La salud mental, la accesibilidad psicológica y social, el derecho a una vida independiente, el acceso al empleo, la vivienda, la atención comunitaria y la protección frente a prácticas coercitivas, continúan siendo algunos de los principales ámbitos en los que persisten vulneraciones de derechos para las personas con discapacidad psicológica y social en España. Así lo pone de manifiesto el nuevo informe “Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2025”, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través del cual analiza el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y recoge denuncias, avances y propuestas de mejora en materia de derechos humanos.
El documento, elaborado por la Delegación de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU Discapacidad del CERMI, ofrece una radiografía detallada de las vulneraciones de derechos que continúan experimentando las personas con discapacidad en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, incorporando casos reales, análisis jurídicos y propuestas dirigidas a las administraciones públicas. Según explica la propia organización, el informe pretende visibilizar una exclusión que sigue siendo estructural y que afecta a miles de personas en España.
A continuación, recogemos algunos de los aspectos más relevantes expuestos en el informe:
La discapacidad sobrevenida exige una respuesta específica que incluya apoyo psicológico.
El CERMI destaca la publicación del primer Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España, un documento que denuncia la ausencia de dispositivos y políticas públicas específicamente diseñadas para atender las necesidades de quienes adquieren una discapacidad a lo largo de la vida.
El Comité Español recuerda que la discapacidad sobrevenida ya constituye la principal vía de acceso a la condición de discapacidad en nuestro país y que puede derivarse de accidentes, enfermedades crónicas, enfermedades mentales, accidentes traumáticos o catástrofes. Ante esta realidad, reclama en su informe un enfoque integral que no se limite a la atención sanitaria, sino que incorpore también la inserción laboral, la accesibilidad y el apoyo psicológico como elementos fundamentales para favorecer la calidad de vida y la inclusión social de las personas afectadas.
El CERMI insta a Europa a proteger los derechos de las personas con discapacidad psicológica y social.
Uno de los asuntos que suscita una mayor preocupación en el presente informe, es el relativo a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicológica y social en el ámbito europeo. El CERMI manifiesta su rechazo al borrador de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo que se tramita actualmente en el Consejo de Europa y que, según denuncia la entidad, podría permitir tratamientos e ingresos involuntarios en el ámbito de la atención a la salud mental.
La organización considera que la aprobación de este texto supondría consolidar prácticas de coerción e institucionalización incompatibles con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por este motivo, reclama a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se opongan firmemente a cualquier iniciativa que pueda legitimar la privación de libertad o los tratamientos forzosos por motivos de discapacidad psicológica y social.
La accesibilidad psicológica y sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes.
Aunque la legislación española reconoce la accesibilidad universal y los ajustes razonables como herramientas esenciales para garantizar la igualdad de derechos, las personas con problemas de salud mental continúan siendo uno de los colectivos más olvidados en este ámbito.
El CERMI advierte de que el componente psicológico y social suele estar ausente o insuficientemente contemplado en las políticas de accesibilidad relacionadas con el empleo, la educación, los servicios públicos y otros ámbitos fundamentales de participación social. Esta situación genera barreras invisibles que limitan el ejercicio eficaz de derechos y perpetúan situaciones de exclusión y discriminación.
Emergencias, desastres y salud mental: la necesidad de apoyos especializados.
El informe también aborda el impacto que las situaciones de emergencia tienen sobre las personas con discapacidad. A raíz de los efectos de la tragedia ocasionada por la DANA en la Comunidad Valenciana, en octubre de 2024, y del apagón eléctrico sufrido en toda España en abril de 2025, el CERMI de la Comunitat Valenciana reclama la creación de una red permanente de apoyo psicológico y social especializada en discapacidad que permita atender las consecuencias psicológicas y emocionales derivadas de este tipo de situaciones.
Entre las medidas propuestas figura el desarrollo de servicios especializados en salud mental y trauma post-emergencia, así como protocolos que garanticen la continuidad de los tratamientos y apoyos necesarios durante las crisis.
La discriminación laboral continúa afectando gravemente a las personas con problemas de salud mental.
El informe dedica una atención especial al derecho al trabajo y denuncia la situación de precariedad y exclusión laboral que sufren las personas con problemas de salud mental. Según los datos recogidos por la Confederación Salud Mental España, en 2024, este colectivo registró la tasa de actividad más baja de todas las discapacidades, situándose en el 27,4%, frente al 35,5% de media del conjunto de las personas con discapacidad y en comparación con el 78,5% de la población sin discapacidad. Además, la tasa de empleo apenas alcanzó el 19%.
El documento subraya que la exclusión laboral tiene consecuencias que van mucho más allá de la ausencia de ingresos, ya que limita el acceso a otros derechos fundamentales, como la vivienda, la vida autónoma, la participación social, el ocio o la protección de la salud. En este contexto, el estigma asociado a los problemas de salud mental continúa siendo una de las principales barreras para el acceso y mantenimiento del empleo.
Ante esta situación, la Confederación propone medidas como promover el empleo digno, aumentar la contratación de personas con discapacidad psicológica y social en la Administración pública, impulsar figuras de apoyo mutuo y asistencia personal, y desarrollar campañas dirigidas a combatir la discriminación y el paternalismo en el entorno laboral.
