (por ejemplo, en Bulgaria, Grecia y España).
En este sentido, alerta de que, en 2022, España registró un uso de antidepresivos particularmente elevado junto con Portugal y Suecia (al menos 98 dosis diarias por cada 1000 habitantes). A este respecto, advierte de que el 19% de las personas mayores de 18 años consume psicofármacos (el 73% de ellas a diario), principalmente, para la ansiedad (62%) y la depresión (47%), siendo las benzodiazepinas las que se prescriben con bastante frecuencia, sobre todo, entre mujeres y personas mayores de 65 años, con los médicos de atención primaria como los principales prescriptores (55%), seguidos de los psiquiatras (35%).
A este respecto, la evidencia científica disponible, como la aportada por el estudio PsicAP, demuestra que la terapia cognitivo-conductual (especialmente, en formatos grupales transdiagnósticos en atención primaria), es altamente coste-eficaz para el tratamiento de los trastornos emocionales, contribuyendo a reducir tanto el sufrimiento individual como los costes asociados.
El informe europeo también recomienda reforzar la capacidad del sistema sanitario, mejorar la coordinación entre servicios y potenciar intervenciones en entornos clave como el ámbito educativo y laboral, donde pueden desarrollarse estrategias preventivas y de detección precoz.
Eurofound insiste en que la respuesta debe ir más allá del refuerzo asistencial, incorporando medidas de prevención que actúen sobre las condiciones de vida y de trabajo, la desigualdad social, la pobreza o la discriminación, así como potenciando la intervención temprana desde ámbitos clave como la atención primaria, el sistema educativo y el entorno laboral.
Conclusión: invertir en salud mental y mejorar el acceso a la atención psicológica, claves para responder al aumento de la demanda.
Los datos disponibles muestran que los largos tiempos de espera para acceder a atención psicológica en España no son un fenómeno aislado, sino la manifestación de un problema estructural más amplio que afecta a toda Europa: el desajuste entre la creciente demanda de atención en salud mental y la limitada capacidad de los sistemas sanitarios para responder a ella.
Sin embargo, la situación española presenta características bastante preocupantes, como la baja ratio de psicólogos clínicos en el sistema público y el elevado impacto de los problemas de salud mental en el ámbito laboral, entre otras. Todo ello, pone de relieve la necesidad urgente de reforzar la inversión en salud mental, mejorar el acceso a tratamientos psicológicos eficaces y reducir las desigualdades existentes.
Tal y como advierten los expertos, no actuar a tiempo no supone un ahorro, sino un incremento de los costes sanitarios, sociales y económicos. La solución es clara: invertir en salud mental, y especialmente en intervención psicológica basada en la evidencia, es una medida no solo necesaria desde el punto de vista clínico, sino también altamente coste-eficaz para el conjunto de la sociedad.
Fuentes.
El Español (2026, 4 de mayo). Los españoles tardan 6 meses en acceder por primera vez al psicólogo en la sanidad pública, 90 días más que los europeos. Observatorio de La Sanidad.
Eurofound (2025). Mental health: Risk groups, trends, services and policies. Publications Office of the European Union, Luxembourg
INE (2025). Defunciones según la causa de muerte más frecuente – Resultados definitivos 2024. Instituto Nacional de Estadística.
UGT (2026). Salud Mental y Trabajo. Informe de Salud Laboral. Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.
Umivale Activa (2026, 7 de enero). España empeora 4,6 veces más que la media de la UE y continúa liderando el absentismo laboral por incapacidad temporal. Estudio sobre la incapacidad temporal y siniestralidad. 7.ª píldora informativa.