La infancia y la adolescencia con discapacidad, entre los colectivos más expuestos a la violencia y a nuevas formas de exclusión.
Otro de los ámbitos que recibe una atención destacada en el informe es el de la infancia y la adolescencia con discapacidad. Bajo el análisis del artículo 7 de la CDPD, el documento recuerda que los Estados deben garantizar que los niños y las niñas con discapacidad disfruten plenamente de los mismos derechos que el resto de la infancia, asegurando además la protección de su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en todas aquellas cuestiones que les afecten.
Entre las principales preocupaciones figura la persistencia de una brecha digital que afecta especialmente a los y las menores con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres, han reclamado medidas específicas de accesibilidad y recursos adecuados para evitar que estos/as menores queden excluidos de las oportunidades educativas, sociales y de participación derivadas de los entornos digitales.
Especialmente preocupantes, son los datos sobre violencia contra la infancia y la adolescencia, sobre todo, aquellos referentes a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De acuerdo con el informe de ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia’, del Ministerio de Juventud e Infancia, el 71,9% de las personas con discapacidad afirma haber sufrido violencia psicológica durante la infancia y el 71,1% asegura haber padecido violencia física. Estas cifras sitúan a este colectivo como el más afectado por las distintas formas de violencia analizadas. Los resultados del informe reflejan que la violencia contra la infancia constituye un problema de gran magnitud, pero que su incidencia es particularmente elevada cuando concurren situaciones de discapacidad.
Las mujeres y niñas con discapacidad continúan enfrentándose a formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión.
La situación de las mujeres y niñas con discapacidad constituye otro de los ejes transversales más destacados del informe. A lo largo de distintos artículos de la Convención, el documento evidencia que este colectivo sigue sufriendo formas específicas y agravadas de violencia, discriminación y vulneración de derechos que requieren respuestas institucionales adaptadas y apoyos adecuados (por ej., actitudes paternalistas que limitan su autonomía personal y dificultan el desarrollo de proyectos de vida independientes).
Uno de los avances señalados durante el periodo analizado es la incorporación obligatoria del indicador de discapacidad en las estadísticas judiciales sobre violencia de género y violencia sexual. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los datos elaborados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género deberán poder desagregarse teniendo en cuenta la discapacidad de las víctimas, permitiendo además un mejor conocimiento de la realidad de las menores afectadas por estas violencias. Para el CERMI, esta medida contribuirá a visibilizar una problemática que históricamente ha permanecido insuficientemente reflejada en los sistemas estadísticos oficiales.
Es necesario incorporar la perspectiva de discapacidad en todas las políticas de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres y la infancia.
Pese a estos avances, insiste en que la elevada magnitud del problema. En este sentido, más si se tienen en cuenta los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que sitúa, nuevamente a las mujeres con discapacidad, entre los grupos con mayor exposición a las distintas manifestaciones de violencia machista.
En la misma línea, la Fundación CERMI Mujeres alerta de la persistencia de graves violencias ejercidas contra mujeres y niñas con discapacidad en entornos cerrados y segregados, donde la falta de supervisión y de mecanismos accesibles de denuncia favorece situaciones de abuso e impunidad.
A ello se suman las numerosas situaciones de violencia institucional y barreras de acceso a la justicia que llegan a sufrir. Por ello, reclama reforzar los sistemas de detección, investigación y protección, garantizar la accesibilidad de los recursos especializados y adoptar medidas específicas que permitan combatir las formas agravadas de violencia que afectan a este colectivo. Para tal fin, es fundamental incorporar de forma sistemática la perspectiva de discapacidad en todas las políticas de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres y la infancia, garantizando respuestas ajustadas a las necesidades específicas de las personas afectadas.
Vivienda, exclusión residencial y salud mental.
La falta de acceso a la vivienda aparece igualmente como un factor determinante para la salud mental. Tal y como señala el CERMI, las dificultades para acceder o mantener una vivienda adecuada pueden actuar como importantes factores de estrés psicológico y se asocian a sentimientos de inseguridad e incertidumbre que, a su vez, pueden derivar en ansiedad y depresión cuando se prolongan en el tiempo. Estas dificultades afectan de manera especialmente intensa a las personas con problemas de salud mental, y particularmente a las mujeres, que presentan mayores tasas de pobreza, exclusión residencial y dificultades de acceso al mercado laboral.
Por ello, el informe reclama reforzar los servicios de salud mental, desarrollar programas de inclusión social y comunitaria, flexibilizar los recursos de atención en salud mental y situar a las personas en el centro de la atención, adaptando los servicios a sus necesidades y circunstancias concretas.
Un enfoque basado en los derechos humanos.
A lo largo de todo el documento, el CERMI insiste en la necesidad de abordar la salud mental y la discapacidad psicológica y social desde una perspectiva de derechos humanos. En este sentido, reivindica una sociedad más inclusiva, libre de estigmas y barreras, en la que las personas con problemas de salud mental puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y participar activamente en todos los ámbitos de la vida social.
El Informe concluye que todavía persisten importantes desafíos que requieren una respuesta institucional decidida para garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se puede acceder al documento completo desde la página web del CERMI o bien directamente aquí.